Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador ha apostado a la construcción  de comunidades, desde la base social, prueba de ello son los distintos asentamientos que se repoblaron cuando el conflicto armado interno llegó a su fin.

Sin embargo, este proceso hoy corre peligro ya que el actual gobierno está extinguiendo la poca cultura democrática con la que se contaba y esto va en detrimento de la institucionalidad, señala Fátima Pacas, socióloga y jefa del área de Educación, de  Cristosal.

Pese a ello, las comunidades y movimientos sociales han demostrado que se debe seguir luchando para reivindicar todos los derechos que hoy están siendo pisoteados. Sin embargo preocupa que a esta base social se le quiera callar por distintos medios, dice Pacas, un ejemplo de ello es el régimen de excepción.

Asimismo Blandón añadió que las alcaldías deben jugar un rol más activo en las comunidades, pues ellos deberían tener un contacto más cercano con la población para saber cuáles son los efectos secundarios ocasionados por el régimen de excepción y tratarlos.  Reconoce que las alcaldías han guardado silencio, pues han usado el régimen de excepción como una estrategia  para reordenar sus municipios. 

Blandón recomendó la necesidad que el Gobierno amplíe el diálogo con otros actores sociales que conocen los impactos negativos generados por el régimen.

El régimen de excepción ha generado cambios en las comunidades en materia de seguridad, la población salvadoreña ha señalado una disminución de la delincuencia. Sin embargo, también ha generado impactos sociales en otros ámbitos dentro de las comunidades y el país.

Flora Blandón, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA, dijo que el régimen de excepción ha dividido a la población en los territorios, entre los que se sienten más seguros en sus municipios y los que se han visto afectados por la detención arbitraria de familiares, en el marco de los procedimientos policiales.

Blandón manifestó que los impactos paralelos deben ser evaluados por las instituciones estatales, como por ejemplo: la migración forzada de pobladores de Tecoluca para la construcción del nuevo Penal y la expropiación de sus tierras, los daños al medio ambiente y la economía de algunas madres de los capturados que deben pagar cantidades considerables de dinero, para llevar los paquetes.

La docente e investigadora dice que son varios los efectos a los que se debe poner atención, pues si no se hace se crearán otros problemas sociales a futuro.

¿Dónde está el plan integral, a largo plazo, para la seguridad pública? Fue la pregunta de la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz.

Así lo dijo ante la petición  de aprobar por undécima vez el régimen de excepción, porque según la legisladora esta prórroga carece de un plan integral para solucionar a largo plazo la seguridad pública.

Ortiz dice que sin un plan integral de seguridad pública no se dejará de violar los derechos de las personas inocentes arrestadas bajo el régimen de excepción.

Reyes dice que el abordaje de estos temas debe ser integral, para ello debe existir un trabajo articulado con el Ministerio de Trabajo, Educación, Salud y no buscar resolver los problemas de inseguridad con el uso de las armas y la violencia.

Según el líder del Movimiento de Trabajadores de la Policía, la realidad que se vive en este 2023 refleja que no hay paz social, ya que los robos, hurtos y los delitos patrimoniales también van en incremento. Todo parece indicar, dice Marvin Reyes, que la delincuencia se está adaptando a las circunstancias.

Continúan las muertes violentas de salvadoreños durante el año 2023, pese a tener un régimen de excepción vigente. Según datos de la Policía Nacional Civil, PNC, publicados en la red social Twitter, solo en febrero se han registrado 15 muertes en hechos calificados como homicidios, feminicidios y algunos suicidios en vías de investigación.

Marvin Reyes, del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, dijo que es lamentable que el Gobierno no cree estrategias y solo se limite a decir que más soldados saldrán a patrullar las calles.

En horas de la madrugada del miércoles 11 de enero, efectivos de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil ejecutaron la orden de captura contra 5 líderes comunitarios de Santa Marta, entre ellos el director y el jurídico de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES.

Leiva insiste en que no hay pruebas para detener a los líderes comunitarios. Además, debido a la edad y condiciones de salud de algunos de ellos, deberían continuar el proceso en libertad condicional. Leiva reitera además que el delito de asociaciones ilícitas no se les puede atribuir a los detenidos.

El abogado defensor del caso Santa Marta, Dennis Muñoz, presentó un recurso de apelación en el Juzgado de Sensuntepeque, para que la Cámara de lo Penal analice el caso de los líderes comunitarios y decida sobre la libertad condicional para los detenidos.

Alfredo Leiva, integrante de la Asociación de Desarrollo Comunal, ADESCO, de Santa Marta, Cabañas, espera una respuesta favorable ante la solicitud de apelación, al mismo tiempo  mostró su desacuerdo con la reserva total que hay en el caso. A su juicio, la reserva es un hecho atentatorio contra la libertad de expresión.

Entre los productos que están por vencerse, debido al sobreabastecimiento son Dimenhidrinato 50 mg. tabletas, vencen el próximo mes; Amoxicilina suspensión, vence en abril 2023 y Propranolol vence en junio 2023.

En cuanto a los medicamentos que faltan está Mebendazol suspensión, Fenobarbital; Fenitoína y Metoclopramida. No hay medicamentos oftalmológicos, ni Permetrina.

El Movimiento por la Salud “Salvador Allende” hizo un llamado a las autoridades de Salud para que planifiquen bien las compras de medicamentos a fin de evitar el desabastecimiento de lo que realmente se necesita y el desperdicio de medicina que llega a las unidades, con fechas próximas a vencer.

El Movimiento por la Salud “Salvador Allende” denunció desabastecimiento de algunos medicamentos en Unidades de Salud, así como la entrega de algunos insumos próximos a vencerse.

El personal de salud ha denunciado la falta de planificación de las autoridades en el consumo real de medicamentos. Según la fuente, que prefirió mantenerse  bajo el anonimato, las autoridades quieren que se venzan los medicamentos en las unidades de salud, para culpar a los encargados de farmacias y a los directores.