En el caso de Nicaragua, desde que asumió el poder el presidente Ortega diversos organismos han denunciando la violación a derechos civiles y políticos, la ruptura del orden Constitucional, la violación del Estado de Derecho.

Hoy Nicaragua vive en un estado de excepción de facto. En medio de una crisis política, económica y social, el próximo 7 de noviembre se van a celebrar elecciones presidenciales, donde los principales candidatos opositores están detenidos o inhabilitados, afirma Marlin Sierra, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH.

Nicaragua y Honduras ya habían recorrido el camino de la ruptura de la institucionalidad del Estado que ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Ahora le toca a El Salvador, señala Omar Flores de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.

Tanto el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, como el director ejecutivo, Eduardo Escobar, verificaron el registro no autorizado de sus Documentos Únicos de Identidad, DUI, en la aplicación lanzada por el Gobierno y administrada por Chivo S.A de C.V. para transacciones en bitcóin.

Escobar puso énfasis en que el riesgo es que se les vincule en hechos delictivos, cometidos a través de dicha billetera.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por los delitos de uso falso de documento de identidad, hurto de identidad, divulgación no autorizada, utilización de datos personales, obtención y transferencia de información de carácter confidencial, revelación indebida de datos o información de carácter personal.

El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, también hizo un llamado a la Defensoría del Consumidor, a la Corte de Cuentas de la República y a la Asamblea Legislativa para que se activen ante las denuncias de la ciudadanía por la utilización indebida y sin autorización de sus datos personales en la aplicación Chivo Wallet.

Situación de los Derechos Humanos en Centroamérica, con Omar Flores de FESPAD; Marlin Sierra, de CENIDH y Erick Knudson, de CONADEHUPA.

7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

El editorial de hoy escuchamos el pronunciamiento de la UCA sobre las niñas

El juez ambiental de San Miguel, Elí Díaz y la jueza ambiental de Santa Ana, Norma Lemus, de momento, no han sido removidos pero están amenazados, según señalan los miembros del Foro del Agua. Ambos han dictado resoluciones marcando precedentes importantes a favor de la justicia ambiental.

Para Dalia González, vocera del Foro del Agua, esta reconfiguración dentro del Órgano Judicial busca dar vía libre a empresas saqueadoras que habían sido sancionadas por el sistema judicial ambiental, representando así el inicio de un aumento de la mercantilización de la naturaleza.

Las niñas en El Salvador urgen de protección

En el marco del día internacional y Nacional de las Niñas que se conmemora cada 11 de octubre, la Red de niñas y niños de El Salvador (RENAES) y las 45 organizaciones de la Red para la Infancia y Adolescencia de El Salvador (RIA) hicieron el llamado al Estado salvadoreño a promover acciones encaminadas a la igualad y la no discriminación de las niñas y adolescentes.

Ponen énfasis en que el Estado debe adoptar medidas de escucha y protección de las niñas, inversión en la educación, la investigación de la desaparición de las niñas, entre otras acciones.

Según Georgina de Villalta, Gerente General de RIA, son varios los problemas que las niñas enfrentan en la sociedad salvadoreña como por ejemplo: las Violaciones en menores de edad que llegó a 756 en el primer semestre de 2021, de las cuales 494 son del grupo de cero a los 14 años y 262 adolescentes entre 15 y 17 años.

De Villalta destacó la importancia de visibilizar los problemas y la necesidad de sostener un diálogo intergeneracional que garantice los derechos de las niñas

Los diputados aprobaron una serie de reformas a la Ley de la Carrera Judicial, con las cuales la Corte Suprema de Justicia destituyó a magistrados y jueces de 60 años de edad o con más de 30 años de servicio.

Para el Foro del Agua con dicha acción se desmantelaron los juzgados y cámaras ambientales. Según Carlos Flores, del Foro, Prueba de ello es la remoción efectuada de dos magistrados de la Cámara Ambiental de Santa Tecla, Samuel Lizama y Cesia Romero.

Sin embargo, los puestos serán ocupados por magistrados que no velarán por el derecho ambiental, si no por intereses económicos, señala Flores.

Habla sbre lso retos que hay en la sociedad para que se respeten los derechos de las niñas