El pánico en Moncloa no cesa.
A un año de la infame carta de Pedro Sánchez en la que se tomó cinco días de ‘reflexión’, la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del presidente, le acorrala cada vez más.
Su mujer, que en ese entonces era señalada por un delito, hoy lo es por cuatro: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida del software e intrusismo profesional.
Pese a lo escandaloso del caso Begoña, más grave todavía es lo de su fiscal general, Álvaro García Ortiz, señalado por un delito de revelación de secretos. El jefe del Ministerio Público para demostrar su inocencia (entiéndase la ironía), borró los mensajes y correos electrónicos de sus dispositivos.