El secretario general de SITMUSOY dijo que en la comuna de Soyapango no se han cancelado los salarios, ni las indemnizaciones del personal despedido el año pasado. Además, no se le ha pagado a los proveedores y sigue la falta de agua para el consumo del personal administrativo, operativo y de campo.

Por otra parte,  los contribuyentes que llegan a pagar sus impuestos tampoco tienen acceso a beber agua purificada porque no se está comprando, según manifiesta.

Continúan los despidos, retraso en los salarios, endeudamiento, propaganda y el color político está presente en la Alcaldía de Soyapango, manifiesta el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango (SITMUSOY), Danilo Mejía.

Los despidos en la alcaldía incluyen empleados contratados por la actual administración. Además, la mayoría de los empleados no han recibido aguinaldos, dice el sindicalista.

Mejía también denunció que el jueves le suspendieron el servicio de energía al departamento de Protección Civil de la Alcaldía de Soyapango, por una deuda de varios meses. Aunque el servicio ya fue habilitado, se desconocen las razones de la falta de pago. A juicio del sindicalista hay despilfarro de dinero.

Ante los señalamientos de que las organizaciones sociales defienden a delincuentes, la integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular aclara que defienden a las personas que son arrestadas arbitrariamente, sin ninguna investigación.

Urrutia dice que quien viola la ley debe pagar por ello, pero en caso contrario, se debe investigar y probar la inocencia de los  arrestados.

Es preocupante que el actual gobierno quiera mantener su popularidad a través del régimen de excepción, manifiesta Sonia Urrutia, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

A juicio de esta organización, la actual gestión gubernamental beneficia a la gente con recursos económicos y con las medidas de seguridad afecta a las personas que viven en zonas estigmatizadas, donde se aplica el régimen de excepción.

Urrutia señala que entre los 60 mil capturados hay gente inocente y en las cárceles se registran fallecidos.

Por su parte Carolina Amaya, de la UNES, añadió que el cambio climático va en aumento, pues desde 2010 al 2022 los eventos climáticos han pasado a 26, cuando antes se registraban 8 por décadas.

Muchas de las mujeres jefas de hogar huyen a otras zonas, tanto dentro del país como fuera dejando de lado todos sus arraigos, precisó Barrientos, por eso urgió a crear políticas públicas que analicen y promuevan acciones para reducir la migración por el cambio climático.

Luis González, de la UNES, exhortó al Estado a generar políticas para enfrentar  el cambio climático y la migración, pues las afectaciones a las poblaciones cada vez son más, dijo el ambientalista.

La Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES presentó un estudio sobre la “crisis climática y ambiental: detonantes del desplazamiento y migración forzada”. De acuerdo con la investigación, las mujeres rurales son el sector que se ve más afectado con el cambio climático, debido a que daña sus medios de vida, que tienen relación con la naturaleza, obligándolas a migrar para sostener sus hogares.

Las principales afectaciones que perjudican a las mujeres y que tienen relación con el cambio climático es la vivienda. Muchas veces por las inundaciones sus hogares son dañados. Otro factor es la agricultura, ya que las mujeres campesinas que trabajan la tierra enfrentan impactos climáticos como sequía, inundaciones, falta de agua, que perjudican su modo de vida, expuso  Helen Barrientos, experta en clima y migración.

Otro de los cuestionamientos es que se ha cerrado el acceso al retiro del 25% del anticipo del ahorro de pensiones, dice Roxana Rodríguez, integrante de la Unidad.

Al aprobarse el proyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones del Gobierno habrá consecuenias dentro de unos años, por lo que representantes de las organizaciones llaman a los legisladores del partido oficialista a que estudien bien el proyecto, porque en el artículo 114 sigue manteniendo la pensión de $307.00, muy contrario a la pensión de $400, prometida a través de la publicidad gubernamental. 

Por su parte, Yolanda Fabián, jubilada y defensora de derechos humanos de adultos mayores, dice que el proyecto gubernamental no tiene aumento en la cobertura para que más trabajadores tengan el beneficio de una pensión.

El proyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones entregado por el Gobierno fue rechazado por representantes de diferentes organizaciones que integran la Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador.

A juicio de sus integrantes, la propuesta solo garantiza oxigenar las finanzas públicas y no garantiza una vejez digna para los trabajadores que se han esforzado y generado aportes para el país.

Sonia Urrutia, integrante de la Unidad, insta a la población a no dejarse llevar por las promesas del proyecto de ley y exigir beneficios para las personas jubiladas.