Las empresas han presentado sus estudios de impacto ambiental, pero a juicio de Patricia Zuleta son planos que no están de acuerdo a la realidad, esto ha permitido que se otorguen los permisos de parte de las instituciones.

Xenia Noyola es otra habitante de San Salvador, quien lamenta que no se escuche la voz de los residentes de la zona, ya que en reiteradas ocasiones han mostrado su desacuerdo por la destrucción ambiental.

Noyola dice que el daño ambiental no sólo será en la zona cercana al proyecto, sino que afectará al país.

La destrucción ambiental continúa sin parar. Habitantes de la zona sur de San Salvador denuncian que las cordilleras del Bálsamo y del Cerro San Jacinto están bajo amenazas, ya que hay proyectos urbanísticos que están ocasionando tala de árboles, desplazamiento de animales y cambiando el agua por cemento, dijo Emma García, del CESTA.

Patricia Zuleta, habitante de San Salvador, dijo que estos proyectos tienen un año de haber iniciado, sin embargo debido a las lluvias ha quedado evidenciado que es una zona inestable, a tal punto que ya se han reportado derrumbes de piedras y lodo.

Zuleta dice que las empresas constructoras han visto en el río Cuapa un blanco perfecto para descargar las aguas grises de las residenciales que se construyen, sin embargo con ello se destruye una reserva importante de agua.

Cuando se construyó la Residencial Santorini también se bloqueó el río Aguachía y cuando llueve esa parte se inunda, dijo Patricia Zuleta. Temen que lo mismo suceda con el afluente del río Cuapa y que afecte a unas 30 comunidades de Santo Tomás y San Marcos, incluso los habitantes de Joya Grande en las riberas del lago de Ilopango saldrían afectados.

El jurídico de la comuna negó que la asistencia de Dolores Mejicanos a la FGR obedezca a un citatorio para investigar dichas situaciones anómalas. Según el funcionario, el monto defraudado asciende a más de tres millones. Explicó que un millón se depositó en marzo del 2022 y dos millones a final de ese mismo año.

El alcalde de Chinameca, José Dolores Mejicanos, interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República en contra de una cooperativa de San Miguel, llamada ACOMATIC de R.L., que ha sido señalada de estar involucrada en delitos de lavado de dinero.

El 19 de mayo pasado, la FGR informó de la captura de seis personas involucradas en los delitos de Lavado de Dinero y Defraudación a la Economía Pública que incluyó a socios y fundadores directivos de dicha cooperativa. Los detenidos habrían movilizado más de 49 millones de dólares en el sistema financiero.

Ante este panorama, el edil y su Concejo Municipal se han visto obligados a responder por haber aprobado sacar fondos de la cuenta de la comuna para pasarlos a esa entidad financiera cuestionada por ejecutar una serie de irregularidades.

Sin embargo, Mejicanos trató de justificar dicha acción y pidió al Ministerio Público que facilite la liberación de los recursos malversados.

Las empresas han presentado sus estudios de impacto ambiental, pero a juicio de Patricia Zuleta son planos que no están de acuerdo a la realidad, esto ha permitido que se otorguen los permisos de parte de las instituciones.

Xenia Noyola es otra habitante de San Salvador, quien lamenta que no se escuche la voz de los residentes de la zona, ya que en reiteradas ocasiones han mostrado su desacuerdo por la destrucción ambiental.

Noyola dice que el daño ambiental no sólo será en la zona cercana al proyecto, sino que afectará al país.

La destrucción ambiental continúa sin parar. Habitantes de la zona sur de San Salvador denuncian que las cordilleras del Bálsamo y del Cerro San Jacinto están bajo amenazas, ya que hay proyectos urbanísticos que están ocasionando tala de árboles, desplazamiento de animales y cambiando el agua por cemento, dijo Emma García, del CESTA.

Patricia Zuleta, habitante de San Salvador, dijo que estos proyectos tienen un año de haber iniciado, sin embargo debido a las lluvias ha quedado evidenciado que es una zona inestable, a tal punto que ya se han reportado derrumbes de piedras y lodo.

Zuleta dice que las empresas constructoras han visto en el río Cuapa un blanco perfecto para descargar las aguas grises de las residenciales que se construyen, sin embargo con ello se destruye una reserva importante de agua.

Cuando se construyó la Residencial Santorini también se bloqueó el río Aguachía y cuando llueve esa parte se inunda, dijo Patricia Zuleta. Temen que lo mismo suceda con el afluente del río Cuapa y que afecte a unas 30 comunidades de Santo Tomás y San Marcos, incluso los habitantes de Joya Grande en las riberas del lago de Ilopango saldrían afectados.

Del consulado de Colombia en El Salvador y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le confirmaron a Alejandra que el 21 de diciembre de 2022 se realizó la audiencia especial de imposición de medidas y el juzgado especializado de instrucción B4 de San Salvador decretó “la continuación del proceso con la medida cautelar de la detención provisional por el plazo de instrucción de 6 meses, mientras le realizan el juicio”.

En el correo enviado por dichas instancia le confirman que Andrés está recluido en el Centro Penitenciario de Admisión, Diagnóstico y Clasificación inicial para Persona Privada de Libertad en Ilopango, San Salvador.

Andrés lleva 6 meses preso. Su esposa Alejandra pide su liberación

Le había comentado a Alejandra, su esposa, que muchas zonas estaban militarizadas y había sido detenido en cuatro ocasiones, pero lo habían dejado libre.

Andrés había planeado que si le iba bien en El Salvador se traería a su esposa y sus dos hijos. Para viajar a El Salvador vendió la moto y gastó sus ahorros.

Aún estaba en la búsqueda de un empleo en El Salvador. En Colombia hacía trabajos varios, su último trabajo fue en una empresa de mensajería.

Salía todos los días para ver si encontraba un empleo, dice Alejandra. Pero acepta que desconocían la realidad del país en cuanto al desempleo. Se dejaron llevar por la propaganda del gobierno salvadoreño.

El colombiano Andrés Felipe Castañeda González, de 31 años, viajó a El Salvador movido por la propaganda del Bitcoin y por ser el país “más seguro del mundo".

Andrés trabajaba de oficios varios, pero su deseo por mejorar su calidad de vida y la de su familia, lo llevó a tomar la decisión de vender su motocicleta y sacar sus pocos ahorros para emprender un viaje del cual no ha logrado regresar, pues lleva 6 meses en prisión.

Llegó al país el 15 de noviembre de 2022, pero no había pasado ni un mes cuando fue arrestado el 07 de diciembre, en el marco del régimen de excepción, por supuestamente pertenecer a pandillas.

El día de su captura estaba desayunando, cuando los policías por quinta ocasión lo interrogaron. Ese día Andrés no tuvo la misma suerte y fue detenido acusado de agrupaciones ilícitas. Su esposa escuchó parte de la conversación que Andrés tuvo con los policías, pues en ese momento tenían una videollamada.

Carlos Rivera, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, ANTA, lamenta las acciones de amenazas y la utilización del régimen de excepción para que abandonen los terrenos. Agrega que la gente lo único que quiere son “tierras para trabajar".