Residentes de Ciudad Marsella, en la zona Quartier 2, en San Juan Opico, La Libertad, denuncian que la empresa Global Developers S.A. de C.V. quiere construir una calle destruyendo el área verde inscrita en el Centro Nacional de Registros.

Los habitantes del lugar se concentraron en el área verde para denunciar que la empresa quiere construir más viviendas afectando el área verde que a ellos les corresponde.

Una de las denunciantes dijo a Radio YSUCA que exigen que no les derriben el muro perimetral, ni destruyan el área verde.

YSUCA también se trasladó hasta el penal conocido como Cárcel de Mujeres donde las familias deben esperar horas para entregar las bolsas con alimentos a las mujeres detenidas por supuestamente pertenecer a grupos delincuenciales.

Un hombre frente al penal dijo a esta emisora que su esposa fue arrestada y cuestionó que no le dan información sobre sus condiciones de salud.

Las madres duermen en cartones, bolsas de plástico que mientras llueven las usan de techo pero siempre se les moja la ropa adicional que llevan y deben tenderla en algunas pitas que amarran en algunos árboles.

Pero hay mujeres que sufren enfermedades como la presión arterial y hasta con falta de pastillas se mantienen frente al penal con la esperanza de volver a ver su hijo, así es el caso de doña Abelina de Moreno.

Madres, hermanos, padres estaban concentrados frente al penal conocido como mariona esperando que sus hijos sean liberados porque según dicen fueron capturados sin pertenecer a grupos criminales.

YSUCA habló con Eliza Marielos Avalos la noche del sábado quien a pesar de la lluvia seguía frente al penal porque asegura que su hijo es inocente y esperará hasta que lo dejen libre.

Duerme sobre un plástico y se alimenta con lo que puede comprar y en algunas ocasiones con café y pan que llegan a dejar unos religiosos en las noches.

Su hijo fue capturado a finales de abril del presente año en el período del Régimen de Excepción y desde entonces se mantiene frente al Centro Penal.

Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la PNC denuncia que los puestos pueden ser asignados a parientes de los mismos jefes policiales. Por otro lado los despedidos de manera forzosa quedarán con dificultades para pagar sus deudas y recibir tratamiento médico.

Solo para esta convocatoria son cerca de 250 trabajadores de áreas administrativas como transporte, servicios generales, logística, suministros, infraestructura, contabilidad, telecomunicaciones, entre otros. Prácticamente, casi la totalidad de hombres y mujeres despedidos son de la clase obrera, lo que sin duda afectará los ingresos y la estabilidad económica de cientos de familias salvadoreñas; sobre todo si se toma en cuenta que estas reuniones donde se convoca a trabajadores ya se han hecho en otras ocasiones recientes con igual o mayor número de trabajadores. Además, a ellos se suman los cientos de agentes, ejecutivos y oficiales que también están siendo retirados por haber cumplido sesenta años. Similar situación está ocurriendo con el personal de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

El representante del Movimiento de Trabajadores de la PNC dice que el retiro forzado de los trabajadores y trabajadoras es una medida inconsulta y son injustas las compensaciones.

Trabajadores y trabajadoras administrativas de la Policía Nacional Civil (PNC) con más de 60 años de edad fueron convocados a una reunión este lunes 23 de mayo del presente año en las instalaciones de administración de la corporación policial.

Las personas convocadas aseguran que es para anunciarles que el próximo 30 de mayo finaliza el contrato laboral. Además, les informarán sobre el proceso para recibir la compensación apegados al Decreto Legislativo Número 376, publicado en el Diario Oficial del 12 de mayo de 2022, el cual contiene la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la PNC manifestó que el retiro forzoso causa insatisfacción en los trabajadores y trabajadoras.

Ante el panorama actual para la prensa, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, instó al gremio a tomar medidas de precaución y a seguir denunciando.

En el Foro “Derechos Humanos desde la Comunicación, conversaron sobre la labor de las personas periodistas y las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de la información y comunicación como personas defensoras de derechos humanos.

Los ponentes dejaron claro que las personas defensoras de derechos humanos no solamente son aquellas que estudian derecho o que estudian una carrera específica como trabajo social, sociología o que realizan esta labor de manera comunitaria.

Sino también aquellas personas que documentan, aquellas personas que investigan, aquellas personas que hacen visible la información que los grupos de poder quieren mantener oculta, en este caso concreto los periodistas.

Alejandra Burgos de la Colectiva Feminista desde la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos instó al gremio periodístico a seguir con su ejercicio de la libertad de expresión y a organizarse sólidamente.

El derecho a defender derechos pasa por lo que compete al ejercicio del periodismo, según dijo Celia Medrano.

Así lo expresó en el Foro: “Derechos Humanos desde la Comunicación Social”. Un espacio en el que participó el presidente de la APES, César Fagoaga, la coordinadora del diplomado de formación a periodistas, Celia Medrano, la abogada de Cristosal, Ruth López y la integrante de la Colectiva Feminista, Alejandra Burgos.

Medrano manifiesta que una persona debidamente informada tiene los conocimientos necesarios y tiene la posibilidad de comparar la información que se le brinda y la que ella investiga y, eso le permite cualificar su capacidad de brindar su opinión.

A esto se suma la capacidad de poder ver si le están mintiendo o no y a partir de esa comparación y ese ejercicio de generar un proceso de análisis a partir de que ha tenido la libertad de tener acceso a información, toma sus propias decisiones y toma sus propias acciones.

Sin embargo, el derecho a opinar, el derecho a expresarse libremente, el derecho a organizarse y el derecho a protestar se están violentando en la actualidad.