El régimen de excepción, impuesto desde marzo del año pasado, ha permitido que los abusos contra la población los realicen ahora los cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada, enfatiza Miguel Cruz.

El actual Gobierno debería de apostar a crear una política de seguridad pública donde nadie viole derechos humanos, ya que de seguir con este ritmo, en el futuro habrá más conflictividad social.

Para José Miguel Cruz, investigador, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Internacional de Florida, el régimen de excepción no constituye una política de seguridad, sino electoral. Por otro lado, no se ve un esfuerzo para cambiar las condiciones que generan el crimen y violencia entre los ciudadanos.

Según el investigador, el Gobierno necesita el régimen de excepción para mantener altos sus niveles de popularidad, ya que esta herramienta es ocupada como política electoral y no de seguridad. Miguel Cruz señala que la delincuencia no está siendo combatida con este tipo de estrategias debido a que al eliminar el régimen la delincuencia resurgirá.

Alfredo Guerra es distribuidor de leche y asegura que ellos están perdiendo, ya que el precio de la leche se ha mantenido estable pese a que esto, en muchas ocasiones, genera pérdidas al sector lechero.

De seguir con este ritmo, muchos productores de leche podrían dejar el negocio y cerrar y esto es grave para la seguridad alimentaria, advirtió el ganadero.

Aumento de precios de productos lácteos se origina en el sector de  procesadores, según ganaderos 

Los precios de los productos lácteos han venido incrementando sus precios y, según la Defensoría del Consumidor, entre enero y febrero de este año, se han registrado aumentos de entre 25 a 40 centavos por libra de queso.

Al respecto, Alfredo Guerra, representante de la Asociación de Ganaderos de El Salvador AGES, se desliga del alza de precios y responsabiliza a los procesadores de queso. Según explicó a YSUCA, los insumos que se ocupan para fabricar los derivados de la leche han aumentado su precio.

Son alrededor de mil los educadores que aún no reciben la compensación por retiro voluntario.  Villegas añadió que Hacienda tuvo que presupuestar esos fondos cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2023. “No es justo y es inhumano que los docentes aún no reciban su pensión y compensación económica”, agregó.

Rosario del Carmen Gómez, una docente que se sometió al decreto, pidió que se haga el pago rápido debido a que tiene deudas y facturas que pagar. Pide a Hacienda ser más consciente, pues los maestros tienen necesidades como adultos mayores.

Bases Magisteriales hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que haga el depósito de los 15 salarios que por mandato de ley se les debe entregar a los docentes que se sometieron al decreto de retiro voluntario.

Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, explicó que el Ministerio de Hacienda debe dar los fondos, pues el artículo 36-A de la Ley de la Carrera Docente así lo estipula.

Villegas dijo que es urgente el pago de la prestación de los 15 salarios, pues ellos aún no cobran su pensión, debido a los trámites burocráticos.

Diversas personas fueron entrevistadas en los alrededores del Hospital Rosales, en el Centro de San Salvador y del Médico Quirúrgico, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

A su salida de los hospitales, se les preguntó a las personas si estaban disponibles las medicinas recetadas por el médico, en las farmacias del hospital público o del Seguro Social.

Escuchemos algunas de las respuestas:

El joven reside en la colonia Jesús Rojas de Arcatao, una zona donde nunca hubo pandillas, aseguran sus habitantes. 

Nelson Ayala es profesor del Instituto Nacional de Arcatao y fue maestro de Linder. Asegura que ha sido un joven entregado a la comunidad y a su trabajo. Es por ello que le sorprende su captura. 

Para el profesor Ayala, la captura puede obedecer a una intimidación a comunidades organizadas. Pide que se investigue el  caso y pongan pronto en libertad a Linder López.

La comunidad de Arcatao, en Chalatenango, denunció la detención del joven Linder López Ávalos, de 30 años de edad, quien fue  capturado el lunes 20 de febrero a las 10 de la noche, cuando policías y  soldados llegaron a Arcatao con el argumento de que realizaban un cateo casa por casa. 

Un policía pidió los documentos personales a los siete integrantes de la familia y luego de corroborar que todo estaba en orden, se dirigió al joven y le aseguro que por órdenes tenía que llevárselo. 

López Ávalos fue trasladado al destacamento militar donde lo tuvieron por 3 horas, luego a la 1 de la mañana fue llevado a la delegación de Chalatenango. 

El joven es emprendedor, se dedica a la carpintería y participa activamente en las actividades de la comunidad. Obtuvo su proyecto emprendedor mediante un concurso de capital semilla llamado medios de vida sostenible; el cual apoya a jóvenes emprendedores que desean impulsar una iniciativa económica en los municipios de Arcatao y Nueva Trinidad. 

El joven entregó a los policías toda la documentación sobre su proyecto emprendedor, además de sus antecedentes penales, pese a ello, lo detuvieron.

De los 19 implicados cinco están tras las rejas, entre ellos los Alcaldes y Concejales los demás gozan de medidas sustitutivas a la detención y llevan el proceso en libertad condicional.

Las familias vienen solicitando que los cinco implicados estén en igual condiciones que los otros 14 imputados.

Cruz explicó que el Tribunal convocó a una audiencia especial para evaluar las medidas de los cinco implicados que guardan prisión desde hace 22 meses y que en abril próximo estarían cumpliendo dos años de estar en la cárcel sin que el sistema de justicia tenga insumos para que continúen presos.