"Las madres de víctimas y sobrevivientes seguimos esperando justicia": esas fueron las últimas palabras que Milagro de los Angeles Alvarado de Peña, conocida como madre "Vicky" dijo en una última  entrevista.

Ella, como muchas madres, murió esperando del Estado salvadoreño verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, luego de la pérdida de sus familiares durante el Conflicto Armado.

El Comité de madres y parientes prisioneros, desaparecidos y mártires políticos, COMADRES y el Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos, CODEFAM, recordaron el legado de la madre “Vicky” y señalaron que a pesar de no estar presente terrenalmente su lucha continúa. "Nosotros no hemos muerto las víctimas y sobrevivientes seguimos vivos señor presidente", dijo Sofía Hernández, presidenta de CODEFAM. 

Hernández dijo que el Estado salvadoreño no ha cumplido con las medidas de reparación emanadas de los Acuerdos de Paz. "Ningún Gobierno nos ha ayudado", lo que piden al Gobierno y a los diputados es ser escuchados, dijo la madre Sofía.

Esta afirmación representa un peligro inminente para los salvadoreños, señala el director ejecutivo de FESPAD, ya que desde los altos mandos se llama a irrespetar la institucionalidad del país.

Henri Fino dijo que la Policía Nacional Civil debe tener claro que los únicos jueces son los que están adscritos al órgano judicial.

El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, dijo recientemente que "el policía es un juez de la calle que tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona”. Esta afirmación ha generado diferentes críticas por parte de abogados salvadoreños.

Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, dijo que esto muestra un desconocimiento del marco legal de parte del director de la corporación policial.

El representante de FESPAD dijo que el policía es un operador y colaborador del sistema de justicia. No puede detener a las personas a su antojo, sino con base en órdenes de la Fiscalía o de los jueces.

El único caso en que un policía está habilitado para detener a una persona, sin orden judicial, es en flagrancia, aún con régimen de excepción.

Según dijo la activista ambiental, Amalia López, el foro intergubernamental sobre minería, minerales, metales y desarrollo sostenible brinda asesoría a los gobiernos para hacer “minería verde”, que al final es encubrir la destrucción de la naturaleza, ya que toda mina contamina.

López dice que esto es grave debido a que en el país no se ha elevado a grado constitucional la prohibición de la actividad minera, la ley del 2017 podría derogarse con facilidad.

El Salvador, por ley, desde el año 2017, tiene prohibida la minería metálica, sin embargo en los últimos 3 años han saltado las alertas, ya que se abre la posibilidad de que esta industria pueda reactivarse.

Amalia López, activista ambientalista de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, dijo que la exploración y explotación minera data desde finales de 1800 en adelante. Esta industria tiene intereses económicos bien marcados señala López, pese a ser nociva para los territorios, sin embargo al poder político le genera mucho dinero.

Actualmente no hay actividad minera abierta en el país, sin embargo los proyectos viejos siguen destruyendo el medio ambiente, los ríos siguen envenenados, las tierras alrededor de estos proyectos no son aptas para sembrar, es por ello que se alerta en torno a que, si la minería metálica vuelve el daño sería mayor, explicó López.

Ariela González, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, dice que hay signos de alerta que llaman la atención y que podrían abrir la puerta a la minería metálica en El Salvador.

Cristosal atendió 1,227 casos de desplazamiento forzado entre 2020 y 2022, un 56.4% corresponde a mujeres, hay 53 personas que corresponden al grupo LGBTIQ+.

Las motivaciones de los casos atendidos son amenazas, amedrentamiento, homicidio de un familiar, lesiones y extorsión. Los victimarios fueron pandillas (70.7%), civiles (10.8%), desconocidos (7.6%), PNC (12.8%).

El Idhuca atendió, en el mismo período, 156 casos, el 52.1% fueron hombres y las razones del desplazamiento corresponden a amenazas, limitación ilegal a la libertad de circulación, allanamiento a la morada y otros.

El Servicio Social Pasionista, entre 2020 y 2022, atendió 358 casos, el 91.1% mujeres, los victimarios pandillas y exparejas.

Argueta manifiesta que el papel del ente rector de Ley Especial de Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno tiene deudas en el papel que está obligado a cumplir.

Tres organizaciones de derechos humanos atendieron más de 1,700 casos de desplazamiento forzado interno, luego de 3 años de vigencia de la Ley Especial de Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno.

Representantes del Servicio Social Pasionista, Idhuca y Cristosal manifiestan que el Estado continúa sin aplicar esta Ley. Además, los datos de estas organizaciones revelan que el Estado, en lugar de cumplir su rol de prevención, provoca casos de desplazamiento interno.

Claudia Argueta, coordinadora del Área Legal de Inclusión Social del Programa de Litigio Estratégico en Cristosal, dice que la sociedad civil demanda la implementación efectiva de la Ley.

Anaya recordó que tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la imposición de magistrados afines al Gobierno, se  llevó a una des-interpretación de la Constitución y se han realizado una serie de vulneraciones a los artículos pétreos y al espíritu de la Carta Magna.

El abogado constitucionalista dijo que la popularidad del presidente y la construcción de promesas exorbitantes es la estrategia para legitimar la reelección presidencial. Una candidatura presidencial que violenta  la Constitución, apuntó Anaya en el foro internacional.

“La reelección presidencial inmediata está prohibida en El Salvador", así lo enfatizó el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, en el marco del primer encuentro “Las reelecciones en Latinoamérica”, organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

Anaya dijo que dentro de la Constitución salvadoreña hay varios artículos muy claros, que fijan el principio de la alternabilidad en el cargo presidencial, incluso la misma da a conocer las consecuencias para una persona que una vez terminado su período presidencial, quiera permanecer más tiempo.

El Cuarto Informe Situación de País 2022 y perspectivas 2023 también proporcionó datos de redes sociales, educación, colapso vehicular, avances de la encuesta de humor social y político.

El 17 de enero del presente año los canales oficiales y no oficiales afines al gobierno muestran 1,881 videos publicados cada día, sumando un total de 3,034,500 reproducciones, con más reproducción en el combate a las pandillas.

En cuanto a vehículos, la gente gasta $29.73 a la semana en gasolina.

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la reelección del presidente Nayib Bukele para las elecciones de 2024? Fue una de las preguntas que revela un 62.2% a favor y un 19.0 % en contra. Esta última cifra revela que hay un 10% de incremento, en cuanto a las personas que no están de acuerdo con la reelección presidencial, respecto al anterior informe.

Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia y Tecnología, dice que preguntaron a la gente ¿Está satisfecho con la gestión municipal del actual alcalde y su Concejo  Municipal? El 35.8% dice que está nada satisfecho y 12.4% muy satisfecho.