María tiene 2 hijos, una niña de 12 y un niño de 10, que ahora están con su abuela. Cuando vieron la noticia sobre la extensión del tiempo de investigación y que da pie a pensar que su madre puede pasar mucho tiempo en prisión, se pusieron tristes.

A la madre de María, le parece injusto que su hija estando enferma tenga que guardar prisión.

Según el oficio número 098 con fecha 20 de enero de 2020 , Ana Orellana Martínez, jueza de familia, mediante una resolución ordenó al director del Hospital Nacional Psiquiátrico del municipio de Soyapango que brindara asistencia clínica a María, con el fin de estabilizarla mentalmente.

Su madre acudió al juzgado, ya que así lo establece el artículo 294 del Codigo de Familia. “El internamiento de un presunto enfermo mental en un centro psiquiátrico, requerirá de autorización judicial previa; salvo que por grave urgencia fuere necesario tomar tal medida…”

Cuando fue arrestada, María se encontraba vendiendo en el mercado. Se la llevaron sin dar explicaciones, dice su madre, quien también se dedica a la venta informal.

A Jonathan lo esposaron con su hijo a su lado. Tuvo que llamar a su padre para que llegara a cuidar al niño, de lo contrario los policías lo dejarían solo en la calle.

Desde ese día, su hijo llora y le pregunta por su padre. Sonia ha optado por decirle que está trabajando, “está muy pequeño, no puede comprender”, agrega.

El caso lo lleva un abogado de la Procuraduría General de la República, pero no da detalles. Lo único que le dice es que hay que esperar 6 meses, pero que pueden ser hasta 2 años que Jonathan guarde prisión, mientras se investiga.

Hay negligencia de parte de los abogados de la Procuraduría, no se interesan por los casos, dice Sonia, a tal grado que para la primera audiencia del 31 de enero, el abogado no entregó los documentos que probaban los arraigos, pese a que su esposa se esmeró en obtenerlos.

Desde que Jonathan está en el penal de Ilopango, el negocio de comida lo cuida su padre y un cibercafé lo atiende Sonia. Jonathan también es fotógrafo, los ingresos que percibían por ese oficio, ya no están.

Es difícil la situación económica, se lamenta, ya que debe trabajar en una fábrica, atender el negocio, cuidar a su hijo y ahora dedicar tiempo y dinero para llevar el paquete al penal, un dinero que no estaba presupuestado. Le ha llevado solo un paquete que costó $170.00. En febrero debe llevar el siguiente.

Todas estas repercusiones, a raíz del régimen de excepción, han afectado a su familia y a su hijo de 4 años, quien fue testigo de la detención.

Sonia no se opone a la detenciones de personas que pertenecen a pandillas, pero le parece grave que los policías no investiguen y actúen de manera irresponsable, con el único fin de aumentar el número de detenidos.

La captura de Jonathan fue improvisada. Los agentes de la policía llegaron a la colonia en busca de una mujer, que al parecer tiene antecedentes de haber cometido el delito de extorsión, comenta Sonia.

En esa indagación le preguntaron a Jonathan si la conocía, a lo que respondió que no. Eso molestó a los agentes, quienes al no tener la información que buscaban procedieron al arresto.

Ese mismo día lo trasladaron de la delegación de Santa Eduviges al penal de Ilopango.

Cuando Sonia les preguntó a los policías por qué habían capturado a su esposo, la respuesta fue que “tenía perfil de marero”.

El solo hecho de vivir en Las Margaritas, Soyapango, es sinónimo de ser delincuente. Así se lo dejó ver el policía.

“Ahora es pecado ser joven”, dice Sonia, quien teme que a ella también la detengan por nada.

Jonathan fue capturado el 18 de enero de 2023, luego de varias prórrogas del régimen de excepción. Es uno más de los capturados en Soyapango, donde el estigma es lo que más mueve a los policías a ejecutar los arrestos.

Eran las 12 del mediodía cuando Jonathan llegaba a su casa en su motocicleta, acompañado de su hijo de 4 años. Habían salido a comprar comida. Su esposa, a quien llamaremos Sonia, no había llegado de trabajar.

Jonatan es conocido en la zona porque tiene dos pequeños negocios, es contribuyente y paga IVA, dice Sonia. Es por ello que le cuesta comprender porque la policía está arrestando a gente que contribuye a la economía del país y que no se dedica a delinquir.

El pecado de Jonathan es tener tatuados a su madre en el pecho y a su padre en la espalda. Eso fue sospechoso para los agentes que lo detuvieron.

Es más, la ficha que le levantaron en la delegación de Santa Eduviges, Soyapango, es simple y no muestra datos que indiquen que pertenece a grupos criminales, dice su esposa.

Una de las vendedoras teme no obtener un puesto en el Mercado Tinetti, porque son insuficientes para la cantidad de gente que se gana la vida en el comercio informal y que se ha ubicado durante años en la Calle Delgado de San Salvador. 

Ella tiene 18 años de ganarse la vida vendiendo en una de las aceras. Tuvo que llevar sus productos a su casa, mientras espera que le asignen un local.

El viernes era el último día que la Alcaldía de San Salvador había dado a los comerciantes de la Calle Delgado del Centro de San Salvador para desarmar sus puestos y desalojar.

Sin embargo, los vendedores temen no obtener un local en el mercado Tinetti, ya que solo están disponibles 400 espacios y no son suficientes para todos los comerciantes que han sido desalojados. Así lo manifestó un vendedor mientras trasladaba sus productos y se retiraba de la zona.

El desalojo es obligatorio para comerciantes informales de la Calle Delgado y alrededores de la exbiblioteca.

Las medidas sustitutivas se están solicitando para Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. La Fiscalía General de la República los acusa de agrupaciones ilícitas y del asesinato de María Inés Alvarenga, hecho ocurrido durante el conflicto armado salvadoreño.

El abogado defensor recordó que el caso está bajo reserva desde la audiencia inicial, con el argumento de brindar seguridad a los detenidos.

El abogado defensor, Dennis Muñoz, pidió al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque que otorgue medidas sustitutivas a la detención provisional a favor de las personas detenidas de Santa Marta, Cabañas.

La respuesta a la solicitud que pretende la recuperación de libertad de los detenidos, a la brevedad posible, se conocerá en tres días. A partir de ello se podría realizar una audiencia de revisión de medidas para determinar si los líderes de Santa Marta continúan el proceso judicial en prisión o en libertad.