El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia presentó el Cuarto Informe Situación de País 2022 y perspectivas 2023.

El Salvador tuvo una inflación de 7.3% en 2022, la más alta en 7 años. Fue importada por el aumento de precios del combustible y fue un fuerte golpe a los presupuestos familiares. Se dio un fuerte aumento a la canasta básica alimentaria especialmente la rural.

El ingreso de remesas tuvo un menor crecimiento en El Salvador, fue de 3.1% y en Guatemala incrementaron 17.9%. En cuanto a la inversión extranjera, esta tuvo una fuerte caída.

El número de trabajadores en el sector privado bajó entre octubre y noviembre de 2022, mientras que el número de trabajadores públicos sigue aumentando; se registró menor crecimiento en las exportaciones, un 0.7% y se incrementaron un 4.2% las importaciones.

El pago de salarios aumentó $120.2 millones en 2022 en el Gobierno Central. La deuda pública aumentó $981 mil millones y totalizó 25,350 mil millones.

Claudio de Rosa, investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, manifiesta que la economía de El Salvador se desaceleró en parte.

El representante de CAMPO dice que otra de las preocupaciones para los productores agrícolas es que la Ley de Recursos Hídricos plantea cobro para quienes producen con sistemas de riego y eso subirá el costo de producción y les sacará del mercado, ya que en ningún país de Centroamérica se hace ese cobro.

Para evitar altos precios en los granos básicos, Treminio propone una reserva estratégica.

Agricultores piden reducir costo de insumos agrícolas para evitar alza de precios en granos básicos

El alto precio de los insumos agrícolas afecta a los campesinos en su producción. En marzo de 2022, se reunieron con la comisionada presidencial Carolina Recinos y Enrique Parada, quien era el ministro de Agricultura en ese momento, para advertir la disminución de la producción nacional, dice Luis Treminio, de la Cámara Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios, CAMPO.

Treminio señala que el incremento de los insumos agrícolas fue de un 70% de manera general. Hubo insumos que subieron hasta 120% lo que impactó en la producción agrícola, causando una disminución de un 29.3% de la producción nacional. Esta situación no afectó durante el año 2022, ya que en ese período se consume lo producido en el año anterior, pero la afectación se percibe este año. 

El representante de CAMPO advierte que entre agosto, septiembre y octubre se tendrá escasez que apunta a crisis alimentaria si no se hace nada.

Pero, ¿Qué hacer? Treminio dice que uno de los pasos es reducir los costos en la producción.

Y es que según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, desde el año 2020 a la fecha, 17 mil 758 personas salvadoreñas han solicitado refugio en México, de ese número el 88% de las solicitudes resueltas fueron favorables.

En 2021, 5,944 salvadoreños solicitaron refugio en México y en 2022 la cifra aumentó a 7,803. El año pasado El Salvador fue el tercer país de Centroamérica con más solicitudes, solo después de Honduras y Nicaragua. 

De 2020 a la fecha el 14.5% de los solicitantes de asilo a México son salvadoreños, esto demuestra que las actuales políticas de gobierno, que han ido en detrimento de la democracia, seguirán propiciando la huida de salvadoreños, opinó Medrano.

Desde el año 2020, a la fecha, el número de salvadoreños que migran y piden asilo en México se ha incrementado significativamente. Esto obedece a que la inseguridad continúa presente en el país, señala Celia Medrano, investigadora, experta en Derechos Humanos.

Medrano opina que el régimen de excepción y la crisis económica son ahora los detonantes del aumento del fenómeno migratorio. La investigadora señaló que ya no solo los grupos delincuenciales propician la salida de personas, ya que de 2020 a la fecha, el Estado salvadoreño también provoca la huida de personas, sobre todo las que viven en zonas estigmatizadas.

La abogada señaló que el Tribunal Supremo Electoral no ha demostrado voluntad para hacer valer la leyes y ordenar el proceso electoral 2024.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noél Orellana, dijo que la institución no ha podido actuar en el tema de campaña adelantada, debido a que aún no cuentan con el Presupuesto Electoral para lanzar la campaña de concientización.

Por su parte, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana explicó que el TSE no puede excusarse de no actuar ante la carencia de presupuesto, pues cuenta con fondos ordinarios para sancionar a los partidos, candidatos o personas que hacen campaña adelantada.

Ya se empiezan a registrar varios casos de campaña adelantada para las elecciones 2024, a través de redes sociales y en el terreno. Se están entregando camisetas, gorras y se están pintando los muros de algunas casas con los colores del partido oficialista. También algunos alcaldes se han sumado a esta práctica de hacer campaña adelantada para reelegirse.

De acuerdo con Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, estamos frente a una campaña claramente adelantada y eso desde que el presidente de la República anunció su intención -inconstitucional- de reelegirse como candidato a presidente en el 2024. A partir de ahí, se dio el banderillazo de salida a la campaña adelantada ilegal.

López dijo que igualmente los diputados y alcaldes han anunciado su interés de querer participar en el siguiente proceso electoral, vulnerando así nuevamente lo establecido en la Constitución de la República y el Código Electoral.

Países como Chile, Perú e Inglaterra, así como la Unión Europea han regulado las actividades de lobby de parlamentarios y otros funcionarios, implementando registros públicos que dan transparencia a las actividades que realizan y permiten controlar sus intereses.

Acción Ciudadana ha solicitado dicho registró a las anteriores legislaturas y a la actual y ninguna ha querido divulgar con quienes se han reunido, a pesar de ser información pública, recalca la organización. 

La resolución de la Cámara atenta contra el principio de máxima publicidad consagrado en la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP y reconocido en jurisprudencia nacional e internacional, pues prácticamente reduce la información pública a la información oficiosa establecida en los art. 10 al 17 de la LAIP, indicó René Valiente, coordinador del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana.

Acción Ciudadana solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa entregar el registro de las reuniones o audiencias que los 84 diputados propietarios y suplentes realizaron durante la legislatura.

La Cámara Primera de lo Contencioso Administrativo señaló que dicho ente no está obligado a llevar un registro, por no tratarse de información oficiosa y, además, podría revelar información confidencial. Con esta decisión, la Cámara anula la resolución emitida en 2019 por el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP,  la cual obliga a los diputados dar a conocer el reporte de las reuniones.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, dijo que lo que se busca conocer es el registro de aquellas actividades de lobby o cabildeo para verificar que los intereses de algunos sectores no incidan en el voto o decisiones de los diputados.

Fátima Pacas, de Cristosal, señala que es lamentable que los pueblos del país, obligadamente estén cambiando su configuración deteniendo o cambiando proyectos sobre cultura de paz, prevención de violencia, ya que el perfil de los destinatarios de estos proyectos es el perfil de los buscados por el régimen de excepción.

Estas acciones están cambiando la dinámica de vida de toda la población, ya que provoca aislamiento. Por un lado, de los que tienen capturados a algún familiar y, por el otro, de los que no han sufrido la persecución del régimen, dice la representante de Cristosal, Fátima Pacas.

Lamentablemente la coordinación comunitaria se resquebraja y pierde su capacidad de acción, dice Pacas. Es aquí donde se pierde la participación de las personas y las comunidades quedan vulnerables, ya que se les ve como enemigos y no como copartícipes, dentro de un proceso de democracia y desarrollo.