La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia pública el 22 y 23 de marzo de 2023 sobre el caso de Beatriz.

Beatriz fue diagnosticada, en 2013, con un embarazo de 11 semanas, considerado de alto riesgo porque padecía de Lupus. Además, los médicos le diagnosticaron que existía una malformación congénita del feto con anencefalia, condición incompatible con la vida extrauterina. Por lo que, si el embarazo continuaba existía la probabilidad de muerte materna. Sin embargo, la interrupción del embarazó no se permitió.

Humberto, hermano de Beatriz, espera justicia.

Por su parte, Silverio Morales, líder indígena de Nahuizalco, manifestó que el arrendamiento de las tierras y los pocos espacios para cultivar también está ahogando al agricultor. La situación cada vez se vuelve más compleja, enfatizó Morales.

La Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria, CONFRAS, el Comité Nacional de Agricultura Familiar y la Mesa Mujeres y Tierra lamentaron la reducción del presupuesto del ramo de Agricultura para los paquetes agrícolas, pues tendrá como principal afectación a 60 mil agricultores y agricultoras, que no contarán con insumos para cultivar.

José Ángel Coto, presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria, CONFRAS, dijo que el Gobierno salvadoreño, lejos de apoyar a los agricultores los está perjudicando con esta falta de visión en el sector.

Coto explicó que entre menos paquetes reciban los productores, menos producción de alimentos habrá en el país y, entre menos tierras, menos alimentos habrá. Situación que tiene como resultado el encarecimiento de los alimentos de la canasta básica.

Desde el año pasado, los trabajadores municipales de la Alcaldía de Soyapango, al oriente de la capital, denunciaron que sus pagos, prestaciones y bonos, no habían sido cancelados. Según las autoridades de ese entonces, no había fondos suficientes para cubrir los pagos.

Los trabajadores realizaron diversas protestas para exigir los pagos atrasados. La respuesta de las autoridades fue capturar a líderes sindicales, quienes llevan ahora un proceso con medidas sustitutivas a la detención, según dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango SITMUSOY, Danilo Mejía.

Mejía señaló que a la fecha algunos pagos han comenzado a hacerse efectivos, sin embargo hay prestaciones y algunos bonos que aún siguen en deuda.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral en estas condiciones pone de manifiesto la necesidad de desarrollar la idea de igualdad absoluta, más allá de la igualdad formal, imposible de alcanzar desde posiciones desiguales, dijo Silvia Navarrete, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud.

En el país existe un sin número de sindicatos, la mayoría integrados por hombres, sin embargo hay espacios en donde la mujer ha comenzado a abrirse brecha.

Trabajar en el sindicato es tomar conciencia  de que todo está mediatizado por un sistema de relaciones que es difícil de analizar, porque tiende a naturalizarse. Hay que subir a la conciencia crítica, desarrollar un pensamiento crítico, sobre el sistema de relaciones entre hombres y mujeres, dijo Sonia Viñerta de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños.

Viñerta dijo en la Entrevista de Radio YSUCA que, todavía hoy, sindicalismo y género son dos conceptos difíciles de asociar, ya que además de la discriminación por ser trabajadoras, está la discriminación por razón de sexo, a menudo entre las propias compañeras, pues no todas tienen conciencia feminista como tampoco todos los trabajadores tienen conciencia de clase.

Desde el sábado 4 de marzo el municipio de Apaneca, ubicado en Ahuachapán, ha sentido al menos 40 sismos, según dijo Fabio Alvarado, sismólogo del Ministerio de Medio Ambiente. Los temblores son producto del acomodamiento de las fallas geológicas en la zona.

Los sismos, dijo Alvarado, comenzaron el sábado a las 10 de la noche y disminuyeron considerablemente el domingo hacia las 9 de la mañana. Las magnitudes han oscilado entre 1.5 y 3.3 grados.

Sobre el traslado de presos al penal de Tecoluca, el padre José María Tojeira dijo que es lamentable ver que se ha normalizado la violencia contra un detenido, sin embargo no hay que perder de vista que aunque esté detenido los tratos crueles y degradantes están prohibidos en la Constitución.

Sobre las reformas al Código Penal para castigar el fraude electoral el sacerdote José María Tojeira dijo que muchos sectores del país han visto en esta reforma una amenaza, ya que una opinión sobre la inscripción o no de un candidato no puede elevarse a delito.

El sacerdote hace un llamado a la población a defender la libertad de expresión, ya que esta reforma lo que busca es frenar el libre pensamiento.

El sacerdote jesuita José María Tojeira dijo que es bueno que los diputados hayan aprobado las reformas a los artículos 32 y 34 del Código Penal para que los plazos judiciales no finalicen cuando se trata de delitos de feminicidio.

Con estas reformas el victimario tendrá que responder a la justicia sin que haya límites de tiempo en el hecho. Previo a las reformas, el delito de feminicidio prescribía a los 15 años.

Sin embargo, dijo Tojeira, hubiera sido bueno aprobar la imprescriptibilidad de otros delitos.