Los juegos Centroamericanos se celebrarán en El Salvador del 23 junio al 8 julio. El gobierno ha anunciado cierres de algunas calles para la inauguración en el Estadio Jorge «Mágico» González, aún en proceso de remodelación.

Asimismo, la movilización de los deportistas para las distintas sedes y traslados implica complicaciones en el tráfico.

Algunos ciudadanos consultados por YSUCA opinan que los cierres vendrán a complicar el traslado de los salvadoreños hacia sus lugares de trabajo o estudio.

El joven reprocha que las autoridades de la UES guardaran silencio ante la pérdida de autonomía, por la que estudiantes lucharon y ofrendaron su vida en el pasado.

Los juegos Centroamericanos se celebrarán en El Salvador del 23 junio al 8 julio. El gobierno ha anunciado cierres de algunas calles para la inauguración en el Estadio Jorge «Mágico» González, aún en proceso de remodelación.

Asimismo, la movilización de los deportistas para las distintas sedes y traslados implica complicaciones en el tráfico.

Algunos ciudadanos consultados por YSUCA opinan que los cierres vendrán a complicar el traslado de los salvadoreños hacia sus lugares de trabajo o estudio.

692 denuncias se registraron entre enero y junio de 2022, según el estudio de FESPAD, “Con el régimen de excepción siguieron los casos de desapariciones", añadió Cuéllar.

FESPAD señala que la información reservada afecta a las familias de los desaparecidos en el proceso de búsqueda, justicia y apoyo de otras instituciones. “Con dicha reserva se mantiene la práctica de otros gobiernos de no atender a las víctimas de desapariciones”, según FESPAD.

Sandra Chafoya, del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, narró que desde 2021 busca a su hijo que desapareció. Ella manifestó que tras 2 años, la Fiscalía General de la República no ha investigado.

Por su parte, Benjamín Cuéllar, consultor, calificó El Salvador como un “enorme cementerio clandestino”, pues las desapariciones forzadas que vienen desde antes de la guerra se suman a las actuales desapariciones de personas, muchas a causa de las pandillas, expresa. Cuéllar agregó que la actual gestión de gobierno no se salva, ya que la práctica de desapariciones continúa, dijo.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, presentó los resultados del estudio “Situación de la desaparición de personas en El Salvador y la respuesta del Estado en la gestión gubernamental”.

Dicho informe revela que entre el período 2019-2022 se reportan 6 mil 443 personas desaparecidas, de las cuales 2 mil 397 siguen sin ser encontradas, precisó Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD.

Fino cuestionó el trabajo de la Fiscalía General de la República, FGR y de la Policía Nacional Civil, PNC, por no brindar información de los casos y cifras actualizadas de las personas desaparecidas.

El funcionario destacó en un programa radial, que esta decisión podría impedir el trabajo programado para el comité evaluador de las compañías ofertantes del voto en el exterior. Por otra parte, señaló que algunos empleados del TSE han trabajado horas extra y fines de semana, con el objetivo de agilizar las labores, pero dicho asueto podría retrasar los procesos.

Como algo “grave”. Así calificó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, los efectos de las disposiciones transitorias aprobadas este martes por la Asamblea Legislativa, que permitirá licencia remunerada debido a los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que se desarrollarán del 23 de junio al 8 de julio del 2023.

El magistrado recordó que la máxima autoridad electoral experimenta una serie de retrasos en su calendario y manifestó que esto les “complica” su planificación, debido a que “hay plazos perentorios” que no se pueden prorrogar en el procedimiento de contratación de la empresa que auditará y ejecutará el voto electrónico en el exterior del 2024.

En el país se eliminó la CICIES, una promesa del presidente Bukele, que empezó a investigar los casos de corrupción que ocurrieron durante la pandemia. Sin embargo, el grupo se desarticuló y fue expulsado, a la fecha no se sabe qué pasó con esos casos documentados, dice la representante de la Fundación para el debido proceso, DPLF.

Indacochea dice que esto es grave, ya que no se sabe qué gastos se hicieron, qué contratos se firmaron, qué tipo de insumos se adquirieron. Con todo ello, se envía un mensaje erróneo montado sobre una narrativa de una supuesta lucha contra la corrupción.

En la lucha contra la corrupción se deben crear mecanismos que no generen impunidad, se debe evitar el secretismo u ocultamiento de datos señala la abogada Úrsula Indacochea. Pero en El Salvador estamos viendo todo lo contrario dice Indacochea,  ya que la corrupción no se está combatiendo. Esto es preocupante porque hay instituciones como la Fiscalía General de la República, que se ha convertido en una entidad que reacciona a lo que el presidente dictamina.