El Bajo Lempa es una de las zonas en las que durante décadas las familias recibieron acoso por parte de la Fuerza Armada. Entre el 21 y el 31 de octubre de 1981, en el área rural de los municipios de San Agustín, Jiquilisco y Berlín, ubicados en el departamento de Usulután, murieron asesinadas a manos de la Fuerza Armada más de 500 personas. La masacre fue denominada "La Quesera" porque a esa localidad pertenecía la mayor parte de las víctimas.

Familias del Bajo Lempa condenaron  las acciones y piden que cese el Régimen de Excepción y las detenciones de personas trabajadoras y que capturen a aquellos que han cometido delitos.

Según los habitantes, en el Bajo Lempa se han realizado capturas de personas trabajadoras que no pertenecen a ninguna estructura criminal, sin brindar información o causa de su detención.

Heydi de Morales, una lideresa de las Comunidades Eclesiales de Base, explicó que están preocupados ante el acoso constante de las autoridades de seguridad en la zona, en donde al menos 50 personas han sido capturadas arbitrariamente, explicó Morales.

Familias provenientes de  comunidades del  Bajo Lempa, en Jiquilisco, Usulután, acompañados por organizaciones defensoras de derechos humanos, presentaron 39 hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, solicitando el estudio de cada uno de los casos en los que personas han sido capturadas ilegalmente por elementos de seguridad en el marco del estado de excepción. Así lo explicó Ovidio Mauricio de Tutela Legal “Doctora Maria Julia Hernández”.

La madrastra de un joven que sería liberado dijo que las autoridades les dijeron que no sacarían a sus parientes porque la gente se salía hacia la calle y generaban congestionamiento.

Familiares de jóvenes que fueron arrestados bajo el Régimen de Excepción sin cometer delitos ni pertenecer a organizaciones que cometen ilegalidades llegaron al penal de Mariona incluso desde zonas fuera de San Salvador, con la esperanza de que dieran la libertad a su pariente

Cientos de personas se mantuvieron frente al mencionado penal a pesar de la lluvia, algunas pagaron taxi a pesar de sus escasos recursos y se mantuvieron esperando sin comer, según manifestaron.

Una de las madres cuestionó que las autoridades no les entregaron sus parientes a pesar de las dificultades para llegar a traerlos.

Nicaragua: persecusión a la Iglesia Católica

Reporte desde Managua con el periodista Nelson Rodríguez.

Los integrantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular manifestaron que las medidas de seguridad que se aplican no solo son contra quienes violan la ley,  sino contra personas que tengan un pensamiento diferente al Gobierno, no importa que sean inocentes y no estén vinculados a grupos pandilleriles.

Samuel Ramírez, también integrante del BRP, responsabiliza al Gobierno si sufre agresiones u otros padecimientos en su salud el sindicalista arrestado.

Integrantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, BRP, condenaron el arresto del integrante del Sindicato de la Alcaldía de San Salvador, Giovanni Aguirre.

Manifestaron que una semana después de la marcha del 1 de mayo por el día del Trabajador y Trabajadora fue arrestado el sindicalista.

Sonia Urrutia, integrante del BRP, demandó la libertad del sindicalista, porque asegura que está libre de delitos y no descarta que su detención sea de carácter político.

Serán afectadas más de 20 comunidades del cantón Joya Galana, del municipio de Apopa, además de todas las comunidades del Área Metropolitana de San Salvador que ya tienen escasez de agua potable.

Diversas organizaciones sociales y medioambientales realizarán una caminata ecológica el próximo 7 de junio, para exigir justicia ambiental. Así lo explicó el reverendo Santiago Rodríguez, de la Iglesia Luterana y del Colectivo Salvemos Valle El Ángel.

El Colectivo Salvemos Valle El Ángel y el Foro del Agua se pronunciaron ante la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la cual declaró improcedente la demanda contra el Convenio ANDA/Dueñas por la concesión de 240 litros de agua por segundo para la construcción del proyecto Ciudad Valle El Ángel.

El agua que utilizará la familia Dueñas será del sistema de la zona norte de San Salvador, de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Esto es contradictorio a la Constitución, porque el artículo 103, inciso tercero, establece que el subsuelo pertenece al Estado y por tanto tiene la responsabilidad de protegerlo, advierten las organizaciones.

Agregaron que la Sala de lo Constitucional está siendo servicial a los intereses de  la familia Dueñas y del presidente de la República y con esto cierra la posibilidad de que otros instrumentos semejantes fueran impugnados ante la Sala. 

Carlos Flores, del Foro del Agua, manifestó que ante este escenario a la población solo le quedan las calles.