Carrillo asegura que la desaparición de personas continúa por la ausencia de una política pública en materia de seguridad que logre un balance entre la prevención y la represión; la Fiscalía tiene pocos recursos para atender la desaparición de personas, tiene sobrecarga en sus elementos fiscales y no hay un desarrollo de las capacidades técnico científicas para las investigaciones.
Entre 2014 y 2020 la Fiscalía registró 25,090 denuncias de personas desaparecidas, cuyas principales víctimas fueron niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Las familias de personas desaparecidas advierten de estigmatización y también hostigamiento por parte de funcionarios públicos, según Kerlin Belloso, abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia de Fespad.