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No son fontaneros, son sicarios.

Los audios protagonizados por la militante socialista Leire Díez ha revelado el nivel de virulencia con el que el Gobierno Pedro Sánchez pretende acabar con la UCO para anular las investigaciones de corrupción sobre su Ejecutivo, partido y círculo íntimo.

Pero la operación de Estado impulsada por los socialistas, propia de la mafia y no de un gobierno, no solo apunta a la unidad de la Guardia Civil que investiga la corrupción política: fiscales y periodistas que no están en nómina también son objetivos de Moncloa y Ferraz.

Ya han elegido a la cabeza de turco.

El escándalo por la operación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha salpicado de lleno al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a la directora de la Guardia Civil, María Mercedes González, al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y al propio jefe del Ejecutivo.

Ninguno se salva.

La corrupción que carcome al Gobierno de Pedro Sánchez se extiende más allá de Ferraz y de Moncloa. Todas las instituciones del Estado son susceptibles de ser usadas para cualquier fin espurio o que redunde en la permanencia del líder del PSOE en el poder.

Son una mafia y ya no lo pueden ocultar.

Los audios difundidos sobre la reunión entre la fontanera del PSOE, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, y el abogado Jacobo Teijelo para obtener información y trapos sucios sobre el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas.

Y luego se quejan cuando les dicen que son una mafia.

Todos los lunes ‘desayunamos’ con un nuevo escándalo que haría dimitir a un gobierno medianamente decente o con unos mínimos de ética y moral.

El de hoy, ha sido la operación del PSOE para ‘reventar’ a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Unos audios publicados por El Confidencial desvelan la operación impulsada por la ‘fontanera’ Leire Díez Castro contra el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas Dávila.

La corrupción que enfanga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cada vez le hunde más.

El caso judicial contra David Sánchez, músico y hermano menor del presidente, ha escalado tras casi un año de instrucción. La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha rechazado el recurso presentado por David Sánchez y lo manda a juicio junto a otras diez personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Las acusaciones giran en torno a los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, con una posible condena de hasta tres años de cárcel y varios más de inhabilitación si finalmente se demuestra su responsabilidad.

Atrincherado.

Los escándalos de corrupción y la nefasta gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le empieza a pasar factura al líder socialista, como lo demuestran las últimas encuenstas.

Sobre el histórico apagón del pasado 28 de abril, todavía no hay respuestas claras sobre qué lo causó. Lo único que está claro es que no hubo ningún ciberataque, argumento del que Sánchez se agarró como un clavo ardiente para evitar asumir responsabilidades. Ahora intentan exculpar a Red Eléctrica para proteger un enchufe suyo, Beatriz Corredor. Y mientras, seguimos con la incertidumbre de si puede volver a ocurrir.

La primavera de 2025 no está resultando precisamente florida para Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno español se encuentra en el epicentro de una tormenta política sin precedentes, acorralado por múltiples casos de presunta corrupción que afectan tanto a su círculo más íntimo como a destacados miembros de su partido. Lo que comenzó como investigaciones aisladas ha ido tejiendo una red que amenaza con asfixiar al Ejecutivo socialista.

La deriva autoritaria de Pedro Sánchez es total.

Ha bastado una lona para que el líder del PSOE haya movilizado a los Cuerpos de Seguridad con una celeridad que ya hubiesen querido los valencianos durante la dana. Una imagen que refleja el estanque de corrupción en el que se recrea el Ejecutivo, el partido y el círculo íntimo de Sánchez ha desatado la furia del mandatario.

La corrupción que empantana al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez salpica cada vez más aspectos de la vida en España. Lo último, ha sido el papelón de TVE en Eurovisión.

Antes del inicio del programa, la televisión pública emitió un cartel en contra de Israel, pese a que el reglamento de la competición impide lanzar mensajes políticos dentro del concurso. Todo ocurrió después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) advirtiera que impondría multas si volvían a hacer comentarios sobre la guerra durante la transmisión, como sucedió en la semifinal durante la participación de la cantante del Estado hebreo.