Tema: 2 años del 9F

Invitada: Ruth López, jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal

⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

Por su parte el doctor Eduardo Espinoza, de la organización ALAMES Margarita Posada, ha señalado que debido a que el manejo de la pandemia en el país ha sido un fracaso, no es conveniente minimizar los tiempos de aislamiento. Además señala que esto podría incrementar los niveles de subregistro.

Para muchos médicos es necesario revisar el tiempo de incapacidad que se está otorgando a los pacientes positivos por la covid-19.  Para el infectólogo Jorge Panameño, hoy en día únicamente se deberían indicar 7 días de aislamiento, sin embargo al momento de volver a sus labores debería presentar una prueba negativa de covid-19.

El abogado Saúl Baños dice que el aumento en el número de soldados puede ser peligroso, porque el Gobierno reserva para sí el suficiente poder coercitivo para desarticular cualquier actividad del sector social que no le guste.

El defensor de derechos humanos dice que la segunda implicación que ve es en el ámbito institucional. En la actualidad, en el país no hay separación de poderes, que es uno de los pilares fundamentales del régimen democrático.

La intervención del presidente de la República con militares y personal armado el 9 de febrero de 2020, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, fue una medida calificada como brutal y escandalosa.

Cuando las cosas van mal en El Salvador hay una receta bastante probada para que la conversación cambie y la opinión de todos sea favorable: el líder debe volverse autoritario y mejor aún, arroparse con todos los gestos militares que pueda convocar. Eso fue lo que la sociedad salvadoreña vivió el domingo 9 de febrero.

A dos años de ese hecho, el abogado y defensor de derechos humanos, Saúl Baños se refirió al incremento del autoritarismo y militarismo en el país. Baños dice que en El Salvador se venía dando una regresión en materia de remilitarización, pero nunca antes de la firma de Los Acuerdos de Paz, en 1992, se había dado un acontecimiento como el sucedido el 9 de febrero de 2020.

Entre las pruebas que se presentó para sustentar la denuncia está el peritaje ejecutado por Access Now y The Citizen Lab y validado por Amnistía Internacional.

Por su parte, Jonathan Sisco, abogado anticorrupción de Cristosal, dice que la adquisición del software Pegasus es ilegal al interferir en comunicaciones de los ciudadanos y en actividades ilegales que la misma Constitución en su artículo 24 “prohíbe que las autoridades y particulares realicen cualquier actividad que pueda calificarse como interferencia o intervención de las comunicaciones sin autorización judicial”.

López explicó que la Ley de la Corte de Cuentas tiene la facultad de investigar el uso de los fondos públicos, incluidos aquellos que están destinados a uso del Organismo de Inteligencia, ya que se estima que se podría haber comprado el software por un costo de 8 millones de dólares.

Cristosal presentó este martes 8 de febrero una denuncia ante la Corte de Cuentas de la República (CCR), por el posible uso de fondos públicos en la adquisición del software espía conocido como Pegasus. La denuncia es contra el presidente de la República, el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), el ministro de Justicia y Seguridad y el de Defensa Nacional.

Amnistía Internacional dio a conocer semanas atrás que verificó el "uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas" y activistas de derechos humanos en El Salvador. "Una investigación conjunta de Access Now y The Citizen Lab ha identificado la utilización a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador", indicó el organismo en un comunicado de prensa.

Según Ruth López, jefa Anticorrupción de Cristosal, la investigación internacional reveló que El Salvador ha sido espiado por Pegasus. Debido al alto costo del programa y capacidad económica e interés de la adquisición del software es el Gobierno de El Salvador quien lo pudo haber adquirido, por lo que piden a la Corte de Cuentas que investigue el origen de los fondos para la compra.