Flores recordó que la represión está dominando en el actual Gobierno  y se ha dejado de lado la parte estructural del problema. El gobierno ha enfocado su esfuerzo en combatir a las pandillas, cuando hay otras estructuras criminales y delitos que perseguir como el narcotráfico, lavado de dinero, delitos de cuello blanco que hasta la fecha, el gabinete de Seguridad, ha omitido investigar.

Flores dijo que detrás de la construcción del penal hay empresas o sectores afines al gobierno que se están lucrando.

El presidente de la República en cadena nacional dio a conocer los avances de la construcción del nuevo penal denominado: Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Más de 800 elementos de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil resguardarán las instalaciones del centro penal. 

A Otto Flores, abogado de la organización Los Siempre Sospechosos de Todo, le llama la atención que la infraestructura del nuevo centro penal haya sido construida en tiempo récord, cuando otros proyectos de infraestructura están abandonados, como por ejemplo: el hospital Rosales, el cual ya contaba con financiamiento y no se ha construido.

Flores dijo que el Gobierno se ha enfocado en el tema de seguridad pública - lo cual a su criterio está bien- pero ha dejado de lado otras necesidades.

El abogado agregó que la construcción del nuevo penal refleja que el Ejecutivo no tiene una planificación del sistema penitenciario, eso lo evidencia los otros centros penales que están en pésimas condiciones.

En cuanto a la construcción del penal, el rector de la UCA dijo no entender por qué la construcción de ese centro ha tenido que impedir la construcción de escuelas públicas o hospitales como el de Nejapa y el nuevo hospital Rosales, que tienen financiamiento desde el 2018.

Agregó que es una lástima que un gobierno sienta mucha satisfacción en inaugurar una cárcel y deje de lado la construcción de escuelas y hospitales. Además, lamentó que durante la presentación del penal no se hablara nada sobre la rehabilitación de los delincuentes, el enfoque está en lo punitivo.

La seguridad pública ha sido durante años el principal problema del país, señala el rector de la UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva. A través de las encuestas se ha podido constatar que este problema preocupa a buena parte de la población.

Sin embargo, esto no quiere decir, dijo Oliva, dejar de lado otros problemas como el económico, la salud, las condiciones de vivienda y la educación, que son tan importantes abordar para lograr la equidad y el bienestar de la población.

El rector de la UCA enfatizó en que las actuales políticas de seguridad han llevado a repetir acciones del pasado, como la represión de los cuerpos de seguridad.

López dijo que la principal diferencia entre la LACAP y la nueva Ley de Compras es que esta última excluye a grandes  proyectos estratégicos  e incluye la intervención del Consejo de Ministros, sin establecer criterios.

A criterio de Ruth López,  jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la reciente Ley de Compras, aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa y promovida por el Ejecutivo, posee deficiencias graves y retrocesos comparada con la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública, LACAP.

López recordó que la Constitución de la República establece como mecanismo general de contratación de obra, bienes o servicios la licitación pública (Art. 234), mecanismo que limita el poder discrecional de los funcionarios y fomenta la competencia, bajo principios de igualdad y no discriminación de oferentes.

Sin embargo, la reciente Ley de Compras se aleja de principios, tales como no discriminación, publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, centralización normativa y descentralización operativa.

Las alcaldías, el Ministerio de Medio Ambiente y otras instancias  tienen un rol preponderante en materia ambiental, sin embargo, actualmente hay un deterioro institucional, señala Alejandro Henríquez, abogado del Foro del Agua.

El abogado agrega que hay alcaldías que han favorecido proyectos urbanísticos, como por ejemplo Villa Foresta, de la empresa Salazar Romero.

El Foro del Agua y el Colectivo Salvemos Valle El Ángel han acompañado luchas ambientales en diversos puntos del país, entre ellos La Paz, La Libertad, Sonsonate, Usulután, Santa Ana y otros departamentos. El objetivo es preservar el agua como un recurso  vital y como un derecho humano. 

En la zona norte de San Salvador, siete proyectos urbanísticos han despojado de sus fuentes de abastecimiento de agua a varias comunidades, dice Judith Barrera del Colectivo Salvemos Valle El Ángel.

Aprobación de leyes que cierran transparencia en el uso de fondos públicos botan el discurso del combate a la corrupción