La población ha dejado de sentir protección de parte de los cuerpos de seguridad del Estado y ahora reina en ellos el temor, explicó Rina Montti.

Para el año 2022, el porcentaje de los agentes de seguridad del Estado que propician desplazamiento forzado ha aumentado significativamente, según estadísticas de Cristosal. El año pasado el porcentaje fue del 12.8%. Las causas de estos desplazamientos forzados son personales, dice Montti.

Según registros de Cristosal, continúan las denuncias sobre  desplazamientos forzados internos. Así lo revelan  las denuncias recibidas de enero 2020 a diciembre 2022, las cuales totalizan  mil 227.

El año pasado, los desplazamientos forzados aumentaron debido al régimen de excepción, dijo Rina Montti, directora de Investigaciones de Cristosal. Se recibieron denuncias de casi 400 personas en esta condición.

Esto es grave, ya que en el país hay un marco normativo vigente sobre desplazamiento forzado, sin embargo la responsabilidad sigue recayendo en las organizaciones de la sociedad civil explicó Rina Montti.

Las causas de estos movimientos forzados obedecen a delincuencia y amenazas, lesiones, amedrentamiento y cobro de extorsión. Sin embargo, aunque los victimarios siguen siendo las pandillas, hay que resaltar que los cuerpos de seguridad del Estado también están ocasionando desplazamiento forzado, dijo Rina Montti de Cristosal.

Según López, las irregularidades señaladas inician con la aplicación de la Ley Bitcoin, porque en los procesos de compra del Estado, en la plataforma pública COMPRASAL, no existe ninguna información sobre la contratación para elaboración o desarrollo del software conocido como Chivo Wallet, la billetera digital promovida por el Gobierno de El Salvador.

Ricardo Montoya, de Cristosal, explicó que el aviso contempla posibles delitos en los que los responsables de la implementación de la aplicación habrían incurrido.

Según Cristosal, la Chivo Wallet ha sido una política “fallida” del Gobierno salvadoreño, que ha intervenido y vulnerado derechos de la ciudadanía con el hurto de identidad y, el uso de recursos públicos para la implementación de la aplicación. Además de contratos y procesos declarados en reserva, así como deshabilitación de mecanismos de seguridad en la aplicación Chivo Wallet.

Ante esta situación, Cristosal presentó un aviso a la Fiscalía General de la República, FGR, para que investigue y proceda de forma penal contra los responsables, como autores o partícipes en estos hechos.

Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, manifestó que es importante que la Fiscalía establezca la cadena de mando por la que se emitieron las decisiones que conllevan a la afectación del patrimonio público, para así individualizar responsabilidades.

Por años se han venido ampliando las calles y construyendo pasos a desnivel y no ha funcionado para mejorar la circulación de los carros, dijo Grande. El problema de la movilidad es producto de una mala gestión de la planificación.

Según datos del Viceministerio de Transporte, para finales del año pasado circulaban en el país más de millón y medio de autos. Por otro lado, según el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, las calles de San Salvador ya no tienen disponibilidad para que los vehículos continúen circulando, al punto que presenta un déficit de espacio de un 447%.

Al respecto, el arquitecto Carlos Ernesto Grande, docente de la UCA, señaló que mucha gente utiliza su transporte personal por motivos de seguridad y costos, además no existe un sistema de transporte colectivo, seguro, eficiente y eficaz.

El arquitecto Grande dice que hay elementos culturales por los que el parque vehicular se engrandece, por ejemplo la clase media que accede a un vehículo lo ve como status, también hay carros de segunda mano que son asequibles en precio.

Para el arquitecto de la UCA, la construcción de pasos a desnivel y ampliación de calles, no es solución al problema que se tiene de congestionamiento vial. Estas construcciones se traducen en recursos mal gastados, ya que solo un 30% de la población ocupa estas vías, agregó Grande y señaló que esta inversión no es justa.

El secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas dijo que aún no tienen información sobre las escuelas que el Gobierno salvadoreño está reparando. Únicamente el ministro de Educación informó que un total de mil escuelas serían remodeladas.

Villegas dijo que hasta la fecha oficialmente no les han informado dónde se está trabajando o reparando escuelas, solo saben que la Dirección de Obras Municipales, DOM, será la institución encargada de hacer las remodelaciones.

En septiembre del año 2022 el mandatario salvadoreño prometió que su Gobierno construiría 2 escuelas diarias, durante los próximos 5 años, con financiamiento propio y de 3 financieras internacionales.

Paz Zetino, dirigente sindical, señaló que la promesa de reparación de las escuelas es una deuda histórica que incluye al actual gobierno, pues  poco o nada se ha hecho por mejorar la infraestructura escolar. 

Zetino dijo que el presupuesto destinado para el rubro de remodelaciones es muy bajo, además los pocos fondos que se habían presupuestado para eso no se lograron ejecutar en su totalidad.

El feminicidio tiene como base las relaciones desiguales de poder y es más frecuente en las relaciones de pareja. Los feminicidios también se registran en el ámbito público con antecedentes de privación de libertad o trata de personas provenientes de crimen organizado y otros grupos delictivos.

La diputada Marleni Funes, del FMLN, manifestó que es necesario dar información a las mujeres del país para que sepan que hay una serie de normas que las protegen.

Con 76 votos a favor en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa fueron aprobadas las reformas a los artículos 32 y 34 del Código Penal para que los plazos judiciales no finalicen.

Con estas reformas el victimario tendrá que responder a la justicia sin que haya límites de tiempo en el hecho. Previo a las reformas, el delito de feminicidio prescribía a los 15 años.

Según cifras oficiales hubo 80 casos de feminicidio simple en 2021, 53 en 2022 y 7 casos en lo que va de 2023.

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, respaldó las reformas y dijo que hacen falta otros pasos para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de la violencia, entre esos pasos está la prevención y la denuncia por parte de las víctimas.