También las comunidades han sufrido con los megaproyectos que amenazan los ecosistemas, uno de ellos, la construcción de la presa hidroeléctrica en Nahuizalco, que podría dejar sin agua a las comunidades que se abastecen del  río Sensunapán,  dijo Cecilio Contreras, de la Mesa de los Territorios.

Contreras agregó que los monocultivos de caña de azúcar están generando serios daños en la salud de muchos de los pobladores de Sonsonate. Además el monopolio de los cultivos de azúcar impide cultivar otros productos, por lo que piden leyes que protejan a la población.

La Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate y Ahuachapán presentaron un balance ambiental 2022, en el que destacan el aumento de los permisos ambientales que dan pie a la depredación ambiental  y el mercantilismo de los recursos naturales.

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, detalló que no hay voluntad de parte de las autoridades para cumplir los marcos normativos vigentes que ordenan la protección de las áreas naturales. 

Existe un retroceso en la visión de protección ambiental en la actual administración gubernamental, que ha otorgado más de mil 500 permisos ambientales, indicó González.

Los habitantes de la Isla Tasajera, ubicada en el Estero de Jaltepeque, en La Paz, dicen que este problema inició en el año 2005, y a la fuerza quieren adueñarse de una tierra que no les pertenece y, hasta la fecha no han mostrado documentos legales que los acredite como tal. Así lo dice Marisela Flores, habitante de la isla.

Por su parte, Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que acompaña a los afectados de la Isla Tasajera, lamenta que la familia Closa, teniendo ya varios negocios hoteleros en la Costa del Sol, insista en destruir los recursos naturales de una zona protegida, para seguir expandiendo sus negocios turísticos.

Ramírez dice que la zona de Tasajera ha sido seleccionada para poder hacer un megaproyecto de negocios, el cual podría incluso enriquecer a la familia del presidente de la República.

Familias de la Isla Tasajera siguen sufriendo amenazas de desalojo forzado por parte de la familia Closa, quien desde el pasado 2 de diciembre incrementó las amenazas, destruyendo casas y quemando cultivos de marañón, explicó Marisela Flores, habitante de la zona.

Flores dijo que están en la incertidumbre ya que el Estado no brinda ningún tipo de apoyo y lamenta que la familia Closa haya llegado a la isla con acompañamiento de la Policía Nacional Civil.

La representante del sindicato explicó que entre los despedidos hay personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y adultos mayores que esperaban jubilarse. 

Para Henríquez, esto es una violación de derechos laborales, además, asegura que en los expedientes de las personas despedidas sin el debido proceso, no hay faltas ni siquiera leves.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados, SITRAFOPROLYD, se concentraron en la Alameda  Juan Pablo II del Centro de San Salvador, para denunciar despidos sin el debido proceso.

El viernes 9 del presente año entregaron a los empleados una carta de continuidad laboral. Sin embargo, a 21 personas les informaron que su contrato finalizará el 31 de diciembre del presente año.

Marcia Henríquez, secretaria general de SITRAFOPROLYD,  calificó de ilegal la suspensión de contratos porque está en vigencia el contrato colectivo.

El representante de ASTIC manifestó que la presidenta pro tempore del Comité Aduanero Centroamericano, nombrada recientemente, debe reunirse con los transportistas de carga para mejorar los procesos.

Las fronteras Centroamericanas hacen que un viaje de transporte de carga desde la frontera de Guatemala con México hasta Panamá dure 7 días, cuando en otros países esa misma distancia se hace en 21 horas.

El problema es que el precio del flete hace más caro el transporte de carga, solo la ida hasta Panamá tiene un costo de más de $3,000.00.

Alfaro dice que el Gobierno debería modernizar las aduanas para reducir la tardanza y la corrupción.

El servicio de transporte de carga para Centroamérica es costoso, debido a la tardanza y pagos adicionales que deben hacerse en el paso de cada frontera. Así lo manifiesta Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transporte de Carga (ASTIC).

El infectólogo Jorge Panameño lamentó que el Ministerio de Salud tenga en reserva la mayoría de datos, porque no permite conocer la información real sobre los ingresos y el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Además, sin información no se pueden crear estrategias adecuadas para prevenir enfermedades.