Integrantes del Sindicato Municipal de la Alcaldía de San Martín señalan que hay riesgo en la estabilidad laboral, ya que no se garantiza el procedimiento adecuado. Por ello, exigen al Concejo Municipal que reinstale en sus puestos a las personas con órdenes de traslado, que hasta el momento no están laborando porque no los reciben en los nuevos puestos donde han sido asignados.

Por el momento reciben salario, pero temen que los dejen sin empleo.

El Sindicato Municipal de la Alcaldía de San Martín denunció atropellos a los trabajadores, mediante órdenes de traslado, sin el debido proceso administrativo, a 3 empleados de la comuna. Las órdenes de traslado se han realizado desde el 12 de enero del presente año.

A juicio del sindicato, las autoridades municipales han obviado el proceso que establece la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por lo que acudieron al Concejo Municipal para pedir que los procesos de traslado se realicen con base en el derecho administrativo y en la carrera administrativa.

Sonia Mestanza, integrante del sindicato, dice que los trabajadores no han tenido el derecho de defenderse y no han sido escuchados, por lo que no descartan que se trate de persecución sindical.

Por otro lado, no hay que descuidar el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dice Henri Fino de FESPAD. El nuevo recinto carcelario, presentado en cadena nacional, no tiene las condiciones para rehabilitar a un delincuente.

No apostarle a la rehabilitación y reinserción es negar los derechos al privado de libertad, reflexiona Fino.

Para Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, El Salvador, nunca ha tenido una política de seguridad pública adecuada, sin embargo destaca que desde la firma de los Acuerdos de Paz, a la fecha, lo que sí ha existido es una práctica represiva del delito.

Fino dice que una política de seguridad ciudadana debe contar con la prevención del delito, pero sin enfocarse en uno solo. Los homicidios no son la única expresión de la delincuencia, hay otros delitos que se comenten en el país.

Por otro lado, una verdadera política de seguridad ciudadana respeta los derechos humanos y no busca venganza, sino justicia.

Por otra parte, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, pagaba las jubilaciones a los pensionados del Sistema Público a través de los aportes de los trabajadores cotizantes de las AFP. De esta manera estaban establecidos claramente los plazos y tasas a pagar y generaban un interés.

En este sentido, el economista de la FUNDE se pregunta si los Certificados de Obligaciones Previsionales, que estaban vigentes aún en diciembre, habrán ganado algún interés. Según Rodríguez no se sabe cómo se pagará esta deuda que ha sido tomada del dinero de los cotizantes, ya que se ha guardado silencio de parte del Gobierno.

La calificadora de riesgo Fitch señala que las finanzas públicas salvadoreñas aún están bajo una intensa presión fiscal, con acceso restringido al mercado y alta necesidad de financiamiento.

La calificación de “CC”, que actualmente mantiene el país, refleja la probabilidad de algún tipo de incumplimiento en el pago de deuda.

Según Fitch, la nueva reforma a pensiones que se realizó el año pasado, pudiera traer consecuencias, ya que implica una serie de cambios en el tema de pagos y desembolsos.

Por ejemplo, según la ley que derogó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, FOP, el Instituto Salvadoreño de Pensiones, ISP, será la entidad encargada de emitir los Certificados de Obligaciones Previsionales COP. Estos títulos sustituyen a los Certificados de Inversión Previsional, CIP.

Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de FUNDE, señala que no está definido cómo se reemplazarán los Certificados de Inversión Previsional por los Certificados de Obligaciones Previsionales, en términos de plazos y tasas.

El economista de la FUNDE explicó que si se crean condiciones de pago adversas podría existir algún incumplimiento de pago.

La Dirección de Educación Superior, debido a este proceso, ha obligado a la universidad a no inscribir nuevos alumnos desde el 2022 a la fecha, dejando  fuera 800 solicitudes de alumnos que no han tenido la oportunidad de ingresar al centro de estudios.

Universidad demandó ante cámara a titulares de Educación 

La Universidad presentó un aviso de demanda ante la Cámara Segunda de lo Contencioso administrativo de San Salvador, contra el ministro y director de Educación Superior por la nulidades de las resoluciones, a la vez, pidieron al tribunal que revise los hechos. 

Benítez explicó que, tras el proceso judicial, el Ministerio de Educación revocó la resolución anterior y admitió su error de no explicar los motivos de no avalar los planes de estudio y señaló a la universidad que se mantuviera a la espera de una nueva resolución. Sin embargo,  la nueva resolución no había tomado en cuenta los reparos que hizo la universidad. Para Benítez, se trata de medidas dilatorias.

La  Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero, UMOAR, en Chalatenango funciona desde 1997 y, desde el 2021 que inició el proceso de actualización de los planes de las carreras, se ha visto en un proceso engorroso y dilatorio por parte de la Dirección Nacional de Educación Superior.

El jueves la universidad emitió un comunicado donde condenó las acciones de  los titulares del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, MINEDUCYT, específicamente del ministro de Educación, la directora nacional de Calidad y particularmente el director nacional de Educación Superior, quienes han expresado sus intenciones de cerrar la sede de la  universidad en el departamento de Chalatenango.

Roberto Benítez, fiscal de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero, explicó que han presentado toda la documentación solicitada por el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Superior; sin embargo, siempre les ponen observaciones que son superadas por la universidad. Pese a ello, les niegan el aval de la actualización de los planes de las carreras, sin justificar las razones.

El youtuber Roberto Silva ha sido puesto en libertad bajo medidas sustitutivas a la detención, luego de una audiencia especial de revisión de medidas a su favor.

A Silva se le acusa de expresiones de violencia contra la mujer, acoso a través de las tecnologías y difusión ilegal de la información.

El juicio contra Silva, programado para el pasado 11 de enero en el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación Contra la Mujer, se supendió debido a que una de las víctimas que estaba fuera del país solicitó declarar en el juicio.

Las víctimas en este proceso son la actual diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Karina Sosa, y la excandidata a diputada, Daniela Genovez, quien reside fuera de El Salvador. Ambas del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Ante la liberación de Silva, la diputada del Parlacen Karina Sosa dijo no comprender el actuar de la Fiscalía y señaló a la institución de ponerse a favor del victimario.

La esposa de uno de los capturados, durante el régimen de excepción, denunció a radio YSUCA, la muerte de su esposo, luego de 10 meses de estar en el penal de Izalco.

La muerte de su pareja se la notificó una funeraria, no recibió ningún aviso del centro penal.  

Asegura que se negaban a entregar el cuerpo, con el argumento de que su Documento Único de Identidad estaba vencido. Finalmente logró solventar el problema y pudo llevarse el cuerpo de su esposo, quien presentaba un golpe en la cabeza. 

La lesión que tenía le hace dudar sobre las verdaderas  causas de la muerte. “A mi esposo, ellos  me lo mataron”,  dijo su esposa.  Asegura que falleció el sábado 28 de enero a las 6:15 de la mañana. 

El fallecido era un jornalero de 53 años, quien fue capturado en  abril de 2022, cuando policías y militares entraron a su vivienda y lo acusaron de pertenecer a grupos criminales.  

Su esposa asegura que se dedicaba a trabajar la tierra y de los ingresos que obtenía  mantenía a la familia.