De acuerdo con conocidísimos cánones diplomáticos, resulta del todo improcedente que autoridades de un país se refieran a asuntos de la política interna de otro Estado, máxime cuando se trata de temas no públicos y delicados. Por ello, no fue menor el bochorno que hemos pasado dadas declaraciones, digamos que muy espontáneas del Presidente Rodrigo Chaves sobre la Primera Dama de Guatemala y el estado de la "fiscalía corrupta" de esa nación del istmo.

Lo cierto es que más allá del desmentido del gobierno hermano respecto de la condición de ausencia del país de la esposa del Presidente Arévalo, vale la pena aprovechar el traspié para observar en retrospectiva las inmensas diferencias que existen entre nuestro Ministerio Público y el de Guatemala; esto último a juicio del Presidente Bernardo Arévalo "uno de los principales focos de asedio a la democracia".

Y es que en la dolorosa historia de ese país el gravísimo deterioro del sistema de justicia llevó a una situación de impunidad tal que en el año 2006 luego de un pronunciamiento constitucional el mismo gobierno de entonces acordó con Naciones Unidas la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), con el objetivo de combatir la impunidad, desarticular los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos con el fin de luchar contra la corrupción y restablecer el Estado de derecho. La Comisión desempeñó un crucial papel mientras pudo. Casi 13 años. Porque en el año 2019, bajo el gobierno del comediante Jimmy Morales, fue disuelta, expulsada del país. El poder del denominado Pacto de Corruptos, le cortó las extremidades a la Cicig.

Desde entonces y hasta hoy que la Fiscalía está controlada por la poderosa Consuelo Porras la justicia sigue luchando arrodillada, fiscales y jueces honestos han debido huir del país, periodistas sufren asedio y prisión ... En fin, lo que sucede en los denominados "regímenes híbridos" que están solo una categoría por encima de los estados autoritarios.

Lo cierto es que la elección de Bernardo Arévalo a mediados de 2023, en medio de tremendas dificultades devino en una especie de "primavera democrática". Pero el mandatario chapín tiene muy estrechos márgenes de maniobra y reconoce que debe actuar midiendo sus pasos, no por temor, sino para asegurar el mandato tratando de no dejar ningún resquicio que permita su destitución, no sin al menos poder adelantar algunas de las reformas que se necesitan en un sistema tan asediado.

Hacemos una visión retrospectiva de la historia reciente de profunda vulnerabilidad institucional del hermano país con uno de los actores determinantes de la Cicig, su primer Comisionado y ex Fiscal General de Costa Rica, Francisco Dall'Anese Ruiz.

Es algo elemental: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la policía que investiga y recaba pruebas de la posible comisión de delitos. Es un brazo auxiliar del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia, todos pertenecientes al Poder Judicial. Es una policía independiente, altamente técnica y profesional y, por supuesto absolutamente apolítica.

Lamentablemente, su carácter apolítico no la blinda hoy de exención del discurso polarizante del Poder Ejecutivo, de modo que entre sus muchas ocupaciones, sus máximas autoridades tienen que estar saliendo al paso de los constantes ataques que reciben.

Es decir, ya no se trata de la situación "normal" que implica tiras y encoges para adecuar en lo posible los presupuestos públicos limitados con las crecientes demandas de personal y equipamientos para hacer frente a una delincuencia cada vez más poderosa y desalmada.

Ahora se trata de -según el Presidente Chaves- "de no darles alas a animales ponzoñosos" y con ese argumento negar la facultad al OIJ de hacer allanamientos 27 horas al día y no únicamente 12, como está establecido. Un veto que -para reencauzarse como ley- obligara a empezar el trámite parlamentario, cuando los diputados tengan iniciativa de ley y no ahora, que es tiempo de sesiones potestativas del Ejecutivo. El segundo veto aplicado con anterioridad y también motivo de ataques, fue para impedir una pensión anticipada a investigadores del Organismo.

