Las mujeres rurales dicen sentirse desprotegidas por el Gobierno, por lo que exhortan al presidente Nayib Bukele a que invierta en la población más necesitada y en programas sociales, no solo en el bitcóin y en proyectos cosméticos que de poco sirven para el bien de la población más pobre de El Salvador.

Según la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, el Gobierno debe apoyar más a la agricultura salvadoreña y apostarle al producto nacional ya que desde hace años se sigue beneficiando a los alimentos que vienen de afuera.

Las mujeres rurales además muestran su preocupación ante los graves daños al medio ambiente y cuencas acuíferas que se están viendo afectadas ante el cambio climático.

Según Mhayde Recinos, del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, ante los efectos del cambio climático, las mujeres del campo están teniendo problemas para poder obtener los alimentos.

Recinos dijo que es fundamental para la agricultura resguardar los bienes naturales y el apoyo para la seguridad alimentaria.

Mujeres rurales denuncian incremento de precios de la canasta básica

La Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales (ADDMR) mostró su preocupación ante el alza en los precios de los productos de la canasta básica alimentaria.

De acuerdo con Guadalupe Esquivel, de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Región Central, FECORACEN, los precios de los alimentos afectan cada vez más los bolsillos.

Los diputados afines al Gobierno no han tomado en cuenta la propuesta ciudadana para la Ley del agua, han dejado fuera la participación ciudadana, el enfoque de cuencas, el enfoque de género y el saneamiento.

Para Amalia López, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa, siguen con la idea que lo privado es mejor que lo público.

A los diputados que estudian la Ley del agua, “sus financistas les corrigieron la plana”

Amalia López, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, lamentó lo que está sucediendo en la Comisión Ad hoc que estudia la Ley General de Recursos Hídricos.

Pareciera que es una derecha que profundiza el modelo neoliberal y atiende a intereses de grupos económicos específicos, por lo que no extraña que a pesar de su discurso, hayan modificado el artículo 61 del proyecto de ley, para extender el plazo para que empresas puedan tener hasta 30 años para la explotación de acuíferos, según López.

En horas de la noche del domingo 17 de octubre, un total de 35 puestos fueron devorados por el fuego en el Mercado Colón, en el departamento de Santa Ana, según cifras brindadas por el Cuerpo de Bomberos.

Comerciantes aseguran que en cada puesto se ha perdido al menos 20 mil dólares y esperan apoyo gubernamental, ya que sus lugares de trabajo quedaron reducidos a cenizas.

Los vendedores de los puestos afectados se mostraron molestos, ya que hasta tempranas horas de este lunes 18 de octubre no habían tenido acercamiento con el alcalde de la localidad. Además, no les habían habilitado la entrada a los locales para conocer con exactitud la magnitud de sus pérdidas.

Uso y explotación del Agua, con Amalia López, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua y Rodolfo Calles, del Foro Nacional de Salud.

7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

Los exjueces del oriente del país brindaron una conferencia de prensa para denunciar la desobediencia de la Corte Suprema de Justicia ante decisiones judiciales de medidas cautelares y nombramientos así como traslado de jueces, tal y como esta establecido en el decreto 144 de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

Según dijo Rodolfo Calles, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, el carácter comunitario con la ley en discusión queda de lado. Un ejemplo de esto son las Juntas de Agua que de ahora en adelante tendrán que pagar cánones por el aprovechamiento del agua.

Calles dijo que con estas medidas las comunidades podrían verse afectadas y quedar sin servicio de agua.

Para los miembros de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, de nada ha servido el análisis del proyecto de Ley General de Recursos Hídricos que se ha realizado en el Órgano Legislativo.

Según explico Morena Murillo, integrante del Foro Nacional de Salud, a la fecha no se han creado mecanismos de participación ciudadana, con enfoque de cuenca y se ha dejado la mayoría de las decisiones en manos del presidente de la República.

Por otro lado, se ha otorgado permisos de 15 a 30 años a empresarios para que exploten los acuíferos y cuerpos superficiales y se han eliminando permisos ambientales.