Este jueves 12 de mayo, a las 9:00 de la mañana, la Universidad de El Salvador desarrollará una audiencia por denuncias de acoso contra empleadas de la unidad de comunicaciones de la universidad.

Ya hay un dictamen sobre el caso por parte de la Fiscalía General de la República, según el vicerrector académico, Raúl Azcúnaga; sin embargo, no quiso dar más detalles al respecto.

Este 13 y 14 de mayo se conmemorará 42 años de la masacre en el Sumpul. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen demandando al Estado salvadoreño justicia y reparación, señaló Felipe Tobar, presidente de la Junta Directiva de la Asociación.

Miriam Ayala es sobreviviente de la masacre del Sumpul. Tenía 14 años cuanto vivió en carne propia aquella masacre en donde su hermana de 15 años junto a otros amigos fueron asesinados en el río Sumpul y otros fueron arrastrados por la correntada.

La masacre del Sumpul tuvo lugar en Chalatenango,  durante la Guerra Civil Salvadoreña. El 13 de mayo de 1980, la Fuerza Armada de El Salvador lanzó una ofensiva contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. La ofensiva causó el desplazamiento de muchos refugiados, que fueron atacados al día siguiente por el Ejército salvadoreño. Se calcula que murieron alrededor de 600 personas. Tanto El Salvador como Honduras negaron su responsabilidad en la masacre.

42 años después, familiares de las víctimas que sobrevivieron a la masacre, lamentan que los cientos de casos sigan en la impunidad. El asesinato de niños, ancianos y adultos lo tienen aún presente, dice Ayala.

José Antonio Quinteros Portillo, de 25 años de edad, ha sido capturado por la PNC, acusado de agrupaciones ilícitas y lavado de dinero y activos. Según explicó su tío, José Quinteros, el martes 10 de mayo fue capturado en su lugar de residencia, donde funciona un negocio familiar. 

Los miembros de la PNC al registrar el lugar de residencia encontraron más de 20 mil dólares. Según explicó José Quinteros, el dinero es producto de las ganancias del negocio y además de sus ahorros. 

Pese a ello la policía se lo llevó detenido a las bartolinas de la colonia Zacamil, a pesar de no tener antecedentes penales ni ser miembro de pandillas, afirma Quinteros.

El Régimen de Excepción ha sido instaurado en el país desde el 27 de marzo y, en el mes de abril, fue prorrogado por los diputados de la Asamblea Legislativa. A la fecha hay más de 27 mil hombres y mujeres detenidos, entre éstos, hay un porcentaje importante que no tienen señalamientos comprobados y mientras investigan han sido obligados a mantenerse en prisión. 

Dolores Almendarez es otra de las capturadas. Ella es empleada de la Alcaldía de Cuscatancingo y secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la comuna. Sin embargo, la policía señaló que se la llevaban por ser colaboradora activa de pandillas, aunque no han presentado pruebas que así lo confirmen, señalan sus allegados. 

Sus compañeros de la comuna de Cuscatancingo exigen su libertad inmediata.

José Antonio Quinteros Portillo, de 25 años de edad, ha sido capturado por la PNC, acusado de agrupaciones ilícitas y lavado de dinero y activos. Según explicó su tío, José Quinteros, el martes 10 de mayo fue capturado en su lugar de residencia, donde funciona un negocio familiar. 

Los miembros de la PNC al registrar el lugar de residencia encontraron más de 20 mil dólares. Según explicó José Quinteros, el dinero es producto de las ganancias del negocio y además de sus ahorros. 

Pese a ello la policía se lo llevó detenido a las bartolinas de la colonia Zacamil, a pesar de no tener antecedentes penales ni ser miembro de pandillas, afirma Quinteros.

Al esposo de Karla Monge los policías lo capturaron el pasado 28 de marzo bajo el Régimen de Excepción. En reiteradas ocasiones ha denunciado que desde esa fecha desconoce cómo se encuentra. Tampoco sabe si los procesos legales se están llevando a cabo. 

Karla dice que se siente abandonada por el Estado, ha visitado en varias ocasiones la Procuraduría General de la República, en donde se le ha asignado un abogado de oficio, sin embargo nunca ha podido reunirse, ni ha podido entregar documentos de su esposo para que este tenga un debido proceso.

Karla dice sentirse sin apoyo. Nadie le brinda información y asegura que ella también ha sido acosada por los miembros de la Corporación Policial de Rosario de La Paz, en el departamento de La Paz, su lugar de residencia. 

Según dijo a Radio YSUCA, los policías le amenazan, la han golpeado en varias ocasiones y le advierten que no interponga denuncia por la captura de su esposo. A raíz de esta situación, Karla Monge ha tenido que dejar su vivienda, que ha sido saqueada por estar abandonada.

Al esposo de Karla Monge los policías lo capturaron el pasado 28 de marzo bajo el Régimen de Excepción. En reiteradas ocasiones ha denunciado que desde esa fecha desconoce cómo se encuentra. Tampoco sabe si los procesos legales se están llevando a cabo. 

Karla dice que se siente abandonada por el Estado, ha visitado en varias ocasiones la Procuraduría General de la República, en donde se le ha asignado un abogado de oficio, sin embargo nunca ha podido reunirse, ni ha podido entregar documentos de su esposo para que este tenga un debido proceso.

Desde la implementación del Régimen de Excepción la Fiscalía General de la República, FGR, ha pausado las investigaciones y procesos de las personas desaparecidas, debido a que los fiscales se encuentran trabajando en los requerimientos de las personas capturadas en este contexto. Así lo explicó Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad.

Belloso dijo que varios familiares de víctimas  de los casos que Fespad acompaña les han expresado que los procesos se encuentran paralizados.