David Castro es productor agrícola del occidente del país y recordó que desde hace años enfrentan dificultades por ser pequeños productores agrícolas.

El Centro para la Defensa del Consumidor afirma que la producción agrícola familiar está bajo la responsabilidad de personas con avanzada edad y con bajo nivel de escolaridad que tiene escasa asociación empresarial y sólo el 8% recibe asesoría técnica del  Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA.

Danilo Pérez dice que el subsidio que proponen debe priorizar la producción de granos básicos como el maíz, el frijol, el sorgo y el arroz, porque es la base de la cultura alimentaria salvadoreña.

El Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, asegura que los insumos agrícolas se han disparado llegando hasta un 80% de sus costos.

El director ejecutivo del CDC, Danilo Pérez, dice que esto tendrá un gran impacto en la producción agrícola de carácter nacional, sobre todo en la producción 2022-2023.

Pérez reconoce que la producción 2021-2022 está asegurada, pero advierte que la próxima productividad agraria tendrá una repercusión importante en las ventas de productores nacionales y para los consumidores finales.

El representante del CDC pide una emergencia de carácter agropecuario a nivel nacional.

Los habitantes de diversas lotificadoras a nivel nacional tienen serios problemas y pese a que constantemente son denunciados a través de protestas, conferencias de prensa, e incluso visitando instituciones públicas, siguen sin resolver sus problemas. 

Según Heidi de Henríquez, de San Pedro Masahuat, en La Paz, integrante de las Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA, dentro de sus comunidades hay cárcavas, no hay calles de acceso, no hay saneamiento, ni agua potable, entre otras urgencias. 

Henríquez dijo que aunque estas necesidades no son nuevas, las autoridades de Gobierno no los escuchan. Este lunes 23 de mayo asistieron a la Dirección de Obras Municipales a plantear sus exigencias, ya que es dónde ahora se administran los fondos de las diferentes alcaldías.

En el 2021 se aprobó un decreto transitorio que buscaba legalizar y solventar los problemas denunciados, sin embargo esa normativa tenía serios vacíos  que impidieron el arreglo de los problemas. 

Unas 65 lotificaciones están en un limbo jurídico, dice Juan Antonio Calles, también de COFOA.

Los habitantes de diversas lotificadoras a nivel nacional tienen serios problemas y pese a que constantemente son denunciados a través de protestas, conferencias de prensa, e incluso visitando instituciones públicas, siguen sin resolver sus problemas. 

Según Heidi de Henríquez, de San Pedro Masahuat, en La Paz, integrante de las Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA, dentro de sus comunidades hay cárcavas, no hay calles de acceso, no hay saneamiento, ni agua potable, entre otras urgencias. 

Henríquez dijo que aunque estas necesidades no son nuevas, las autoridades de Gobierno no los escuchan. Este lunes 23 de mayo asistieron a la Dirección de Obras Municipales a plantear sus exigencias, ya que es dónde ahora se administran los fondos de las diferentes alcaldías.

Todos han seguido la misma línea de ocultamiento. Bastaría con una sola orden de colaboración pero, ningún comandante en jefe de la Fuerza Armada la ha dado, afirma Eduardo García. 

Por su parte, Margarita Zamora, investigadora de Pro-Búsqueda, señala que la desaparición forzada de niños y niñas durante la guerra es una desaparición continuada, ya que el dolor de las familias sigue.

Es evidente que todos los gobiernos, incluido el actual, de forma deliberada han intentado evadir la justicia y eso es un delito, señala Eduardo García, director ejecutivo de Pro-Búsqueda. 

Esta organización, dice García, ha tenido acceso a documentos en los que se puede constatar cómo el Estado Mayor sí generaba información de altas, de bajas, de enfermería. Sabemos que había 6 compañías y quiénes las comandaban, sin embargo nadie ha querido colaborar. Por el contrario, ha habido una constante en la obstaculización de la justicia.

Para sanar las heridas, las víctimas necesitan conocer qué sucedió y que se lleve ante la justicia a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos de población civil asesinada y desaparecida, durante los años de la guerra. 

En el norte de Chalatenango, durante la denominada Guinda de Mayo, decenas de niños fueron arrebatados de los brazos de sus madres y entregados a damas voluntarias de la Cruz Roja Salvadoreña. La población intentó huir de las balas del Ejército, muchos murieron ahogados en el río Sumpul. 

Eduardo García, director ejecutivo de la Asociación Pro-Búsqueda, recuerda cómo la población de esa zona, ante la noticia de que los puestos militares estaban reforzándose, intentó escapar, sin embargo muchos no lograron salvar sus vidas y decenas de niños fueron arrebatados por el Ejército.

Los representantes de las familias que se pronunciaron contra la nueva calle dijeron que la mañana de este domingo llegó al lugar maquinaria, donde se construiría la nueva calle, razón por la que se concentraron para demandar que no se procediera a la construcción.

Otra de las denuncias es que previo a la venta de las casas, les prometieron que les harían un corredor ambiental pero en la actualidad construyen en ese sitio más casas, trabajan las 24 horas y el ruido afecta a los habitantes del lugar, quienes no pueden ni conciliar el sueño por las noches.

Otro de los denunciantes aseguró que la casa de su propiedad será afectada por la calle nueva y además realizan proyectos que están contra la ley.