Con relación al desaparecimiento forzado dijo que hay motivaciones que tienen que ver con trata de personas, esta es una práctica que se realiza con mujeres antes de ser asesinadas, dijo Silvia Juárez.

Cuando se lanzó el régimen de excepción se dijo que el país iba a ser más seguro, sin embargo la realidad para la mujer es otra. Con esta medida, a las mujeres se les ha cargado las actividades de cuido, han tenido que buscar el sostenimiento familiar, se les amenaza con cárcel si siguen defendiendo a sus familiares y muchas han sufrido acoso sexual por parte de funcionarios públicos, expresó la representante de ORMUSA.

Silvia Juárez agregó que todas estas acciones demuestran que en el país el sistema sigue siendo represivo contra las mujeres.

El Salvador tiene una deuda enorme con las mujeres. A pesar de ello, se sigue con un sistema muy represivo contra este sector de la sociedad, a tal punto que las cifras de mujeres golpeadas, desaparecidas y asesinadas se mantienen al alza, explicó Silvia Juárez, coordinadora del Programa Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Organización Mujeres por la Paz, Ormusa.

La deuda sigue aumentando las desigualdades e inequidades, advirtió Juárez, ya que las estructuras que impiden la igualdad no desaparecen. Hay falta de seguridad social para las mujeres, el sistema de salud muchas veces no es adecuado para atenderlas como es debido. Por otro lado, muchas mujeres no tienen acceso a la tierra para cultivar, a una educación de calidad y la justicia, en muchos casos se bloquea para ellas.

La representante de ORMUSA detalló en la entrevista de YSUCA que en los primeros dos meses del año ya se contabilizan 12 mujeres asesinadas, pese a que se vive en un régimen de excepción desde hace un año.

Armando Cruz, sastre de profesión, dijo que a su hijo se lo llevaron de su casa bajo engaños, a pesar que la Policía Nacional Civil hizo un cateo en la residencia y no encontró nada ilícito. El hijo de Cruz pasó una semana esposado a una banca en la intemperie de una delegación policial.

Luego fue llevado a la cárcel de Ilopango y posteriormente al penal de Izalco. Sin embargo, desde noviembre pasado no ha visto a su hijo, no conoce su estado de salud ni tampoco sabe nada sobre su proceso judicial, ya que las autoridades no brindan información pese a que se solicita.

Las familias de todas las personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción deben proveer de alimento, ropa, medicamento y utensilios de limpieza a sus familiares que están detenidos en los centros penales del país.

Armando Cruz tiene a su hijo detenido desde noviembre del año pasado, según comentó mes a mes gasta 175 dólares para proveer a su familiar de comida, medicamento, ropa y utensilios de limpieza. Sin embargo, se enteró que cuando trasladaron a su hijo a otro penal no le entregaron los productos que le envió en uno de los paquetes.

La colaboración entre ambas instituciones académicas busca potenciar diferentes iniciativas en quehaceres de la docencia, investigación y proyección social, alineadas a los intereses de ambas academias, en beneficio de las personas con mayores necesidades y en la búsqueda de transformación social.

Federico Harrison, rector de la Escuela de Comunicación “Mónica Herrera” manifestó que la innovación social es un área que siempre les ha interesado porque es una forma en la que pueden contribuir en la transformación del entorno.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la Escuela de Comunicación “Mónica Herrera” firmaron una carta de entendimiento y de compromiso en el marco del proyecto “Diseño para la Innovación Social, centrado en las personas”.

El proyecto busca promover la relación entre la academia y la sociedad civil mediante proyectos de diseño desde la docencia, la investigación y la proyección social para responder a problemas relevantes de la sociedad salvadoreña.

El rector de la UCA, el Sacerdote Jesuita Andreu Oliva, manifestó que es importante la unión entre ambas instituciones para que de los equipos de trabajo surjan ideas nuevas que permitan contribuir al desarrollo del país.

David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal, aseveró que las prácticas de vulneraciones a los derechos humanos se han normalizado, tanto por el Estado como en la opinión pública.

Morales dijo que pareciera que el debido proceso es la excepción en El Salvador, es decir, que todo el conjunto de derechos y garantías en el marco de un proceso judicial están siendo vulnerados.

Defensores de derechos humanos señalan que el régimen de excepción se ha convertido en una estrategia que ha dejado sin efecto derechos constitucionales.

Estas declaraciones se dieron en el marco de un conversatorio desarrollado por Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández”, sobre normativas nacionales e internacionales para el debido proceso a personas detenidas arbitrariamente.

La defensora de derechos humanos, Celia Medrano dijo que se debe dejar de hablar de régimen de excepción, pues las medidas han dejado de ser excepcionales, para volverse un régimen permanente, pues se está por cumplir un año de la adopción de ésta medida. 

Medrano agregó que el régimen no está garantizando una seguridad sostenible en el tiempo, más bien se está garantizando, con dicha estrategia, un control de la sociedad.

Según el acuerdo de reforma del COAMSS, publicado el 8 de febrero en el Diario Oficial, la dotación de estacionamientos será voluntaria en los proyectos de desarrollo urbano.

Silva lamentó que esta decisión no se compartiera en el concejo para ser consultada y poder analizar otras posibilidades, además señaló que resulta incoherente con el trabajo de la alcaldía capitalina que busca proteger a los peatones y la vía pública.

Sin parqueos en proyectos habitacionales y oficinas, las personas buscarán estacionarse en la vía pública y espacios no autorizados, generando desorden y, por tanto, tráfico y peligro para los peatones, enfatiza el concejal Héctor Silva.

Si de verdad se quisiera hacer una ciudad amigable con el peatón, la estrategia debió ser otra y no quitar los parqueos, advierte el concejal.