Lo cierto es que en lugar de llevar adelante discusiones racionales en el marco de los mecanismos deliberativos democráticos, el discurso apela a una exaltación emotiva que trae a valor presente los dolorosos hechos de la guerra civil de 1948 al deslizar la especie de que 1,000 oficiales del OIJ podrían tener que vérselas con 17 mil efectivos en la Fuerza Pública, que es la policía del Ejecutivo. Algo realmente delirante, como dijo don Randall Zúñiga.

Mientras tanto, en lo que va del año superamos los 300 homicidios, incluyendo 16 femicidios y 20 muertes violentas más de mujeres. Es por esas y otras estadísticas más que en el informe Estado de Situación de la Criminalidad 2019-2024 la ciudadana externa altísima preocupación por los homicidios, el narcotráfico, la legitimación de capitales, los delitos ambientales y el fraude informático; este último con casi 11 mil denuncias en los últimos 15 meses.

El OIJ y nuestros demás cuerpos policiales claman por más recursos y menos ataques y enfrentamientos sin sentido. Para repasar este tema conversamos con el director del OIJ, Randall Zúñiga.

No cabe duda: Nayib Bukele ha terminado de mudar la piel. Y es "cada vez menos cool y más autoritario", tal cual lo describe Daniel Zovatto, experto internacional en política electoral.

Solo en los últimos días la deriva totalitaria de quien ejerce el control de todos los poderes del estado salvadoreño ha mostrado sus ímpetus persecutorios sin disimulos para acallar las disidencias de cualquier tipo, utilizando para ello a entidades como la policía militar, la fiscalía general y el Congreso. En cuanto a las herramientas ya en uso desde hace mucho tiempo, se hace "común" el espionaje telefónico y los ataques digitales.

Veamos algunos de los últimos hechos: el domingo pasado fue arrestada la reconocida activista de Derechos Humanos Ruth López con una burda acusación de peculado. López fue destacada por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influentes del 2024. Ella es jefa de la unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal y una crítica acérrima contra la corrupción en la gestión del presidente salvadoreño.

Seis días antes, el 12 de mayo la policía militar dispersó por la fuerza una manifestación de humildes parceleros de la Cooperativa El Bosque quienes solo fueron a pedir en las cercanías de la lujosa residencia presidencial, que el mandatario interviniera para que no los desalojaran de su propiedad por un caso judicializado dos décadas atrás. El presidente y el abogado de la cooperativa fueron arrestados. Organizaciones ambientales y de derechos humanos reclamaron estas detenciones arbitrarias y Bukele les respondió enviando a la Asamblea Legislativa una "Ley de Agentes Extranjeros" que en definitiva impone un gravamen del 30% a las ONG para intentar ahogarlas financieramente.

Y solo otro ejemplo más: una publicación del periódico El Faro (el medio más inaceptable, por independiente, para Bukele) difundió recientemente declaraciones sorprendentes de dos líderes de la banda Barrio 18 Revolucionarios, quienes precisaron detalles sobre las negociaciones que mantuvieron en su día para apoyar el proyecto político de Bukele cuando llegó a la Presidencia, cómo acordaron con el gobierno la administración de los homicidios, las extorsiones y hasta el encierro de los ciudadanos durante la pandemia y cómo, finalmente, los sacaron del país, cuando terminó la tregua pactada. Días después, de esas revelaciones, Carlos Dada, Director de El Faro denunció que recibió una alerta de posibles órdenes de captura contra siete periodistas. Varios salieron del país como medida de protección y precisamente con uno de ellos, Oscar Martínez, conversamos en Hablando Claro.

Jornadas 4x3.

Un camino siempre escabroso. ¿Por qué será? De entrada cualquiera daría una respuesta de sentido común: el código de trabajo es una de las herramientas más importantes de la convivencia social.

Pese a su desgaste. Sí. Pese a la condición poco vigorosa de la cartera ministerial encargada de observar su aplicación. Y pese también al desgaste de los mecanismos de diálogo y negociación entre trabajadores, empresarios y gobierno: esa tríada que puede ser virtuosa para apuntalar la democracia o, sencillamente un órgano en desuso.

