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El apoderado legal de La Corte de Cuentas de la República, Ulises Arce, interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República en contra de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas por cerrar las instalaciones de la institución durante la mañana del lunes 11 de octubre.

Según Arce el cierre de las instalaciones efectuado por los empleados es constitutivo de delito debido a la obstaculización de las labores de fiscalización que realiza la entidad.

González, además, manifestó que la participación de los pueblos indígenas es necesaria en este caso de la protección de los ríos.

González señaló que el artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente señala el derecho a participar y a ser consultados al existir iniciativas económicas que pretenden ser impulsadas en las comunidades, así como el artículo 63 de la Constitución reconoce la existencia de los pueblos originarios y obliga al Estado salvadoreño a mantener y desarrollar la cosmovisión de estos actores sociales.

Por su parte, Sofía Morán, del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, pidió que las medidas cautelares emitidas por la Cámara Ambiental sean reafirmadas, para la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

El Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, junto a organizaciones de derechos humanos, presentaron escrito a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, en Santa Tecla, en respuesta a la solicitud de nulidad de las medidas cautelares a favor del río Sensunapán.

El pasado 17 de septiembre, la empresa Sensunapán S.A. de C.V. pidió la nulidad de las medidas cautelares, emitidas por dicha Cámara, las cuales ordenaban al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no dar el permiso ambiental para la construcción de la octava represa sobre el río Sensunapán, del proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II.

A través del escrito los pueblos indígenas y organizaciones defensoras de derechos humanos piden a los nuevos magistrados de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, de Santa Tecla, no vulnerar los derechos ambientales de la población de Sonsonate.

Al respecto, Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, explicó que la solicitud de nulidad de las medidas cautelares no procede porque la empresa Sensunapán S.A. de C.V. no es parte del proceso judicial.

El 30 de junio de 2021, la Asamblea Legislativa nombró a cinco magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y reeligió como presidente de dicho ente a Óscar López Jerez, nombrado de manera Express el 1 de mayo pasado.

Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia DTJ, detalló que en dicha elección se inobservaron tres reglas constitucionales para el proceso: la renovación de la Corte Suprema de Justicia, documentar a los mejores perfiles y lo referente al traslado entre Salas de la Corte Suprema de Justicia.

La Fundación Democracia, Transparencia, Justicia, DTJ, junto a la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, presentaron el “análisis del cumplimiento legal de las fases dos y tres de la elección de magistraturas para la Corte Suprema de Justicia”, es decir sobre los procesos de selección en el Consejo Nacional de la Judicatura y la Asamblea Legislativa.

El informe pone de contexto lo ocurrido el 1 de mayo de 2021, cuando se efectuó la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y del fiscal general de la República. Posterior a ello, realizaron un nombramiento de funcionarios muy cuestionado por ser inconstitucional e ilegal. “Uno de los sucesos históricos más graves en la historia reciente de El Salvador, por parte del Órgano Legislativo”, señala el documento.

Este suceso abrió la oportunidad al cometimiento de arbitrariedades e irrespeto a la Constitución, a la normativa interna y a los estándares internacionales para este tipo de nombramientos. Con esto se reproducen los vicios del pasado, en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el presidente de DTJ, José Marinero.

Las organizaciones señalaron que en este caso existe una complicidad con la violencia hacía las mujeres. Por lo que esperan que la Fiscalía General de la República investigue y aplique justicia tal como lo anunció la pasada semana en el marco de la creación de una nueva fiscalía adjunta para casos de la mujer, niños y adolescentes para dar una mejor atención a las víctimas de los diferentes tipos de violencia.

Según Angélica Rivas, del Colectivo feminista para el Desarrollo Local, ningún funcionario público señalado por violencia debe ostentar un cargo público y menos en una institución defensora de los derechos de la niñez.

AUDIO ALAC 2

Las organizaciones lamentaron la pasividad y retardo de las instituciones del Estado que no han respondido ante las denuncias hechas por la esposa de Romero. Las organizaciones aseguran que el retardo de las instituciones responde al cargo que ostenta Romero.

Piden la destitución del presidente del CONNA, por enfrentar procesos por violencia intrafamiliar.

11 organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) una solicitud de destitución de Erick Romero como presidente del CONNA.

Romero presentó el 21 de julio su renuncia al cargo por estar involucrado en procesos judiciales y administrativos de violencia intrafamiliar; sin embargo el Consejo Directivo del CONNA ratificó a Romero en el cargo, a pesar que el funcionario ha sido sancionado por el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y discriminación para las Mujeres.

En septiembre de 2020, dicha instancia adoptó medidas de protección a favor del grupo familiar de Romero, entre ellas el desalojo del inmueble en el que habitaba con la familia, imposición de cuota alimenticia y el cese del hostigamiento y amenazas a su cónyuge.

Los directivos que conforman el Consejo Directivo del CONNA, conformado por representantes de cinco ministerios públicos, de ocho organizaciones de la sociedad civil, de la Procuraduría General de la República (PGR) y por la presidencia de COMURES, Viceministro de Seguridad, a pesar de tener conocimiento del proceso por violencia, ratificaron su cargo, según Wilson Sandoval del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para El Desarrollo, ALAC-FUNDE.

Protección infantil, con David Martínez, Especialista en protección infantil de Compassion El Salvador y jóvenes de comunidades y Jennifer Tatiana Gonzales.

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