El Régimen de Excepción ha implicado costos adicionales para las familias a quienes les han detenido arbitrariamente a un ser querido en el marco del Régimen de Excepción.

Diversas familias y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que desde la entrada en vigencia del Régimen de Excepción,  el pasado 27 marzo, ha habido capturas arbitrarias o ilegales de personas trabajadoras que a pesar de  probar su inocencia, son puestas tras las rejas por la policía, solo para cumplir la cuota impuesta por los superiores. Así lo denunció el Movimiento de Trabajadores de la Policía.

El Gobierno salvadoreño ha admitido que ha habido algunos errores en las detenciones, sin embargo justifica o minimiza la situación. Lo cierto es que dichas capturas ha generado gastos en las familias de personas detenidas, muchas  son de escasos recursos.

Martha Esperanza, de 64 años de edad, tuvo que prestar $200 para poder comprar el kit de limpieza para su hija quien fue capturada cuando trabajaba en un comedor en el Bajo Lempa, Usulután. Esperanza manifestó que su hija no pertenece a grupos pandilleriles y que ella siempre ha buscado la forma de llevar el sustento a casa, de manera honrada.

Las autoridades han colocado rótulos en la zona para que las personas, que están llegando al penal de Mariona a preguntar por sus familiares detenidos en el marco del Régimen de Excepción, dejen sus números de teléfonos y que esperen una llamada telefónica para saber si su familiar saldrá o si permanecerá detenido en los próximos días.

Familias que se encontraban a la espera de la liberación de su pariente capturado en el marco del Régimen de Excepción, en las afueras del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido Mariona, fueron desalojadas del lugar.

Las cuadras de familias con colchonetas, hamacas y mantas que durante semanas permanecieron en el lugar  fueron retiradas de la zona y se colocó un fuerte dispositivo militar, para evitar que las familias volvieran a ubicarse en los alrededores del penal.

La medida surge luego que durante varias semanas centenares de familias permanecieran día y noche frente al portón principal del penal, a la espera de la liberación de sus familiares. Otros, solo querían información, pues no tenían datos certeros de dónde estaban sus parientes.

A pesar del retiro obligatorio y la presencia de militares y policías, algunas familias se mantienen cerca del recinto, pues aseguran que a media noche liberan a las personas capturadas.

Cristosal ha señalado constantemente que el actual Régimen de Excepción está en pugna con la Constitución, ya que suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.

En este contexto, organizaciones sociales han recabado más de 500 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y, además, se contabiliza la muerte de 16 personas.

Pese a ello, dice Abraham Ábrego que la actual administración de gobierno no ha tomado en cuenta violaciones a derechos humanos ni aspectos jurídicos establecidos y se teme que se siga violando la Constitución.

El 27 de marzo pasado diputados aprobaron un Régimen de Excepción el cual fue prorrogado por 30 días más. La razón que el Ejecutivo dio para que el Legislativo avalara dicha figura era el alza de homicidios. Sin embargo, según las mismas autoridades ya no hay aumento de homicidios por lo que el Régimen de Excepción no tiene razón de ser. Así lo dijo Abraham Ábrego, director de Programa de Litigio Estratégico de Cristosal.

Ábrego dijo que lo que sí podría hacerse es generar un nuevo decreto, sin embargo el alza de homicidios o algún otro señalamiento en materia de seguridad pública no podría usarse como argumento para darle vida a otro Régimen de Excepción.

Según reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ciudad de Berlín, en el departamento de Usulután, se encuentra bajo alerta de sismo. 

El informe enviado por Medio Ambiente indica que los temblores iniciaron el pasado 20 de mayo y a la fecha se contabilizan 49 movimientos. Estos han tenido magnitudes de 1.5 a 2.7. 

El sismólogo del Ministerio de Medio Ambiente Josué Serrano ha dicho que el origen de estos movimientos de tierra es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona.

Por otro lado, Otto Flores señala que los jueces nombrados por el Gobierno están siendo presionados para enviar a prisión a las personas capturadas durante el régimen de excepción, sin que haya suficientes pruebas en su contra.

A pesar que el Gobierno anunció el año pasado el cierre de tres centros penitenciarios en el país, hace una semana la Asamblea Legislativa aprobó una ley especial para construir nuevos recintos, a petición del presidente Nayib Bukele.

Otto Flores, abogado de la organización Los siempre sospechosos de todo, cuestiona cómo se financiará la construcción de dichas cárceles, cómo las administrará el gobierno y cómo alimentará a los privados de libertad.

Según Otto Flores, abogado de la organización Los siempre sospechosos de todo, el sistema carcelario en el país es deficiente desde hace décadas.

Con las más de 30 mil capturas, en el marco del régimen de excepción, hay un hacinamiento que supera el 100 %  de la capacidad de las cárceles.

Aunado a esto, cientos de familias permanecen fuera de los centros penitenciarios, en condiciones deplorables, a la espera de obtener alguna información de sus seres queridos o con la esperanza de que dejen en libertad a las personas que son inocentes.

Este escenario ha propiciado una crisis humanitaria dentro y fuera de los centros penitenciarios, según el abogado Otto Flores.

Semanas atrás, estas organizaciones presentaron 12 hábeas corpus y ahora se suman otras 39. En total son 51 solicitudes, explica Ruth López de Cristosal, quien exigió a los magistrados de la Sala trabajar apegados al derecho, pues en el marco del Régimen de Excepción ha habido detenciones ilegales y arbitrarias.