Hay un problema con el acoso a la juventud de Chalatenango, explicó el padre José María Tojeira, director del IDHUCA. Considera que la Policía debe poner atención e investigar la actitud de algunos de sus miembros.

Estas acciones de acoso hacen que los jóvenes opten por marcharse del país, dice el padre Tojeira.

Los habitantes del Manzano sospechan de una catedrática, quien en el año 2007 escribió un libro en el que narra historias, son una especie de leyendas, pero que incluyen pasajes de la vida real de algunos habitantes del Manzano, pero tomadas sin su autorización. Las historias tienen más mentiras que verdades, dice José Luis. Esa misma persona acusó injustamente de robo a un integrante de una cooperativa de la zona, quien debido al acoso, decidió emigrar a Estados Unidos en el año 2006, comentó.

Para José Luis, la detención de los jóvenes es parte de estas mentiras y difamaciones que, luego de 2018, se volvieron a repetir este año. Es por eso que pide un juicio justo basado en una verdadera investigación de los hechos.

El hijastro de José Luis fue capturado en 2018 y también ha sido condenado a 15 años. Desde este año ha denunciado el hecho sin mayor temor. La denuncia que han hecho sobre las detenciones de los jóvenes en 2018 y 2021 ha sido la causa de amenazas.

YSUCA publicó el 03 de septiembre una nota en la que expuso el caso, pero días después de la publicación apareció un rótulo sobre un árbol cerca de la casa de José Luis. En el cartel, hecho de un pedazo de cartón, se lee una amenaza a una de las familias. “Chon, con todo lo que estás haciendo estás obligando a que la gente sepa quién mató a tu primo Óscar”, se lee en la nota.

Según José Luis, quien escribió el mensaje se refiere a un asesinato que ocurrió en 2013 en el Manzano, un hecho que sorprendió a los pobladores debido a que no suelen suceder actos violentos en esa zona. Con ese mensaje lo intentan vincular con ese hecho de violencia, si no deja de hablar sobre el caso de los jóvenes capturados.

A Luisa le llevaron a su hijo, Juan Carlos, la misma madrugada de diciembre de 2018. Se dedicaba a cultivar hortalizas y luego las vendía. No se metía con nadie, ni siquiera salía a la calle, dice su madre. Ese día los policías buscaban armas, pero no encontraron nada.

Hubo contradicciones en el proceso, asegura Luisa, eso le han dicho los abogados. Cuando realizaron el careo se dedujo que no hubo participación de su hijo. Sin embargo, los documentos posteriores decían lo contrario, que su hijo Juan Carlos sí participó de la extorsión, pero vía telefónica. Pese a las inconsistencias, fue condenado a 15 años. Desde 2018 su madre no lo ha podido ver ni una vez, “ni siquiera una llamada”, se lamenta.

Mediante un grupo de WhatsApp se enteró que su hijo estaba ingresado en el Hospital Rosales porque ha desarrollado insuficiencia renal, una enfermedad que antes no padecía. A dos años y 10 meses de estar preso ya está recibiendo tratamiento de diálisis. Su enfermedad la padece bajo las rejas en el penal de Quezaltepeque.

La ausencia de Juan Carlos tiene triste a su hijo de 4 años que ahora cuida Luisa, su madre de 64 años,quien debe inventarse un cuento cada vez que el niño le pregunta ¿dónde está mi papi?

Karla quería estudiar idiomas. Había dejado su trabajo en un restaurante de San Salvador, porque los horarios eran agotadores. Regresó al Manzano, en Dulce Nombre de María, con el deseo de ir a la universidad. A sus 22 años tenía planes, estudiaría en la misma universidad junto a Pamela, su hermana menor. Lamentablemente, esos sueños fueron truncados por los policías y militares la madrugada del 18 de diciembre de 2018, cuando le notificaron que iría detenida por el delito de extorsión.

El médico epidemiólogo Alfonso Rosales, de la Asociación Americana de Salud Pública, afirma que El Salvador maneja un subregistro mayor de 400% y con la mayor tasa de letalidad por covid-19 en Centroamérica.

En El Salvador este subregistro provoca que la muerte no cuente, ya que el diagnóstico de fallecimiento será  “sospechoso de covid-19” y no será incluido entre los 7 o 12 fallecimientos diarios que reporta el Ministerio de Salud.

Según el doctor Rosales pueden existir dos causas de este subregistro: una es que el sistema de vigilancia epidemiológica del país sea débil y la otra es que los datos se manipulen con fines políticos y debido a esto no se ha podido diseñar estrategias adecuadas para confrontar el problema de las alzas de coronavirus.

Las mujeres rurales piden que se reivindique y reconozca el trabajo y la lucha que las mujeres campesinas hacen para acceder a la tierra y poder aportar en la economía de su entorno familiar.

Claribel Ayala, Colectiva Feminista dijo que según datos de la última encuesta de hogares de propósitos múltiples revela que 200 mil personas viven de la agricultura de esa cifra más de la mitad son mujeres campesinas, precisó Ayala.

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Según Naciones Unidas las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Mujeres rurales piden acceso a tierras

En el marco del día internacional de las mujeres rurales, la mesa de mujeres suelo y tierra presentarán el próximo 19 de octubre ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para el acceso y títulos de propiedad de inmuebles para las mujeres.

Según Ana Maria Menjivar, integrante de la mesa de mujeres suelo y tierra desde muchas décadas atrás las mujeres no han tenido acceso a tierras para cultivar y para vivienda.

Menjivar dijo que la propuesta de ley busca darles seguridad jurídica a las mujeres en los inmuebles.

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, SIMEDUCO, interpuso una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, contra la ministra Carla de Varela.

La denuncia fue interpuesta por la supuesta vulneración al derecho a la vida, integridad física y salud de los docentes, ya que hasta la fecha han fallecido casi 300 maestros, sin que la ministra de Educación haya tomado cartas en el asunto, según Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO e integrante de la Federación de Trabajadores Públicos de El Salvador.

Los diputados afines al Gobierno acordaron la reducción del 10% al 1.5% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social para las Municipalidades, FODES, que corresponde a los ingresos corrientes del Estado orientados a las 262 alcaldías del país.

El presidente de la República Nayib Bukele dijo en la UCA, durante su campaña electoral, que en lugar de quitar el FODES a las alcaldías, había que aumentarlo, recordó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA.

Con el FODES se distribuye o comparte el poder. Al quitar el FODES, las municipalidades pasan a ser un ente administrativo, dejan de ser un ente de desarrollo, advierte Omar Serrano.