Saúl Ramírez,  del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, manifestó que en los Centros Penitenciarios se han dado algunas liberaciones de personas capturadas arbitrariamente y muchos de los liberados se encuentran en estado de salud crítica.

Según datos del Socorro Jurídico, unas 10 mil personas inocentes podrían estar guardando prisión debido al régimen de excepción, y son expuestos a malos tratos por parte de autoridades estatales y los reclusos internos ya condenados.

Los arrestados bajo el régimen de excepción sufren vulneraciones a sus derechos. Debido a ello es urgente que estos casos sean denunciados, sin embargo hay que seguir los procesos establecidos dentro del país, para luego saltar a los organismos internacionales y buscar justicia para que prevalezca el principio de inocencia.

Dentro de las cárceles los internos sufren golpizas, torturas, no reciben medicamentos, señala Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario.

A muchos de los capturados los dejan en libertad a media noche para que menos personas se enteren y que los medios no cubran la información, señala Escobar. Agrega que es una situación dura,  ya que salen muy enfermos.

El régimen de excepción impuesto en el país desde marzo pasado y el cual ha sido reforzado con cercos militares ha ocasionado que varias personas hayan sido detenidas de manera arbitraria, según denuncias de familiares y algunas Organizaciones no Gubernamentales que defienden Derechos Humanos.

Óscar Rosales, del Socorro Jurídico Humanitario, señala que hay mil 250 denuncias recibidas en esta entidad. Muchos casos son emblemáticos, ya que hay hasta menores de edad capturados. Un ejemplo es el de Karla García, quien es originaria de Tacuba y al momento de ser capturada fue golpeada por agentes policiales, debido a esto perdió a su bebé. Rosales enfatizó en que no hay pruebas contra Karla.

Agregó que es difícil individualizar los casos y al abordar juicios masivos se obstaculiza a la justicia.

El representante del Socorro Jurídico dijo además que muchas personas se acercan a pedir auxilio, ya que desconocen el paradero de su familiar, también desconocen el derecho a la defensa.

En cuanto a las tierras, de las cuales no han entregado escrituras, se harán inspecciones para hacer el proceso de entrega.

ANTA manifiesta que los casos de campesinos que aún no reciben sus tierras habitan en diversos departamentos del país.

Ante esto, pidieron por escrito una audiencia y se manifestaron frente a las instalaciones del ISTA. Hasta que cerraron la entrada del local de esta instancia fueron atendidos y se permitió la entrada de representantes de campesinos.

Tras la reunión, Rodríguez confirmó que será el Centro Nacional de Registros el que intervenga en el caso.

Integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) se concentraron frente a las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) para pedir la transferencia de tierras a campesinos para que puedan trabajar.

Son 80 propiedades donde hay asentamientos de hasta 100 familias de campesinos, que fueron ocupadas en los años 1994 y 1995.

El representante de ANTA, Carlos Rodríguez recordó que desde hace muchos años el ISTA ha incumplido la recuperación de tierras y la transferencia a campesinos, bajo el argumento de que no tienen fondos.

Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, dijo que el 2022 está cerrando con una deuda de justicia ambiental y cultural, pues aún no ha presentado la política de pueblos indígenas que manda las medidas cautelares.

Entre las medidas decretadas, se establece que el Ministerio de Cultura debe actualizar la Política Pública para los pueblos indígenas de El Salvador, a fin de mantener y desarrollar la identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad de los pueblos indígenas, tal como lo regula el art. 63, inciso segundo de la Constitución.

Además, que se iniciara de inmediato, por parte del Ministerio de Cultura, el respectivo trámite legal a efecto que se otorgaran las medidas específicas de protección que correspondan en favor de los sitios sagrados identificados y reconocidos por la comunidad indígena de Nahuizalco y de las demás expresiones culturales de la referida comunidad indígena; en aras de dotar del estatus o protección legal correspondiente a los lugares, prácticas y/o expresiones culturales.

El pasado 2 de diciembre las medidas cautelares prorrogadas por cuarta vez, por el Juzgado Ambiental, vencieron y a esta fecha no se ha notificado si dicha Cámara las ha prorrogado.

En el río Sensunapán existen siete hidroeléctricas, algunas de estas empresas no cuentan con los permisos.

Alejandro Labrador, de la UNES, lamentó que no haya justicia ambiental en favor del medio ambiente y bienes naturales. Señala que la empresa insiste en la construcción de la octava hidroeléctrica en el Sensunapán y agrega que las medidas cautelares deben ser permanentes y cumplirse.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Cultura han incumplido las medidas cautelares emitidas por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia en el año 2021, en torno a la protección del río Sensunapán.

El proyecto hidroeléctrico Nuevo Nahuizalco II, el cual pretende ser ejecutado por la empresa Sensunapán S.A de C.V. estaría amenazando la biodiversidad de la cuenca del río Sensunapán en sus componentes biótico, abiótico, estético y también causando un daño irreversible al patrimonio cultural intangible de los pueblos indígenas, debido a los daños que éste causaría en los sitios sagrados o lugares de paraje que han sido identificados por la comunidad.

Sofía Morán, de las comunidades indígenas de Nahuizalco, calificó de “indignante” que las instituciones del Estado no tengan voluntad de proteger el patrimonio cultural y sagrado como lo es el río Sensunapán.

Morán dijo que las comunidades indígenas son ignoradas por el Gobierno y algunas instituciones solo se acercan para reuniones, pero no se ve la claridad en el cumplimiento de las medidas cautelares que garanticen la protección del río Sensunapán.