Desde el pasado 20 de diciembre los diputados aprobaron una serie de reformas al Sistema de Pensiones. Para Saira Barrera, catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA, hacer reformas al sistema de pensiones no es algo nuevo.
Luego de 1998, cuando se creó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, SAP, se ha ejecutado cambios, por ejemplo en abril de 2003 se realizó la equiparación de pensiones para los afiliados optados, luego en 2006 se aprobó un Fideicomiso de Obligaciones Provisionales.
Las reformas siguieron y, en septiembre de 2017, se dio paso a la creación de la Cuenta de Garantía Solidaria y se autorizó el retiro de un anticipo de la cuenta individual de ahorro; en julio, octubre y noviembre de 2020 se inició con la devolución de saldo y pensiones por vejez.
Según la investigadora, las constantes reformas han demostrado que este sistema de pensiones siempre ha padecido limitaciones profundas. A esto se le une los problemas fiscales y laborales de la economía salvadoreña.
A su juicio, esto podría haber motivado a realizar las recientes reformas, ya que se alivia en un corto plazo la situación fiscal y cambian las condiciones de las pensiones para los grupos de personas jubiladas. Sin embargo, con ello, han introducido importantes desigualdades entre los pensionados.
Estas desigualdades han sido reconocidas por las autoridades actuales. Es más, el Plan Cuscatlán hacía referencia a la existencia de un sistema de pensiones que tiene muy baja cobertura y que, además, paga pensiones bajas.
A pesar de la reforma de 2022, las pensiones no mejoran y se crean más desigualdades, opina Barrera.