En la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos, presentada por el Gobierno y la única que está siendo discutida en la Asamblea Legislativa, no se hace una diferencia entre las Juntas de Agua y las grandes empresas, a las cuales se les otorgará permisos por 15 años para extraer más de 473 millones de litros de agua al año.

Las Juntas de Aguas son administradas por personas de las mismas comunidades, con poco conocimiento técnico y sin un fin lucrativo del agua. Además, las Juntas de Agua reciben un subsidio de energía eléctrica por parte del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, FISDL; y ahora que el Gobierno cerrará esta instancia, las comunidades se quedarán sin este beneficio.

El Gobierno está buscando hacer quebrar a los proyectos de las Juntas de Agua, en detrimento de la población más necesitada del país, según advierte Orlando Aguiluz, presidente de ABASORTO e integrante de la coordinadora de Juntas de Agua a nivel nacional.

Las Juntas Administradoras Comunitarias de Agua han advertido que están siendo vistas como fuentes de ingresos para el Gobierno.

Las Juntas de Agua nacieron debido a que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, no les proveía del vital líquido y les tocaba caminar grandes distancias para recoger agua de los ríos. Sin embargo, ahora que los proyectos ya están bien establecidos, ANDA quiere tomar posesión de ellos, según narra Rosario Cruz, del cantón Istagua, en San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán.

Los diputados oficialistas de la comisión ad hoc que estudian el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos eliminaron el literal “e”, del artículo 63, para que los permisos emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente no sean un requisito para el uso del agua con fines industriales y recreativos.

Esto concuerda con lo ocurrido en 2019, cuando el presidente de República, Nayib Bukele, ordenó al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, desentrampar los permisos ambientales para generar desarrollo económico en el país.

De acuerdo con Amalia López, integrante de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, quitar los permisos ambientales responde a una acción en detrimento de los ecosistemas y sin pensar en las afectaciones que se puedan generar contra la población salvadoreña.

López dijo que la propuesta del Gobierno sigue respondiendo a intereses mercantilistas y los actuales diputados siguen haciendo lo mismo que hacían las otras legislaturas.

Los diputados oficialistas de la comisión ad hoc que estudian el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos eliminaron el literal “e”, del artículo 63, para que los permisos emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente no sean un requisito para el uso del agua con fines industriales y recreativos.

Esto concuerda con lo ocurrido en 2019, cuando el presidente de República, Nayib Bukele, ordenó al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, desentrampar los permisos ambientales para generar desarrollo económico en el país.

De acuerdo con Amalia López, integrante de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, quitar los permisos ambientales responde a una acción en detrimento de los ecosistemas y sin pensar en las afectaciones que se puedan generar contra la población salvadoreña.

López dijo que la propuesta del Gobierno sigue respondiendo a intereses mercantilistas y los actuales diputados siguen haciendo lo mismo que hacían las otras legislaturas.

De 2015 a 2020, El Salvador registró 105,930 embarazos en niñas y adolescentes, un promedio de 48 diarios, según el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, "Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes. Mapa El Salvador 2020".

Solo durante 2020, el Ministerio de Salud registró un total de 12 mil 982 inscripciones prenatales en niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, de las cuales 503 fueron niñas de 14 años o menos. El mayor reporte de casos se dio después del mes de junio de 2020, “lo que hace suponer que estas niñas fueron víctimas de abuso sexual durante el confinamiento en sus hogares, lo que terminó en un embarazo”, afirma el estudio.

Neus Bernabeu, Representante de UNFPA en El Salvador afirmó que el embarazo en niñas y adolescentes tiene un efecto devastador en el ejercicio de sus derechos, dado que genera graves afectaciones para su salud.

En 2019 el número de niñas de 0 a 11 años víctimas de amenazas o vulneraciones a derechos fue de tres mil 456, mientras que en el caso de las adolescentes de 12 a 17 años se reportaron seis mil víctimas de amenazas o vulneraciones a derechos.

Según la Fiscalía General de la República, los delitos de violencia sexual es las adolescentes mujeres entre los 12 a 17 años de edad ha ido en aumento. En 2016, se contabilizaron tres mil 83 víctimas de violencia sexual y para 2019, el número fue de tres mil 564. Entre los delitos que contabilizan la violencia sexual están: violación, acoso sexual, estupro y otras agresiones sexuales.

El UNFPA señala que urge en el país: servicios de salud sexual y reproductiva, la educación y la protección de las niñas a través de la lucha contra la impunidad por delitos cometidos contra ellas, señala Bernabeu.

De 2015 a 2020, El Salvador registró 105,930 embarazos en niñas y adolescentes, un promedio de 48 diarios, según el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, "Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes. Mapa El Salvador 2020".

Solo durante 2020, el Ministerio de Salud registró un total de 12 mil 982 inscripciones prenatales en niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, de las cuales 503 fueron niñas de 14 años o menos. El mayor reporte de casos se dio después del mes de junio de 2020, “lo que hace suponer que estas niñas fueron víctimas de abuso sexual durante el confinamiento en sus hogares, lo que terminó en un embarazo”, afirma el estudio.

Neus Bernabeu, Representante de UNFPA en El Salvador afirmó que el embarazo en niñas y adolescentes tiene un efecto devastador en el ejercicio de sus derechos, dado que genera graves afectaciones para su salud.

Laínez contó que hace unas semanas atrás, el MINSAL le llamo a su casa para que su esposo, ya fallecido, se vacunara. Ante esta situación, cuestionó a la institución por no tener la información sobre sus empleados ya fallecidos.

MINSAL no quiere reconocer al personal de salud fallecido

El colectivo de familiares de trabajadores de la salud fallecidos por covid-19 lamenta que las autoridades del Ministerio de Salud, MINSAL, han abandonado a las familias del personal médico fallecido por covid 19.

Según Laura Laínez, coordinadora del colectivo, en reiteradas ocasiones han pedido apoyo ante las necesidades por las que están pasando por la muerte de sus familiares cabezas de hogar.

Laínez explicó que el Ministerio de Salud se ha negado a darle cumplimiento al Decreto Legislativo 723 que otorga beneficios a los familiares del personal fallecido durante la pandemia.

El Colectivo de Familiares de Trabajadores de la Salud Fallecidos por Covid-19 lamenta que las autoridades del Ministerio de Salud, MINSAL, han abandonado a las familias del personal médico fallecido por covid 19.

Según Laura Laínez, coordinadora del colectivo, en reiteradas ocasiones han pedido apoyo ante las necesidades por las que están pasando por la muerte de sus familiares, cabezas de hogar.

Laínez explicó que el Ministerio de Salud se ha negado a darle cumplimiento al Decreto Legislativo 723 que otorga beneficios a los familiares del personal fallecido durante la pandemia.

Cuatro jóvenes del cantón El Manzano, cinco de la Joya, dos de Las Cuevitas y 2 del Ocotal, cantones de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, guardan prisión desde enero de 2021. Cuatro jóvenes más fueron detenidos en diciembre de 2018. La Policía Nacional Civil y militares los detuvieron en un proceso irregular que sigue sin resolverse. 17 familias piden justicia.