López señala con ejemplos cómo en el país se han aprobado una serie de leyes sin debate e intercambio parlamentario; esto es grave ya que la población ha perdido representación en el Legislativo y con esto se violentan derechos electorales de la ciudadanía, según la abogada.

Para Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, el Estado de derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia.

López señala que El Salvador vive momentos de ruptura de ese Estado y esto es grave ya que los tres poderes del Estado están sometidos y sin poder ejercer libremente sus funciones.

Adalberto Blanco dice que para poder solventar parte de la problemática ambiental es necesario acceder a la justicia climática, ya que el país no es generador de contaminación ambiental como las grandes potencias, pero sufre los efectos adversos.

Los datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería y de Cancillería apuntan a que una tercera parte de la población salvadoreña se encuentra fuera del país, en su mayoría en los Estados Unidos, y, en segundo plano, en Canadá, Australia, España, Italia, México, Belice y otros.

El Salvador tiene población que está siendo desplazada, no solo por la delincuencia, sino también por los efectos del cambio climático, por lo que miles de familias están optando por migrar.

Según dijo Adalberto Blanco, de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, es lamentable que esta situación esté sucediendo, ya que deja a miles de salvadoreños sin acceso a una vida digna, abandonando trabajos, estudios y las oportunidades de desarrollo.

También Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, señaló que el hecho de que los diputados hayan retrocedió a la decisión de reducir los permisos de explotación del agua para las empresas, responde a que los parlamentarios siguen respondiendo a intereses mercantiles.

González añadió que la Comisión Ad hoc ha montado todo este tiempo un show y tiene un guion preestablecido entorno a la Ley Hídrica.

López señaló que la vida y los derechos humanos no pueden estar por debajo de los intereses de otros grupos de poder que buscan mercantilizar el agua en El Salvador.

Las Organizaciones ambientalistas condenaron el nuevo giro que se ha registrado en la Comisión Ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudia el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos.

Los partidos Nuevas Ideas, GANA y PCN acordaron el 30 de septiembre que el plazo máximo de permisos para que las empresas puedan explotar el agua sería de 5 años.  Sin embargo el día jueves, Nuevas Ideas pidió reformar el artículo y alargar el plazo de los permisos para empresas hasta 15 años prorrogables.

A criterio de Amalia López de la Alianza Nacional contra la Privatización del agua los diputados cada vez se están quitando la máscara y están dejando en claro sus intenciones de privatizar el agua en El Salvador.

López dijo que la explotación del agua hasta por 15 años para las empresas privadas refleja los intereses mercantilistas que siguen prevaleciendo en los funcionarios y que siguen haciendo lo mismo que han hecho "los mismos de siempre".

Sueños truncados: jóvenes de Chalatenango, víctimas de detenciones arbitrarias

Alfredo Quijada vive en El Manzano y aunque a él la Policía no le llevó a ningún familiar, se solidariza con el sufrimiento de las madres que luchan porque a sus hijos se les haga justicia. A todos los que se llevaron los conoce desde que eran niños. Siempre observó en ellos una actitud de respeto hacia todas las personas, asegura. Además, en la zona no se escucha hablar de extorsiones. Don Alfredo cree que al no investigar los casos y condenarlos por delitos que no cometieron se les trunca el futuro a los jóvenes, en un país donde se les niega oportunidades.

Habitantes del Manzano confirmaron que hay jóvenes que se marcharon a Estados Unidos, luego de lo ocurrido en 2018 y 2021. Tienen miedo que llegue de nuevo la Policía y los detenga sin mayor explicación.