Los artistas, malabaristas, comerciantes, estatuistas, integrantes de orquestas, carrozas, agrupaciones musicales, payasos, comediantes, solistas, músicos, mariachis, grupos de danzas, de eventos de belleza, vendedores informales, entre otros, calificaron como “ilógico” que el gobierno no ha prohibido la concentración masiva de personas en eventos deportivos o en bares y restaurantes; pero si ha prohibido las fiestas patronales o eventos públicos en menor escala.

Los afectados presentaron un escrito a los parlamentarios para pedirles que deroguen el decreto o se les dé opciones de trabajo, dijo Walter Miranda organizador de eventos.

“Decreto que prohíbe la realización de espectáculos públicos nos mata en vida”, señalan artistas salvadoreños

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una prórroga del decreto transitorio denominado “Disposiciones Especiales y Transitorias de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos o Privados”, el cual fue extendido hasta el 16 de febrero de 2022.

David Morales es un payaso y comediante salvadoreño quien aprovecha las fiestas patronales o parques hacer sus show. Morales dijo que durante casi dos años de la pandemia su trabajo se ha visto reducido al no poder laborar libremente.

Con la extensión del decreto transitorio que avalaron los parlamentarios se mata en vida a los artistas salvadoreños, porque sino trabajan no podrán llevar el sustento a sus familias, dijo Morales.

Diferentes organizaciones de la Mesa Territorial de la Cordillera de El Bálsamo, junto al Foro del Agua, presentaron una denuncia ante el Juzgado Ambiental, en Santa Tecla, por las afectaciones que se encuentra haciendo la Empresa Rodríguez S.A. de C.V. en dos ríos de la zona sur del departamento de La Libertad.

Según la denuncia, dicha empresa está extrayendo piedra y arena para comercializarla. Esto afectará a tres comunidades, que concentran más de 300 familias, ya que eleva los niveles de vulnerabilidades ante inundaciones, así lo explicó Héctor Ortiz, de la Asociación Comité de Rescate de Cuencas de La Libertad

El investigador del área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, Rommel Rodríguez, afirma que otro dato que llama la atención es el incremento de presupuesto para el Organismo de Inteligencia del Estado, OIE y la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Estos incrementos son cuestionables, según Rodríguez.

El Gobierno elaboró su presupuesto de 2022 con un escenario macroeconómico optimista. Sin embargo, el economista de la FUNDE, Rommel Rodríguez, cuestiona ¿Qué pasaría si la economía no crece como se espera? Ya que esto vendría a incrementar la deuda del país y se volvería una rueda de caballito, ya que se tendría que seguir prestando para ir pagando la deuda.

El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2022 asciende a un total de 7 mil 967.7 millones de dólares, con una brecha presupuestaria de $498 millones, es decir, este es el monto que requerirá ser financiado para el próximo año.

Por otro lado, para el año 2022 el presupuesto refleja un incremento para el servicio de deuda de más de 269 millones de dólares. Año con año este rubro sufre incrementos preocupantes, ya que para financiar el presupuesto los préstamos se obtienen a grandes intereses, apunta Rodríguez.

El proyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2022 fue entregado por el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre de 2021, pero no se hizo público, sino hasta el lunes 11 de octubre, cuando fue entregado a cada grupo parlamentario.

Para el investigador del área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Rommel Rodríguez, en el proyecto de presupuesto para el próximo año hay una deuda pública creciente, una sobreestimación de cuánto dinero recibirá el Ministerio de Hacienda en 2022 y la omisión de otros gastos obligatorios para el Estado.

Si bien el economista reconoce que ahora hay mecanismos que han mejorado la recolección tributaria y además el envío de remesas ha mejorado, esto no podría ser suficiente para financiar el ejercicio fiscal 2022.

Proyecto de Presupuesto de 2022 refleja incrementos de gastos cuestionables

Según cifras oficiales, en 2020, el 44.8% de las personas desaparecidas fueron encontradas con vida, y más del 45% fueron encontradas sin vida o no fueron encontradas.

Hay casos de familias a quienes la Fiscalía no les da información sobre sus desaparecidos, por eso se organizan y se pronuncian en las redes sociales o en las calles para exigir que se investigue su caso.

Para Zaira Navas, las autoridades no han establecido un mecanismo efectivo para la atención de los familiares de víctimas de desaparición forzada.

De enero a agosto de 2021, la Fiscalía General de la República registró cuatro personas desaparecidas diariamente.

La jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, señala que la falta de transparencia en el tema de desapariciones forzadas ha llevado a que organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación tengan que pedir las cifras vía acceso a la información pública. Además, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y Medicina Legal no tienen un solo registro de personas desaparecidas.

Navas lamenta que este tema no esté en la agenda gubernamental.

Tema: Desaparecidos, con Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal

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