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Karla Guevara, del Colectivo Alejandría, lamentó que al frente de la institución se coloquen a personas sin experiencia y que no quieren trabajar en articulación con las organizaciones de la sociedad civil, con quienes ya se había creado todo un sistema a favor de las víctimas, el cual ha sido desmontado.

Para Johanna Ramírez, coordinadora del Área de Atención a Víctimas del Servicio Social Pasionista, González López no cuenta con los atestados para poder ejercer el cargo.

Ramírez explicó que el Manual de Descripción de Puestos del Ministerio requiere para el cargo una licenciatura en Relaciones Internacionales o Ciencias Jurídicas. Además, se debe contar con cinco años de experiencia laboral con responsabilidad en la dirección administrativa y gerencia.

Piden anular nombramiento del director nacional de Atención a Victimas de Migración Forzada

El Colectivo Alejandría, Cristosal y el Servicio Social Pasionistas (SSP), presentaron un escrito al despacho del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para que anule el nombramiento de Giovanni Antonio González López, como Director Nacional de Atención a Victimas de Migración Forzada, por carecer de idoneidad. 

Según, Abraham Ábrego, director de Litigio de Cristosal, la solicitud de nulidad para Giovani González responde a que el nombramiento del funcionario no reúne los requisitos y el perfil establecido.

Ábrego dijo que la institución no esta brindando el servicio adecuadamente a las víctimas, además hay un incumplimiento de la Ley de Desplazamiento Forzado, aprobada en enero 2020, donde se establece la creación de un sistema de protección de víctimas.

Además, Abraham Ábrego, director de Litigio de Cristosal, dijo que la institución no está brindando el servicio adecuadamente a las víctimas y hay un incumplimiento de la Ley de Desplazamiento Forzado, aprobada en enero 2020, donde se establece la creación de un sistema de protección de víctimas.

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Karla Guevara, del Colectivo Alejandría, lamentó que al frente de la institución se coloquen a personas sin experiencia y que no quieren trabajar en articulación con las organizaciones de la sociedad civil, con quienes ya se había creado todo un sistema a favor de las víctimas, el cual ha sido desmontado

Además, Abraham Ábrego, director de Litigio de Cristosal, dijo que la institución no está brindando el servicio adecuadamente a las víctimas y hay un incumplimiento de la Ley de Desplazamiento Forzado, aprobada en enero 2020, donde se establece la creación de un sistema de protección de víctimas.

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Karla Guevara, del Colectivo Alejandría, lamentó que al frente de la institución se coloquen a personas sin experiencia y que no quieren trabajar en articulación con las organizaciones de la sociedad civil, con quienes ya se había creado todo un sistema a favor de las víctimas, el cual ha sido desmontado

Piden anular nombramiento del Director Nacional de Atención a Victimas y Migración Forzada.

El Colectivo Alejandría, Cristosal y el Servicio Social Pasionistas (SSP), presentaron un escrito al despacho del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para que anule el nombramiento de Giovanni Antonio González López, como Director Nacional de Atención a Victimas y Migración Forzada.

Johanna Ramírez, coordinadora del área de atención a victimas del Servicio Social Pasionista, afirmó que el funcionario no cuenta con los atestados para poder ejercer el cargo.

Ramírez explicó que el manual de Descripción de Puestos del Ministerio requiere para el cargo una licenciatura en Relaciones Internacionales o Ciencias Jurídicas. Además, se debe contar con cinco años de experiencia laboral con responsabilidad en la dirección administrativa y gerencia.

Por otro lado, desde la llegada de Daniel Ortega al poder en Nicaragua, la Ley de Acceso a la Información Pública se convirtió en papel mojado. La información pública que entregan las instituciones es parcializada, muestra de ello es la relacionada a licitaciones entregadas a los hijos de la pareja presidencial, señala Marlin Sierra, de CENIDH.

En El Salvador el mensaje que se le está enviando a la población y a la comunidad internacional es que se está diseñando un sistema político que permite la impunidad en potenciales casos de violaciones a los Derechos Humanos, según Omar Flores de FESPAD.