El Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca reprogramó la vista pública contra los acusados en el Caso Monarca. En total son 19 los implicados entre ellos el exalcalde de Zacatecoluca Francisco Salvador Hirezi y el exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amilcar Aguilar Alvarado.

A los imputados se les acusa de negociaciones ilícitas, peculado, cohecho activo, cohecho propio y cohecho impropio.

La abogada Ivania Cruz, explicó que la audiencia se reprogramó porque el Tribunal Primero de Sentencia está subsanando algunas anomalías que el Juzgado de Instrucción de Zacatecoluca dejó en el proceso y que ellos habían denunciado previamente.

Una de las vendedoras tiene 30 años de estar vendiendo en las calles y dice que removerla pone en riesgo la forma en la que se gana la vida, no tiene quien la ayude porque su esposo murió y tiene deudas.

Los comerciantes dicen que muchos de ellos durante unos 30 años han pagado impuestos por sus ventas a la municipalidad y ahora serán quitados de la Avenida Quirino Chávez Sur y son inviables las opciones que les dan. Además, denuncian que al interior del mercado hay vendedores guatemaltecos que según dicen no serán afectados.

Uno de los vendedores dice que debe priorizarse a los nacionales, hay personas mayores que viven de esto, es injusticia si les quitan los puestos y no les dan opciones y recuerdan que son personas honradas que buscan sustento.

Comerciantes de Apopa, en la Avenida Quirino Chávez Sur, están preocupados porque quieren mover sus ventas.

La Alcaldía de Apopa entregó un papel donde dice que como Administración de Mercados realizaron un diagnóstico sobre la población de vendedores que cuentan.

En el papel que mostraron los vendedores la municipalidad manifiesta que en diferentes reuniones con comerciantes se abordó el tema de contar con un porcentaje considerable de vendedores que no residen en el municipio.

Ahí manifiesta que brindarán alternativas para aquellos que no residen en el municipio y que puedan seguir comerciando sus productos temporalmente.

En la página dice que dentro del plan de ordenamiento piden que retire sus pertenencias en un lapso de 72 horas voluntariamente, se les brindará alternativas el lunes 6 de marzo a las 2:30 pm,

En el mensaje pone el artículo 203 de la Constitución de la República donde dice: Los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas.

Pero uno de los vendedores de la Avenida Quirino Chávez Sur dice que inicialmente se refirieron a gente que es de otros municipios pero en la actualidad manifiestan que todos y todas serán removidos.

Además, el régimen también genera desplazamiento forzado, Colocho dice que el Servicio Social Pasionista ha documentado alrededor de 181 casos, de los cuales en 36 se ha identificado que existe el  desplazamiento producto de una detención.

Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, señala que los salvadoreños están sufriendo mucho con todo lo que está provocando el régimen de excepción, ya que no hay información de los detenidos, la familia vive en zozobra. Y, no sólo se ha puesto tras las rejas a delincuentes, sino también a personas que no tienen deudas con la justicia, dice Ramírez.

Según el representante de MOVIR, el Estado está practicando la desaparición de personas, ya que la información escasa que se brinda no da certeza del paradero de las personas que han sido capturados por la policía y trasladados a un penal. Es lamentable esta situación, hay muertos y sus familiares no se han dado por enterados por vías oficiales.

El régimen de excepción ha dejado hasta la fecha más de 60 mil personas capturadas, en muchos casos, hay violaciones a derechos humanos y, hasta fallecidos, dentro de los penales.  Sin embargo, no hay datos exactos. Esto es lamentable, ya que los jóvenes siguen siendo estigmatizados, dice Gabriela Colocho, coordinadora del Área de Investigación en Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista.

Con estas estrategias que vienen dadas desde el Estado, la pobreza se criminaliza y estigmatiza, dice la investigadora Colocho. Desde que inició el régimen, a la fecha, según el Servicio Social Pasionista, el 90% de la población que se señala de ser delincuente es joven.

Es alarmante ya que en los últimos meses ha existido un cambio en el tema de las capturas, según dijo Gabriela Colocho, ahora quien está pagando la factura es la familia del detenido.

Pineda dice que el actual sistema será insostenible a nivel fiscal, tal como el Fondo Monetario Internacional ahora lo señala. 

Por esto se debe cambiar con urgencia algunos artículos de la nueva Ley como seguir dando su aporte al sistema, además la fórmula de cálculo se debe enmendar por una actuarial, para que se tome en cuenta el comportamiento demográfico. Lo mejor que debería hacerse, dice Patricio Pineda, es pensar en un nuevo sistema justo y equitativo.

El Fondo Monetario Internacional, FMI, dio a conocer un informe sobre las finanzas salvadoreñas y sobre las pensiones dijo que los trabajadores seguirán siendo el blanco negativo de las reformas hechas al sistema de pensiones.

Las autoridades del FMI han señalado que el aumento del 30 por ciento de los derechos de pensión, acelerará las disminuciones de fondos de las cuentas de capitalización y, probablemente, se traducirá en mayores pasivos del Gobierno a mediano plazo

Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, dijo que esto es muy grave, ya que el Estado abandona al trabajador y crea en el sistema un nuevo estrés financiero, debido a que tampoco queda claro que salida se le dará a la deuda anterior.

Hay municipios muy pequeños, con mayores niveles de pobreza, que no pueden resolver las necesidades particulares de su población. En estos municipios la ayuda de los gobiernos locales se vuelve más necesaria. 

La  población pide ayuda para resolver situaciones de su vida cotidiana, pero de concretarse esta reducción de municipios la vinculación cercana de la gente con sus gobiernos locales se puede cortar.

Para la directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA,  Flora Blandón el anuncio de la posibilidad de reducir los municipios en el país sorprende no porque sea una idea nueva, sino porque no hay suficiente información sobre los objetivos y los criterios para hacerlo. 

Desde hace varios años se habla de agrupar municipios y trabajar con microrregiones, pero lo que llama la atención es la idea de pasar de 262 municipios a 50. Por otra parte, no se sabe con certeza si se habla de una desaparición o fusión de municipios. 

Si la idea se concreta generará complicaciones, dice Blandón, sobre todo porque si reducen los municipios se debe tomar en cuenta que el número de personas será el mismo y deberán cubrirse siempre sus necesidades y demandas.