Así entonces, provocar modificaciones en la legislación laboral es un asunto delicado.

Quienes favorecen jornadas de doce horas cuatro días por semana aseguran que regular ese esquema aumentaría la competitividad, beneficiaría a sectores de alta productividad, reduciría costos a las operaciones de 24 horas, impulsaría la atracción de inversiones y generaría más empleo. Afirman también que los trabajadores tendrían mejor calidad de vida al disponer de tres días libres en lugar de dos, ahorrarían dinero en desplazamientos y, de paso, se fomentaría el consumo en la economía, ya que con más tiempo libre, aumentarían el gasto en turismo, comercio, entretenimiento y educación.

Los opositores a la iniciativa sostienen que más bien debería plantearse rebajar la jornada de 48 horas semanales como sucede en muchos países OCDE, impulsar acciones para fomentar la competitividad como la transferencia de conocimiento, el incremento en la formación, mejoras a la productividad del trabajo, así como impulsar proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria que ayuden a disminuir por esa vía los costos a las empresas, antes que reducir el costo laboral. Aseguran que la jornada de 12 h/4 días afectaría la salud y, paradójicamente, la productividad misma del trabajador. Eso sin agregar el aumento de padecimientos y hasta muertes por cardiopatías e ictus cerebral, como reportan investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Lo cierto es que esta semana, el Congreso frenó la posibilidad de darle vía rápida a las jornadas 4x3. Un balde de agua fría para unos y un alivio para otros. Y sobre ello conversaremos mañana con el economista Fernando Rodríguez. Jueves a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

A la Universidad de Costa Rica le estalló una crisis multifactorial reputacional debido al empecinamiento de un grupo en el control del poder, de llevar adelante decisiones desacertadas, dejando de lado criterios técnicos en su gestión administrativa, que han desnudado ante la opinión pública nacional, no solo pugnas intestinas sino también presuntas violaciones legales. Veamos de manera sucinta:

En diciembre 2023 sus autoridades superiores aprobaron -saltándose las disposiciones de la ley marco de empleo público- un nuevo reglamento denominado “Régimen Salarial Académico”(RRSA).

Este hecho provoca enfrentamientos entre los defensores de la concreción de esa anomalía y quienes se oponían, advirtiendo los impactos de la ejecución de un nuevo régimen salarial, cuyo más connotado defensor es don Carlos Araya Leandro, tanto en su cargo como miembro del Consejo Universitario allá por 2023, como desde la silla de rector que estrenó en enero pasado. Ante las críticas crecientes Araya invoca la autonomía universitaria y una supuesta narrativa de ataques en su contra.

La cuestión es que el nuevo reglamento pretendía sustituir el sistema de salarios compuestos y flexibles, por uno de salario global con sus categorías. A simple vista todo parecía bien, pero lo cierto es que la construcción del reglamento no se apegó a criterios técnicos, es decir no tuvo el respaldo indispensable para sustentarlo y, por tanto, no era viable y tan no lo era que jurídicamente se decretó su nulidad absoluta.

Pero el Consejo Universitario por mayoría logró imponer su voluntad al ahora ex rector Gustavo Gutiérrez, quien se vio obligado a ejecutar bajo protesta el reglamento, dejando sin operatividad tres transitorios cuestionados del controversial RRSA.

Ahora sabemos que todo el 2024 se vivió a lo interno en la UCR una batalla campal entre los acérrimos defensores del reglamento y los que apegados a criterios técnicos, jurídicos y éticos lo adversaban (adversan) aunque para sorpresa de no pocos, todo aquello transcurría de puertas para adentro, pues nadie quería un escándalo público, peor aún jugándose un proceso electoral, pues justamente terminaba su período el rector Gutiérrez Espeleta.

