El integrante del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santiago de María dice que los retrasos en los pagos y la ausencia de aguinaldo impactan económicamente a las familias.

El integrante del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santiago de María manifiesta que denunciaron ante la Fiscalía General de la República de Usulután la situación que estaban enfrentando, sin embargo, la fiscal de turno dijo que no les correspondía el proceso y propuso que fueran al Ministerio de Trabajo.

El sindicalista dice que los argumentos de las autoridades municipales es que no reciben impuestos y no tienen fondos. Sin embargo, hacen eventos con artistas que cobran bastante caro.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Santiago de María, en Usulután, denuncia que la alcaldía no ha pagado los aguinaldos a por lo menos el 85 % de trabajadores, es decir, a unos 140 empleados.

Ante la falta de pago de AFP´s, ISSS, retraso de salarios y ausencia de aguinaldos, los trabajadores se vieron obligados a suspender labores.

Josh Ronie, integrante del sindicato, dice que hay otras dificultades que enfrentan trabajadores y trabajadoras:

Entre estas, la municipalidad adeuda 7 meses de las cuotas de las AFP´s y no pagan la cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), esto último afecta a empleados con enfermedades crónicas dice el sindicalista.

La diputada Anabel Belloso dice que en efecto habrá incremento de pensiones para 200 mil pensionados, a partir del mes de enero. Sin embargo, esto no representa mejoría para las mayorías.

Por otro lado, dice la diputada de izquierda, en la ley no quedó estipulado que la pensión mínima con esta reforma será de 400 dólares. Todo indica que los ganadores son los que gozaban de pensiones arriba de mil dólares.

En la Asamblea Legislativa se aprobó el pasado 22 de diciembre, con 67 votos a favor y 12 abstenciones, una serie de reformas a la Ley de Pensiones. Aunque el Gobierno salvadoreño dice que esta reforma vendrá a beneficiar a los salvadoreños, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, dice que con esta medida, sólo se beneficiará al sector gobierno y a las AFP.

Belloso dice que no hay integralidad, no se analizó y discutió debidamente en la comisión ad-hoc el tema y, debido a esto, el resultado que se tuvo fue unas reformas que seguirán golpeando a los trabajadores, sobre todo, a los que tienen los salarios más bajos.

Esta semana Henry Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, confirmó en la entrevista de radio YSUCA la muerte de dos reos al interior del penal de Izalco.

Los reos son Víctor Manuel Melara Ascencio, de 32 años, e Isaí Ramos Sorto, de 50, quienes se encontraban recluidos en el Complejo Penitenciario de Izalco, murieron el pasado 22 de diciembre en el Hospital Jorge Mazzini, en Sonsonate.

Ramos Sorto era un molinero de 50 años. La familia sepultó sus restos el día de ayer.

Ramirez dijo que una de los integrantes del Movimiento se dio cuenta que su familiar era uno de los fallecidos el pasado 22. Según Ramirez, la familia pagó $700 para que pudieran entregarle el cuerpo.

En el marco del régimen de excepción, hay salvadoreños que demandan información a las autoridades de seguridad pública, pues las personas capturadas arbitrariamente no pueden ser tratados como criminales, dijo Samuel Ramirez del Movimiento de Víctimas por el Régimen MOVIR.

Ramirez dijo que las familias al darse cuenta de las muertes de reos en los centros penitenciarios, temen que la víctima sea su familiar, retenido de manera arbitraria.

Las familias de los capturados, según ellos, de manera arbitraria, viven en constante angustia ante la carencia de información sobre las condiciones y estado de salud de sus familiares detenidos.

Las familias de los capturados señalan que sus parientes no son pandilleros y que han sido estigmatizados por vivir en zonas populosas o por ser personas de escasos recursos económicos.

Integrantes de COFAPPES dicen que las formas de tortura a que se ven sometidos los presos políticos se manifiestan en el incumplimiento de los convenios y tratados internacionales, como el Principio de las Buenas Prácticas sobre protección de las personas privadas de libertad en las Américas.

Cruz dice que muchos de los detenidos son obligados a declararse culpables mediante la fabricación de delitos.

La vocera de COFAPPES pide que los jueces sean independientes en los procesos contra los detenidos políticos.

Integrantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) manifestó que durante el año que está por finalizar, los derechos humanos continuaron siendo violentados en El Salvador bajo la intolerancia política.

Aseguraron que a los familiares presos les han pisoteado sus derechos desde el momento de su captura, que califican de ilegal, con ausencia del debido proceso y, a su juicio, les fabricaron delitos.

A esto se suma la ausencia de la presunción de inocencia, la falta de una atención médica oportuna a quienes la necesitan y no tienen derecho a la visita de familiares, por lo que aseguran que se ha vulnerado el artículo 9 de la Ley Penitenciaria de El Salvador, que les confiere derechos a los privados de libertad para la visita y comunicación con familiares.

Ivania Cruz, abogada y vocera de COFAPPES, pide que en los casos de supuesta corrupción contra ex funcionarios se respete el debido proceso y se respete el principio de inocencia.