En la página web de la Organización International de Policía Criminal, INTERPOL, asegura que “Las criptomonedas virtuales y la red oscura, esa porción de Internet de gran magnitud a la que solo se puede acceder mediante un software especializado, ofrecen numerosas ventajas; sin embargo, al estar basadas en el anonimato de los usuarios, los delincuentes pueden recurrir a ellas para cometer sus actividades ilícitas. Así, son tecnologías que pueden facilitar el tráfico ilegal de drogas, armas y explosivos, la trata de personas, el blanqueo de capitales, las actividades terroristas, y la ciberdelincuencia”.

En El Salvador, la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y el Código Penal establece sanciones por la suplantación de identidad.

Carlos Palomo advierte que la persona a quien se le ha suplantado la identidad puede verse implicada en actividades ilícitas y puede ser sujeto de acciones penales por parte de la Fiscalía General de la República o enfrentarse a procesos judiciales que son largos, engorrosos y que implican grandes gastos de dinero para el pago de abogados. Palomo detalla los pasos que una persona debe dar para denunciar la suplantación de su identidad.

El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró el fin de semana pasado que tres millones de salvadoreños estaban usando la Chivo Wallet. Pero, ¿qué tan reales son estos datos?

La Asociación Transparencia, Contraloría Social, Datos Abiertos, TRACODA, hizo público que, en los últimos días, ha recibido múltiples quejas de usuarios que aseguran que han sido víctimas de suplantación de identidad, ya que otra persona registró su número de Documento Único de Identidad, DUI, en la Chivo ballet, para cobrar el bono de 30 dólares.

¿Cómo una persona puede enterarse si han usado su DUI en la billetera Chivo, sin su autorización? Carlos Palomo, presidente de TRACODA, lo explica.

María, madre de Jaime, no estaba ese día en la casa, no vio cuando se llevaron a su hijo, y no logra entender por qué lo detuvieron. Asegura que es un hombre trabajador que se dedicaba a la albañilería.

María lamenta que la Fiscalía no investigue bien los casos y los procesos judiciales sean tardados. Los 13 jóvenes detenidos en enero llevan casi 9 meses en prisión, sin haber sido condenados. Se les ha realizado solo una audiencia. La otra estaba programada para el 14 de junio, pero se suspendió.

María entiende poco sobre las leyes, pero sabe que el proceso está lleno de irregularidades.

Otro joven víctima de las detenciones arbitrarias es Jaime de 24 años. Fue él mismo quien abrió la puerta cuando los policías llegaron a su casa. Lidia, su esposa de 23 años y sus dos hijos aún dormían. Eran las tres de la mañana, cuando uno de los policías entró y encendió la luz. Cuando Lidia se levantó, Jaime ya estaba en el suelo amarrado con un objeto que ella no sabe describir, pero está segura que no eran esposas. Con los policías también llegaron militares y mientras revisaban la casa acosaban al joven y le preguntaban dónde tenía la droga. Lidia asegura que no encontraron ninguna evidencia de que su esposo fuera un delincuente. En este caso, los policías también leyeron la supuesta orden judicial hasta que se llevaban a Jaime.

El hijo de Francisco no fue el único que se quedó solo la madrugada del 21 de enero. También el hijo de Mayra de 5 años quedó abandonado en la casa el día que se llevaron a sus padres. A ella y a su esposo se los llevaron el mismo día, acusados del mismo delito de extorsión. Tenían apenas un mes de vivir juntos en El Manzano. El joven vivía en el cantón Los Planes de la Palma, pero decidió mudarse para vivir juntos.

Gabriela, tía de la joven, recuerda que ese día también buscaban a su hijo, pero no lo encontraron, estaba viviendo en San Salvador porque estudia en la universidad. Anteriormente unos vecinos lo habían amenazado, le dijeron que se fuera si no quería ir preso. Lo acusaban de ser pandillero, dice su madre, quien niega que su hijo anduviera en malos pasos, pues se dedicaba a estudiar. No ha vuelto a ver a su hijo, no regresó al Manzano por temor a ser apresado, al igual que el resto de jóvenes.

