Cerramos la semana laboral y el mes con la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica por parte del presidente Rodrigo Chaves. Toda una novela, cuyos inicios se remontan a setiembre pasado cuando ese cuerpo colegiado decidió nombrar a Rosaysella Ulloa como Gerente General, luego de un concurso llevado adelante por una empresa especializada de reclutamiento. Ulloa, destacada funcionaria del Nacional por tres décadas obtuvo una calificación perfecta. Sobrada idoneidad. Pero tenía un punto en contra: no era la persona que el mandatario quería en el puesto. Y como la directiva se negó a ampliar el plazo del concurso como urgió Zapote, Chaves decidió pasar factura.

¿Fue ilegal la destitución? A juicio de los entendidos fue abiertamente ilegal. Pero independientemente de ello, la remoción se produjo sin previo aviso y sin poder anticiparlo. ¿Por qué no parecía posible? Para poder justificar la destitución, meses atrás el presidente pidió llevar adelante un procedimiento administrativo. El órgano instructor lo condujo el abogado Jeremy Moya y al no encontrar irregularidades en la designación de Ulloa no hizo ninguna recomendación en particular. Pero entonces el Vicepresidente Stephan Bruner en calidad de órgano resolutor del proceso, elaboró unos argumentos enrevesados para justificar a la fuerza el pedido del presidente de la República. Y así fue como el miércoles en 90 minutos se procedió a la destitución de los siete directivos (cuatro de ellos, por cierto, nombrados por el mismo mandatario) y de inmediato se anunciaron y juramentaron igual número de directores. Toda una jugada.

Y como si todo eso no fuera ya suficiente, en ese acto de juramentación, el presidente Chaves habló de más y les pidió que fueran a averiguar (y si pudieran además intervenir, aunque eso sería un delito) en un supuesto crédito de $100 millones para alguien cercano al poder que supuestamente el banco estaba considerando. El vídeo con semejantes argumentaciones fue "despublicado" luego por Casa Presidencial. Pero ya era muy tarde. Y este jueves la Gerente General del BN afirmó que no hay tal crédito como el citado por Chaves, en valoración o estudio.

Esta es parte de la historia que ahora continuará: habrá recursos legales para intentar revertir los despidos, convocatoria en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en fin... Lo que puede esperarse que se derive de estropicios como estos.

Lo cierto es que los bancos públicos tienen autonomía por disposición constitucional precisamente para evitar abusos del Poder Ejecutivo. Lógicamente sus leyes orgánicas establecen cómo debe ser su gobernanza, las potestades, las limitaciones de los órganos internos y los esquemas sancionatorios para casos de separación o despido.

El Nacional es el banco más grande del país. El año pasado tuvo una utilidad bruta de más de ¢99 mil millones, las utilidades netas crecieron un 53,42%, erogó ¢27 mil millones en cargas parafiscales y ¢19 mil millones en impuestos. Es una entidad sistémica, es decir, tiene peso en la estabilidad económica y financiera del país. Por eso la decisión del Presidente Chaves de remover sin justificación a toda la Directiva, ha sido rechazada prácticamente al unísono.

Para ahondar en este caso conversamos mañana con Gerardo Corrales quien tiene 25 años de experiencia como directivo bancario y es actualmente miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero Cuscatlán El Salvador y Guatemala. Viernes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.