Belloso dijo que las autoridades tienen la obligación de investigar y apoyar a las familias de víctimas desaparecidas. “Las víctimas no pueden seguir esperando y las primeras horas de las personas desaparecidas son clave para encontrarlas con vida”, recalca Belloso.

Desde la implementación del Régimen de Excepción la Fiscalía General de la República, FGR, ha pausado las investigaciones y procesos de las personas desaparecidas, debido a que los fiscales se encuentran trabajando en los requerimientos de las personas capturadas en este contexto. Así lo explicó Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad.

Belloso dijo que varios familiares de víctimas  de los casos que Fespad acompaña les han expresado que los procesos se encuentran paralizados.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, presentó la investigación denominada “Análisis del caso: El cementerio clandestino de Chalchuapa, El Salvador y la narrativa oficial desde la cobertura periodística”.

Hace un año se encontraron 11 fosas con varios cuerpos de personas desaparecidas. Estaban en la casa número 11-“A” del callejón Estévez, en el municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. La investigación de Fespad revela errores de las autoridades  y ocultamiento de información.

Según  Héctor Carrillo, director del Programa de Acceso a la Justicia de Fespad, la investigación realizada, a través del análisis a las diversas publicaciones recabadas por medios de comunicación y otros expertos, revela una serie de irregularidades en torno al caso de Chalchuapa. Por ejemplo, que el principal sospechoso de los crímenes -un exagente de la PNC-  tenía una orden de captura previa a los asesinatos descubiertos el 7 de mayo de 2021; además de la revictimización que las autoridades han tenido con  las víctimas.

Por su parte, Dina Martínez, de la dirección de Acceso a la Justicia de Fespad, señaló  que las instituciones del Estado salvadoreño no han funcionado, pues a las familias de las víctimas y residentes de la zona no se les ha brindado atención integral u otros apoyos.

El director ejecutivo de Fespad, Henry Fino señaló que  los cementerios clandestinos en El Salvador no son un fenómeno nuevo, sin embargo,  el caso Chalchuapa refleja las falacias cometidas por las autoridades policiales quienes  tardaron en llegar a la escena del crimen a pesar de la denuncia hecha por los residentes que alertaron al 911 luego que una de las víctimas lograra escapar y diera aviso a los vecinos.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, presentó la investigación denominada “Análisis del caso: El cementerio clandestino de Chalchuapa, El Salvador y la narrativa oficial desde la cobertura periodística”.

Hace un año se encontraron 11 fosas con varios cuerpos de personas desaparecidas. Estaban en la casa número 11-“A” del callejón Estévez, en el municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. La investigación de Fespad revela errores de las autoridades  y ocultamiento de información.

Según  Héctor Carrillo, director del Programa de Acceso a la Justicia de Fespad, la investigación realizada, a través del análisis a las diversas publicaciones recabadas por medios de comunicación y otros expertos, revela una serie de irregularidades en torno al caso de Chalchuapa. Por ejemplo, que el principal sospechoso de los crímenes -un exagente de la PNC-  tenía una orden de captura previa a los asesinatos descubiertos el 7 de mayo de 2021; además de la revictimización que las autoridades han tenido con  las víctimas.

Parientes de la familia Ramírez y organizaciones de derechos humanos demandan de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa instalar de forma urgente la mesa técnica en la que se discutirá con las víctimas y las organizaciones la Ley de Justicia Transicional para las Víctimas del Conflicto Armado. Señalan que es una deuda pendiente que el Estado debe cumplir.

Rafael Segura, integrante del Comité de Presos Políticos de El Salvador, dijo que diferentes gestiones gubernamentales hacen caso omiso de sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, Alejandro Ramírez Hernández también mostró fotografías de sus familiares asesinados en esa fecha y dijo que ante ese crimen el Estado salvadoreño sigue en deuda.

Organizaciones que integran la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, MECIES, y el Grupo Gestor para la Aprobación de la Propuesta de Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, se presentaron al Monumento a la Memoria y a la Verdad en el Parque Cuscatlán, de San Salvador, para conmemorar el 40 aniversario de la masacre “Natividad Ramírez y otros”, ocurrida entre el 9 y 10 de mayo de 1982.

Los familiares de las víctimas han demandado al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El hecho fue atribuido a efectivos de la Fuerza Armada por capturar,  desaparecer y asesinar a nueve integrantes de la familia Ramírez, en el volcán de San Salvador. 

Carlota Ramírez, portando fotos de dos de sus parientes asesinados, recordó las atrocidades cometidas por militares de aquel entonces. A la fecha, los crímenes siguen en la impunidad, dijo.

Integrantes de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, ANDES 21 de Junio, llegaron al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, ISBM, a entregar una serie de propuestas para mejorar el servicio de salud a los educadores cotizantes.

Israel Montano, secretario general de ANDES 21 de Junio, dijo que es necesario abrir botiquines en municipios donde no hay acceso al ISBM y mejorar la atención en las unidades correspondientes.