Entonces Araya venció en segunda ronda y para sorpresa de nadie emitió una resolución en la que dejó sin efecto la decisión de Gutiérrez que impedía aplicar los transitorios de la discordia. A partir de entonces recrudecen los cuestionamientos de favorecimiento para algunas personas e inclusión en las listas de aumentos a otras que no cumplían requisitos.

Este es un resumen insuficiente y por supuesto aún inacabado, de una larga trama que hoy investiga la Procuraduría de la Ética Pública ante una denuncia por las posibles irregularidades en la tramitación del reglamento. También habrá que esperar lo que señalara en su día la Contraloría General de la República. Es decir, falta mucho, mucho aún para cerrar este amargo episodio.

Lamentablemente, este caso, que no es el único que afecta la transparencia en la gestión de la UCR, pero sí el más sonado de las últimas semanas, deja al descubierto un desdén por la seguridad jurídica y financiera que puede tener implicaciones muy severas para la casa de estudios superiores más reconocida del país con incuestionable afectación a su reputación.

Para abordar este tema conversamos con William Méndez Garita, miembro del Consejo Universitario y una de las personas que desde el inicio advirtió acerca de las implicaciones de estos hechos.

Una negociación que Putin parece no anhelar...

Donald Trump habló horas por teléfono este lunes. Primero con Volodímir Zelenski, luego 120 minutos con Vladímir Putin, siguió con la Presidenta de la Comisión Europea y con los jefes de Estado de Francia, Alemania, Italia y Finlandia. Según el estadounidense "Rusia y Ucrania iniciarán inmediatamente negociaciones para lograr un alto el fuego y, lo que es más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre las dos partes, como solo así puede ser, porque ellos conocen detalles de una negociación que nadie más conocería", dijo en un tono entusiasta que no emularon el ruso y mucho menos el ucraniano.

Así es, nadie ha dicho cómo se supone serán esas negociaciones, después del fiasco de la semana pasada en Turquía, aunque si trascendió que podrían llevarse a cabo en el Vaticano. Pero no hay buenos augurios aún. Para Putin la base de negociación es proporcionalmente inaceptable para Ucrania "es necesario eliminar las causas profundas de esta guerra" y esa "profundidad" de acuerdo con algunos analistas, pasa por ponerle fin al gobierno legítimo de Kiev e instalar un gobierno títere.

Mientras tanto el Kremlin sigue bombardeando el territorio ucraniano. Tanto o más hace Israel con Gaza en su "Operación Carros de Gedeón", de destrucción total del enclave que este lunes Francia, Reino Unido y Canadá denunciaron como de "sufrimiento intolerable" al tiempo que amenazaron a Netanyahu con fuertes sanciones, no especificadas aún, si prosigue la ofensiva militar.

La situación de Gaza es dramática y los ataques de la semana pasada se cuentan entre los más salvajes en año y medio con medio millar de muertos. Lo que más indigna a la comunidad internacional en este momento es la hambruna. Aunque el Ministro de Defensa israelí dijo el sábado que la ayuda humanitaria era "totalmente innecesaria" el mismo Netanyahu admitió que debían enviar comida y otros insumos básicos a la Franja, porque Estados Unidos podría quitarle respaldo a fuerza de observar las terribles fotografías y videos de familias famélicas, tras 75 días de bloqueo total. Los demandantes (Francia, Reino Unido y Canadá) urgieron a detener los ataques y señalaron que "el desplazamiento forzado permanente es una violación al Derecho Internacional Humanitario"

Para terminar este texto, una buena noticia: en Rumania el líder pro europeísta, conservador moderado y demócrata Nicusor Dan derrotó al ultraderechista, euroescéptico, anti Ucrania y pro Trump, George Simion. Una victoria que da respiro a las democracias occidentales bajo asedio en tiempos convulsos.

De todo esto conversaremos con Carlos Cascante, especialista en Relaciones Internacionales.

Sedición = llamado al alzamiento público y violento contra la autoridad, para impedir por la fuerza, o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos.

Es el significado de este término, que no había sido propio de nuestro vocabulario, sino hasta recientemente.