Aunque su hijo se salvó de esa redada, a Gabriela le incomodó la forma en que los policías entraron a su casa y registraron buscando armas y droga. Tampoco encontraron nada.

Un mes antes de llevarse a Francisco, los policías llegaron preguntando si recibían el paquete de alimentos del Gobierno. Hicieron muchas preguntas, recuerda Carmen. Ella les entregó el DUI de su hijo para que lo anotaran por ser beneficiario de la ayuda gubernamental.

Los datos que entregó de su hijo sirvieron a los policías para preguntar por él un mes después. Esta vez le dijeron que llevaban una orden judicial, que Carmen nunca vio. Al llevarse a Francisco, su hijo de 6 años quedó solo en la casa, pero a los policías eso no les importó, dice Carmen.

Carmen tiene la mirada triste, se ve preocupada por la difícil situación que ahora debe enfrentar. Francisco, su hijo de 24 años, está en el penal de San Miguel desde enero de 2021. No solo dejó su ausencia, dejó también a su hijo de 6 años para quien vivía y trabajaba, luego que su pareja se marchó. Hace poco el niño cumplió años, ese día esperaba a su padre, quien siempre le llevaba un pastel para celebrar. Para Carmen no es fácil explicarle dónde está su padre.

Para la madre de Jeovani y Ezequiel no ha sido fácil la ausencia de sus hijos. Asegura que además de trabajar recibían ayuda de su padre que lleva décadas viviendo en los Estados Unidos, no tendría sentido extorsionar, reflexiona.

Se arrepiente de haber entregado el DUI de sus hijos a los policías cuando llegaron a su casa semanas antes de la redada. Según Verónica, los policías mintieron, llegaron diciendo que estaban haciendo un censo. Además mintieron en el relato que posteriormente citaron en el informe policial, donde los jóvenes aparecen con apodos, cuando nunca han tenido sobrenombres. Además, según el informe, el día del supuesto censo, los dos jóvenes estaban en la calle, ahí los habría encontrado la policía. Su madre asegura que, de nuevo, la policía mintió.

Eran entre 5 y 6 policías y afuera había soldados, recuerda Beatriz. Es la única fotografía que tiene grabada en su memoria. “Únicamente el recuerdo queda en la mente y no se puede borrar”, dice.

Para entonces tenía tres meses de embarazo, su hijo ya tiene dos meses de haber nacido y Ezequiel en el penal de San Miguel pasa sus días sin conocer a su hijo. También ha perdido sus citas médicas porque en el penal les han dicho que no lo pueden llevar a sus consultas con el doctor.

Aquella madrugada de enero, Lucía Pérez no la olvida. Tocaron la puerta y para que Juan, su hijo de 21 años, no se despertara se levantó despacio evitando hacer ruido lo menos posible. Eran las cuatro de la madrugada, pero en medio de la oscuridad supo que eran policías. Lucía hace una pausa, sus ojos se llenan de lágrimas cuando recuerda lo que le hicieron a su hijo. Juan padece de epilepsias desde los 14

años, casi no salía de casa, pues su enfermedad no le permitía trabajar.

El relato de Lucía deja ver una serie de arbitrariedades en la captura. Según comentó, los policías le preguntaron si su hijo tenía armas y de inmediato comenzaron a registrar la casa. Le preguntaron hasta por el televisor que tenía, a lo que respondió que se lo había comprado su hija.

Al no encontrar nada ilícito, le notificaron que su hijo tenía una orden de captura por el delito de extorsión. Lucía no sabe leer ni escribir, no pudo corroborar si en realidad se trataba de una orden judicial. Cuando a su hijo le notificaron el delito, ya estaba esposado y sobre el suelo.