Por su parte, Wilfredo Berrios, dirigente del Frente Sindical Salvadoreño, condenó la actitud del presidente de la República y de su gabinete al no querer escuchar a los ciudadanos y dar por sentado cosas que el pueblo no quiere.

Las mujeres textileras también marcharon y gritaron a todo pulmón que, desde que el actual mandatario asumió el poder, la seguridad jurídica, el respeto laboral y la lucha de las mujeres han sufrido retrasos enormes.

Así lo explica Rosa Granados, representante del sector:

La marcha avanzó por la 25 avenida norte de San Salvador y luego abarrotó la Alameda Juan Pablo Segundo. Entre las consignas y pancartas resaltaba el rechazo al bitcóin, a la destitución de jueces y magistrados, a la reelección presidencial, el repudio a las reformas a la Constitución de la República, a una dictadura en el país, entre otras demandas.

Pese a este incidente, la marcha se realizó con cientos de salvadoreños que se dieron cita por tercera ocasión, en este año 2021, en los alrededores del Parque Cuscatlán. En el lugar, el juez Antonio Durán aseguró que es imposible quedarse callado ante tanta violación de derechos.

La Policía Nacional Civil intentó bloquear a los salvadoreños que se movilizaron desde el interior del país hacia San Salvador y que buscaban participar en la marcha para denunciar las violaciones a derechos ciudadanos que desde los tres poderes del Estado se ejecutan contra la población salvadoreña.

Samuel Ramírez, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía, dijo a Radio YSUCA que la Policía Nacional Civil detuvo varios buses y no dejó a los motoristas avanzar hacia la capital.

En septiembre de 2020, el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres adoptó medidas de protección a favor del grupo familiar de Erick Romero, entre ellas, el desalojo del inmueble en el que habitaba con la familia, imposición de cuota alimenticia y el cese del hostigamiento y amenazas a su cónyuge.

Wilson Sandoval enfatizó que un funcionario público no puede estar al frente de una institución defensora de los derechos humanos con un proceso de violencia intrafamiliar en su contra.

A través de un comunicado el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) informó en sus redes sociales, que Erick Romero dejará de ser parte de la institución.

Romero presentó el 21 de julio su renuncia al cargo por estar involucrado en procesos judiciales y administrativos de violencia intrafamiliar; sin embargo, el Consejo Directivo del CONNA ratificó a Romero en el cargo, a pesar que el funcionario ha sido sancionado por el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

El pasado 11 de octubre 11 organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) una solicitud de destitución de Erick Romero como presidente de dicha institución.

El pasado 14 de octubre Erick Romero presentó por segunda vez su renuncia al cargo. El CONNA, en el marco de la asamblea extraordinaria desarrollada el sábado 16 de octubre, sometió a votación para elegir a Álvaro Clemente, como presidente del Consejo Directivo.

Al respecto, Wilson Sandoval, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para El Desarrollo, ALAC-FUNDE, aplaudió la decisión ante actos antiéticos que violentaban las leyes salvadoreñas.

Montti dijo que cada uno de los casos denunciados a Cristosal se está procesando a fin de poder acompañar a las víctimas del robo de su identidad en la aplicación gubernamental Chivo Wallet.

La Asociación Cristosal habilitó un formulario en línea para que la ciudadanía hiciera sus denuncias por la usurpación de su identidad en la aplicación Chivo Wallet. Es decir, para quienes su DUI ya había sido utilizado, sin su autorización, para la instalación de dicha aplicación y el cobro de los $30 dólares.

Según la directora de investigación en Derechos Humanos de Cristosal, Rina Montti, desde el sábado 9 al jueves 14 de octubre, Cristosal recibió 751 denuncias, de las que 703 han sido válidas.

Montti explicó que en este caso se ha cometido el delito de uso falso del Documento de Identidad, tipificado en el artículo 288 del Código Penal y el hurto de identidad y revelación indebida de datos o información de carácter personal, tipificados en los artículos 22 y 26 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos (LEDIC).

Los miembros de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, ALAMES, ha señalado que el actual Gobierno no está brindando las cifras reales de muertos, ni de los contagios diarios por la COVID-19.

El Gobierno está manipulando datos de la pandemia generando un ambiente de desinformación, señala David Marroquín de ALAMES y miembro del Foro Nacional de Salud.