El integrante del Comité Coordinador de la Fuerza Armada hace un llamado a la presidencia de la república que se dé un buen cumplimiento a la Ley y que se forme una mesa de diálogo. Además, piden al gobierno que comience inspeccione al Instituto Administrador de Beneficios a los Veteranos.

Agrega que entre los veteranos hay personas con enfermedades crónicas que necesitan tratamiento adecuado y atención en primer y segundo nivel en el área hospitalaria.

José Santos Melara, veterano y Coordinador de la Alianza Nacional “El Salvador en Paz” manifiesta que es necesario que el gobierno cese los recortes del presupuesto para los ex combatientes, que entreguen las indemnizaciones correspondientes y otras deudas.

El 31 de enero de cada año es el Día Nacional del Veterano de la Fuerza Armada. En el marco de esta celebración los veteranos aseguran que el Estado tiene deudas con ellos.

El integrante del Comité Coordinador de la Fuerza Armada, José Antonio Amaya dice que por ley deben darles una pensión de $300.00, pero actualmente solo reciben $100.00.

en segundo lugar, se habla de indemnizaciones y no se tienen, falta la salud integral, esta pendiente, también los proyectos productivos y los proyectos habitacionales.

Otra de las denuncias que hace es que estarían cobrando dentro del Instituto Nacional de Beneficios de los Veteranos gente que nunca combatió durante el conflicto armado, que serían unos 7 mil.

Amaya dice que a esto se suma que el Órgano Ejecutivo tiene deuda con los proyectos de vivienda y FONAVIPO no hace nada al respecto a pesar de existir fondos asignados.

Ante esto, piden que haya políticas y que se haga una mesa de diálogo con los veteranos porque a su juicio los fondos económicos están pero hace falta políticas a favor de los veteranos.

La finalización del mandato de la CICIES, la falta de información sobre el uso de los fondos públicos en el Organismo de Inteligencia del Estado, es otro de los retrocesos, según FUNDE. Ante esto, hay recomendaciones provenientes de Transparencia Internacional, manifiesta Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).

Integrantes de FUNDE manifiestan que entre los retrocesos en materia de corrupción en El Salvador está el debilitamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, portales de transparencia y portal de compras públicas desactualizados, abandono de la Alianza de Gobierno Abierto, portal de transparencia fiscal sin disposición de dar información del proyecto del Presupuesto General de la Nación, incluso del aprobado; abandono de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Persecución contra fiscales que investigaban posibles casos de corrupción.

En este punto, Jessica Estrada, directora del área de transparencia de FUNDE, hizo referencia a las personas que forman parte de la lista Engel y que no han sido  investigadas.

Integrantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional.

El índice clasifica a 180 países y territorios, según el nivel de percepción de la corrupción. Por ejemplo, la primera posición expresa menor percepción de la corrupción y la posición 180, la peor. El Salvador ocupa la posición número 116, una posición menos respecto al año pasado. 

En una escala de 0 a 100 el país obtuvo 33 puntos. Es decir que se encuentra por debajo del promedio de la región americana que es de 43 puntos.

Jiovanni Fuentes, coordinador de proyectos de transparencia y anticorrupción de FUNDE, manifiesta que para El Salvador en los últimos 10 años no hay avances sustanciales en la lucha contra la corrupción, y por el contrario hay retroceso en todos los niveles.

Las organizaciones señalan que los diputados están obligados a legislar. Además la abogada recordó que hace años se presentó una propuesta de Ley de Identidad de Género que los diputados archivaron. Ahora esperan que retomen dicha propuesta para  aprobar una ley que vele por los derechos de la comunidad LGBTI.

Ríos dijo que los diputados deben acatar la sentencia de la misma sala impuesta por ellos mismos. Por otra parte,  Mónica Hernández, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH, dijo que la comunidad LGBTI urge una ley como parte de su esfuerzo en  la lucha por los derechos de ese sector.

Está por cumplirse un año de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 23, inciso 2, de la Ley del Nombre de la Persona Natural, por excluir el cambio del nombre por razones de identidad de género. 

Bessy Ríos, abogada y defensora de derechos humanos, quien presentó la demanda de inconstitucionalidad, expresó su inconformidad, pues el próximo 23 de febrero se cumplirá un año de la sentencia y la Asamblea Legislativa no ha reformado la ley que garantice el cambio de nombre e identidad de las personas de la comunidad LGBTI.

En San Lorenzo frecuentemente ocurren sismos. Antes de enero de 2023 hubo una serie sísmica en 2006. En aquella ocasión las casas de adobe del casco urbano tuvieron que ser derribadas, ya que la mayoría se dañaron.

Pese a que ahora son de ladrillo y block las viviendas se siguen deteriorando.

Teresa Sermeño laboraba en la alcaldía de la localidad como secretaria municipal, sin embargo fue despedida cuando Nuevas Ideas y Gana tomaron posesión de esa comuna. 

Sermeño, pese haber laborado por 29 años en la municipalidad no recibió ninguna indemnización y ha tenido que ingeniárselas para poder seguir apoyando a sus 2 hijas que estudian en la universidad. 

Ante la falta de indemnización, Sermeño recurrió a un proceso judicial, el cual perdió, ya que el juez argumentó que su cargo era de confianza.

San Lorenzo es un municipio de Ahuachapán que desde el pasado 15 de enero está siendo sacudido por una serie de sismos. Según el conteo del Ministerio de Medio Ambiente, a la fecha, más de 700 temblores han ocurrido en esa zona.

A 16 días de ocurrido los movimientos con mayores magnitudes, las réplicas han comenzado a disminuir, sin embargo el número de viviendas afectadas por los temblores se elevan. Según datos de Protección Civil hay más de 2 mil viviendas dañadas, de estas 453 tienen daños leves, 61 han colapsado y 687 no son habitables.

Teresa Sermeño es una de las afectadas, y relató a YSUCA que vive en constante zozobra por los temblores, unos de baja magnitud y otros bastante sensibles.

Sermeño reside en el casco urbano de San Lorenzo, su vivienda es de segunda planta y está construida con block, pese a ello tiene algunos daños. Lamenta que las autoridades del Ministerio de Salud, Bomberos y Protección Civil no le hayan puesto atención a su caso. 

La ayuda aún no llega, dice Teresa.

La situación que viven los trabajadores de la Alcaldía de Soyapango es grave. A muchos les han cortado los servicios básicos  ante la falta de pago. 

Las autoridades no respetan las garantía laborales, se desconocen los convenios internacionales y el fuero sindical, dijo Evelyn de la O, integrante de SITRASOYA. 

Por su parte, la representante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, Sonia Mestanza, dijo que se han hecho esfuerzos para ampliar la denuncia a nivel nacional e internacional sobre las violaciones a los derechos laborales y las capturas de los trabajadores de Soyapango.