La investigadora del estudio, Alejandra Quintanilla, explicó que a la niñez salvadoreña se le complicó su desarrollo desde que la pandemia de la covid-19 golpeó a El Salvador, ya que la pobreza aumentó un 3%.

Quintanilla enfatizó que hay muchas niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con pobreza multidimensional, esto significa que pueden sufrir muchas desventajas al mismo tiempo.

La Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo, FUNDAUNGO presentó un informe sobre las condiciones de vulnerabilidad de los hogares salvadoreños con niñas, niños y adolescentes en El Salvador.

Manuel Delgado, coordinador del estudio, dijo que más de la mitad de la niñez salvadoreña está en situación de pobreza grave, el resto se encuentra vulnerable.

Delgado señaló que esta situación niega el derecho a este sector de la población a un pleno desarrollo. Dijo que el Estado tiene un reto grande, ya que la calidad de vida de la niñez está amenazada.

Cristosal, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote acompañan a las víctimas en este proceso. 

Irene Gómez, abogada de Cristosal, dijo que desde el año pasado se ordenó la entrega de los restos a los familiares.  Señaló que el retraso en la entrega se debe al cambio de juez al frente del proceso judicial.

Familiares de víctimas de El Mozote están  a la espera que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ordene a Medicina Legal la entrega de los restos de sus familiares, ejecutados por elementos de la Fuerza Armada hace 41 años.

Los restos pertenecen a 10 personas del caserío Yancolo, de Cacaopera, en Morazán. Las exhumaciones se realizaron en noviembre de 2019. En la extracción de los restos óseos participó Silvana Torner, una forense argentina y médicos forenses del Instituto de Medicina Legal.

Fidel Pérez Pérez lleva tres años a la espera que el juzgado les entregue los restos de su ser querido. Desde el pasado viernes les vienen anunciando que les entregarán los restos, sin embargo Medicina Legal aún no realiza la entrega.

Por otra parte, la integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular manifestó que en el país ha persistido la migración a causa de las malas condiciones de vida y mencionó como ejemplo, el aumento de las detenciones de salvadoreños en la frontera México – Estados Unidos.

Otros aspectos que mencionó Urrutia son el alza en el precio de la canasta básica y el congelamiento del salario y pensiones, que están incrementando la pobreza en El Salvador.

El régimen de excepción también ha dejado niños y niñas abandonados, debido al arresto de sus padres y parientes, señala Sonia Urrutia.

Este año ha sido difícil para las mayorías populares porque su nivel de vida ha desmejorado. La situación económica ha sido mala, los ingresos de la población fueron golpeados por los precios altos, ya que el salario nunca ha estado acorde a las necesidades de la familia salvadoreña, opina Sonia Urrutia del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

A esto se suma el aumento de las enfermedades como COVID-19, dengue, infecciones respiratorias y otros, que han deteriorado la salud de la población.

Urrutia dice que otro golpe ha sido el régimen de excepción, donde se han arrestado a mujeres, sin que se les compruebe que pertenecen a pandillas.

Tojeira dijo que si quieren sacar a las familias de la isla, deben indemnizarlas y garantizarles una vivienda mejor a la que tienen.

A criterio del padre José María Tojeira, lo que ocurre en la Isla Tasajera en el departamento de la Paz, es grave pues la gente que ha cuidado de la tierra y de los ecosistemas se ven amenazados de ser desalojados, para dar paso a  la construcción de un megaproyecto turístico de la familia Closa Salazar.

Tojeira señaló que las instituciones del Estado deben tomar en cuenta que las personas que habitan la isla tienen años viviendo ahí, y el derecho de propiedad no puede estar sobre los derechos humanos de las personas.

El sacerdote jesuita dijo que la legislación salvadoreña, desde hace muchos años, ha demostrado desconocimiento de los derechos humanos. Además Tojeira recordó que El Salvador firmó tratados internacionales  que recalcan que los derechos de propiedad no pueden estar sobre los derechos humanos.

La  Mesa por la Sustentabilidad de los territorios de Ahuachapán también dijo que hay una  deuda en aprobar leyes, como por ejemplo, la Ley de la Soberanía Alimentaria, Ley sobre el control de los agrotóxicos; Ley Cero Basura y la Ley de Prevención de Desastres; entre otras que urgen, manifestó Alfredo Guevara, líder comunitario y Tatiana Oliva, técnica de la UNES.