El Salvador tiene herramientas claves para luchar contra la corrupción dice Úrsula Indacochea, directora de programa de la Fundación para el debido proceso, DPLF, sin embargo han existido decisiones que han roto con el control que estaba establecido y que permitía la transparencia, la lucha contra la corrupción y la separación de los poderes del Estado.

Indacochea señala que la corrupción en el país es estructural, es decir el sistema está predispuesto para que la corrupción ocurra. A esto se le suma los recientes cambios como la desarticulación de algunas unidades de la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, le preocupa que la guerra contra la corrupción sea considerada simplemente una persecución de personas, ya que este es un signo de fracaso.

La verdadera guerra contra la corrupción son cambios estructurales en materia de transparencia y rendición de cuentas, dice Indacochea.

Los diputados aprobaron autorizar al Órgano Ejecutivo emitir títulos valores hasta por un mil millones de dólares, para convertir deuda de corto plaza en mediano y largo plazo para intentar mejorar el riesgo de país.

La diputada de VAMOS Claudia Ortiz cuestionó esta acción, ya que considera que es un reflejo de que el Gobierno se está quedando sin fondos para honrar sus compromisos crediticios.

En las calles se observan camas, sillas, mesas, láminas y otras pertenencias de las familias desalojadas. Quienes pueden pagar un transporte se llevan sus pertenencias, pero quienes no tienen a donde ir, se han quedado a orilla de la calle sin saber qué hacer.

Una de las personas desalojadas dijo a YSUCA que además de ser sacados de los terrenos, han sido presionados para no guardar evidencias. A una mujer que grababa un video le retorcieron los dedos para quitarle el teléfono y borrar las imágenes del desalojo, comentó la fuente.

El terreno de la Finca Argentina está rodeado por un muro y al interior sólo pueden entrar quienes están sacando sus pertenencias y desarmando sus casas de lámina y madera. En la entrada hay vigilantes privados con armas de fuego, son quienes regulan la entrada a la zona donde se construirá un proyecto con paneles solares.

Otro de los habitantes afectados dice que se han incumplido los procesos legales del desalojo, ya que se han destruido los cultivos que servirían de alimento para las familias. El lugareño mencionó los apellidos de quienes, ahora, están a cargo de las tierras.

Desalojan a más de 100 familias de la Finca Argentina en Opico

En el cantón Agua Escondida de San Juan Opico, está la Finca Argentina, donde unas 135 familias han sido desalojadas de los terrenos donde vivían y utilizaban para cultivar. Vivían en casas de lámina y madera, ahí sobrevivieron más de cinco años.

Pero hace tres meses una empresa llegó a la zona a construir un muro que rodeó las viviendas y tras la finalización de la construcción les pidieron a las familias que desalojaran, de no hacerlo la maquinaria les destruiría las casas.

Argumentaron que son propietarios del terreno y que en esa zona se instalarán paneles solares.

Pero un representante de las familias asegura que el terreno es propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y, a su juicio, esas tierras no pueden venderse, además el lugar es una zona protegida.

Los habitantes cuestionan los permisos que el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Salvadoreña del Agua han dado a la empresa. Insisten en que se respete la autonomía de la Alcaldía de Suchitoto, que no entregó los permisos para la construcción del pozo, dijo Menjivar.

Habitantes de la comunidad La Mora, en el kilómetro 8 de la carretera que conduce de Suchitoto a Aguilares rechazan la construcción de la “Granja Suchitlán".

La empresa Avícola Salvadoreña S.A de C.V pretende construir la granja avícola en las cercanías de los pozos de las comunidades, poniendo en riesgo de contaminación el suministro de agua de la población, manifiestan integrantes de la comunidad.

De acuerdo con Eliseo Menjivar, miembro de la comunidad La Mora, les preocupa que la granja los deje sin agua.

Lilian ha sido condenada a 30 años de prisión, según dijo a YSUCA Idayari Góchez de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Asegura que la condena es injusta y no hay delito.

Góchez dice que en el año 2015 Lilian tuvo un parto en el Hospital Nacional San Juan de Dios en Santa Ana, sin embargo la hija no sobrevivió las 72 horas de nacida bajo tutela del hospital.

El hospital se negó a aceptar las acusaciones de negligencia y según dijo la miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, acusó a Lilian de abandono y luego se cambio al delito de homicidio.

Los habitantes cuestionan los permisos que el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Salvadoreña del Agua han dado. Insisten en la necesidad de que se respete la autonomía de la Alcaldía de Suchitoto que no ha dado los permisos para la construcción del pozo, dijo Menjivar.

Habitantes de la comunidad La Mora, en el kilómetro 8 de la carretera que conduce de Suchitoto a Aguilares rechazan la construcción de la “Granja Suchitlán".

La empresa Avícola Salvadoreña S.A de C.V pretende construir la granja avícola en las cercanías de los pozos de agua de las comunidades poniendo en riesgo el suministro de agua de la población y contaminación de las aguas.

De acuerdo con Eliseo Menjivar, miembro de la comunidad La Mora, les preocupa que la granja los deje sin agua.