Renderos opina que las recientes reformas a la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, aprobadas por la Asamblea Legislativa,  ayudarán “parcialmente” a mejorar el respeto al reglamento de tránsito, así como  las condiciones de los espacios públicos.

A criterio de Alex Renderos, del Departamento de Organización del Espacio de la UCA, la respuesta para mejorar la movilidad en el Gran San Salvador es impulsar un sistema de transporte público eficiente y reducir el uso de los vehículos particulares.

El Gran San Salvador se ha visto afectado por el atascamiento del parque vehicular que ha llevado al colapso de varias arterias, sobre todo en el Área Metropolitana, ante la alta demanda de transporte público.

Renderos dijo que los parqueos no dan abasto, aunque se construyan más espacios. Por eso es importante desincentivar el uso del transporte privado y promover el uso del transporte público, así como transporte alternativo como la bicicleta o caminar. Aunado a una planificación, para que la gente reduzca la trayectoria de movilización, agrega Renderos.

Ortega califica de falso que los despidos sean por una política de austeridad y el cuido de fondos de la Asamblea Legislativa, ya que siguen contratando personal. Para el sindicalista, la situación es preocupante porque afecta a muchas familias, debido a que los despidos se realizan sin el debido proceso.

Hizo un llamado al presidente legislativo y a la Junta Directiva para que no sigan violando los derechos constitucionales y sindicales. A la vez denunció que hay coacción contra los trabajadores.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Luis Ortega confirmó más despidos en el Órgano Legislativo. Señaló que aún no dispone de las cifras oficiales, pero adelantó que unas 100 personas se quedaron sin trabajo el 31 de enero del presente año.

Según Ortega, en la Unidad de Análisis fueron despedidas alrededor de 4 personas, en la Unidad Técnica entre 15 a 20 personas, en Servicios Generales son unos 5 trabajadores. A ellos se suman trabajadores despedidos en el Centro Cívico Cultural Legislativo (CCCL).

Como parte del sindicato, lamentó que la nueva administración, liderada por Nuevas Ideas siga violentando los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores.

El sindicalista dice que mientras hay despidos también hay más contrataciones. Esto lo constató en la Unidad de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa.

Según Estrada, la percepción que se tiene sobre el país, es de un alto nivel de corrupción y esto se relaciona con el bajo interés de los gobiernos por enfrentar el problema.

Para Jessica Estrada de FUNDE, se evidencia un retroceso en el acceso a la información pública en todos los niveles, una pobre labor de las instituciones de control, marcos jurídicos dispersos para la compras públicas y limitados espacios para la contraloría ciudadana de la gestión pública.

Jiovanni Fuentes, coordinador de proyectos de transparencia y anticorrupción de FUNDE, detalló que El Salvador se ha estancado en la lucha contra la corrupción, Por otro lado, destacó que los funcionarios públicos buscan inmunidad cuando llegan a alguna institución pública.

El Índice de Percepción de la Corrupción es una medición que realiza cada año Transparencia Internacional a 180 países alrededor del mundo, con el fin de conocer la percepción que se tiene sobre corrupción en la función pública.

Para 2022, El Salvador obtuvo 33 puntos de 100 posibles y se ubicó en la posición número 116, de 180 países.

Para Jessica Estrada, directora de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, la calificación obtenida por el país demuestra que la lucha contra la corrupción no está en la agenda del Gobierno. La calificación obtenida no demuestra mejoras, sino un estancamiento.

A juicio de los representantes de las comunidades, la detención de los líderes comunitarios lleva la intención de reactivar proyectos mineros, por lo que es importante unirse con otras comunidades para exigir la inmediata libertad de los defensores ambientales de Santa Marta.

David Marroquín, de las comunidades organizadas de Usulután, manifestó que quienes luchan a favor de la gente y sus necesidades son criminalizadas. Esa es otra razón por la que deben unirse.

Representantes de comunidades organizadas de Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Usulután, San Salvador y Morazán se pronunciaron ante la detención de líderes comunitarios de Santa Marta, Cabañas.

Los representantes de las comunidades manifestaron que no hay pruebas sobre las acusaciones en contra de los líderes comunitarios y que hay arbitrariedades en el proceso judicial.

Lili Alvarenga, de la Comunidad Santa Marta, manifestó que las comunidades deben unirse tras los arrestos que han ocurrido, porque ponen en riesgo a las personas organizadas.

La audiencia preliminar contra José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polío, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, acusados del asesinato de 5 personas en 1981, continuó el martes.

Los imputados enfrentan la audiencia por los delitos de homicidio, privación de libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes o costumbres de guerra.

Los abogados de Justicia Transicional de Cristosal presentaron el dictamen de acusación. De acuerdo con el abogado de Cristosal, Antonio Aguilar, el caso posee fundamentos para que pase a la fase de juicio y será el siete de febrero próximo donde se dará a conocer la decisión por parte de la jueza del Juzgado 1o de Instrucción de San Miguel, explicó Aguilar.

Un juez de Tecoluca, San Vicente, resolvió a favor de una persona de nombre Arsenio Molina, quien reclama unos terrenos ubicados en el caserío Guajoyo.

El juez ordenó el desalojo de 178 familias, a pesar de que tienen escrituras del Centro Nacional de Registros, que obtuvieron a través del programa de transferencia de tierras, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, manifestó César Cañas, vocero de los habitantes afectados.

Los antiguos dueños vendieron las propiedades a Arsenio Molina, quién salió beneficiado por la resolución. El fallo afecta a las familias de la comunidad Guajoyo, que a juicio de Cañas, es injusto.