Y es que en la evolución de su discurso confrontativo el presidente de la República acumula varios llamados, que rozarían la sedición.

Independientemente que este delito no esté tipificado en nuestro país, dado el giro de la dialéctica presidencial, algunos especialistas estiman que sí cabrían posibles delitos de intimidación pública e instigación pública contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional. Pero esta no es una discusión jurídica, o al menos, no únicamente jurídica. Se trata de asunto sociopolítico.

Ya desde el 2 de mayo del año pasado en su informe ante la Asamblea Legislativa cuando anunció la fallida ley jaguar, Chaves pidió a la ciudadanía que se hiciera oír “cuando los depredadores intenten mantener sus privilegios y, griten más duro”.

En setiembre, tras los allanamientos por la investigación judicial del caso Barrenador, vociferó: “estén listos, porque Dios no quiera, pueda llegar el momento de actuar como sociedad… estén listos, que vivan el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados”

En giras por el país y otros actos públicos siguió reproduciendo esos llamados y la semana pasada, también irritado por los allanamientos por Pista Oscura, otro presunto caso de corrupción, sentenció, "… Yo les advierto: en 1948 el pueblo se alzó, yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera, no le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? No sé".

Ese mismo día vetó la ley para que los cuerpos policiales puedan hacer allanamientos 24/7 y adelantó además que vetará también la legislación contra capitales emergentes.

Ya convertido el gobierno actual en el que más vetos ha decretado en la historia reciente, el mandatario también había rechazado la reforma legal que permitiría una pensión anticipada a investigadores del OIJ que trabajan en jornadas extraordinarias de 12 horas al día, e insinuó una confrontación entre cuerpos policiales, lo que generó un rechazo conjunto de oficiales de Seguridad Pública y OIJ rechazando narrativas divisorias entre los encargados de cuidar el orden público.

Los puentes entre Zapote y Cuesta de Moras están destruidos. También los pasos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y no pareciera haber forma de restablecerlos en medio de los altisonantes micrófonos de la Casa Presidencial.

Del ambiente imperante, conversamos con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.

Pista Oscura.

Para entender las implicaciones políticas y los entreveros judiciales de posibles ilícitos cometidos en la rehabilitación del aeropuerto de Liberia, tal vez no necesariamente haya que ser ingeniero, pero sí, definitivamente hay que preguntar a quienes ejercen esa profesión, asuntos básicos relacionados con especificaciones técnicas, calidad de los materiales, tipo de los trabajos y otros asuntos relacionados con la reparación de una pista aérea internacional de alto tránsito.

Distraernos con las acusaciones presidenciales calificando airadamente como un show los 22 allanamientos y la detención temporal de cuatro de las personas vinculadas, no nos permite entender la naturaleza de los posibles delitos que se investigan, máxime cuando estamos refiriendo un asunto que ha ido y venido en la opinión pública, precisamente desde que el mandatario le cortó la cabeza al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador por este caso y acto seguido lo denunció ante el Ministerio Público. ¿Lo recuerdan?

La trama es muy compleja. Baste decir que los infinitos dolores de cabeza con la reparación del Daniel Oduber tienen un pecado original: la necesaria reparación se forzó como parte de una tormenta tropical (lo cual nunca fue cierto porque la tormenta no pasó por Liberia) y toda la contratación -según lo que se presume- derivó en un desaguisado de $40 millones de dólares, al margen de los procedimientos ordinarios de la contratación pública. Y lo que mal empieza mal acaba.

¿Qué es lo más reciente? Las autoridades judiciales investigan las razones y/o presiones que llevaron a que la constructora Meco reevaluará el contrato original a medio camino de la ejecución del proyecto, determinando que no era necesario el recarpeteo de las cuatro capas asfálticas (como estableció el cartel licitatorio), lo que llevó a intervenir solo la capa superficial, realizando apenas el 33% del total de las obras con un rebajo de tan solo el 10% del costo acordado.

Por supuesto, para ejecutar toda esa transformación del proyecto, cuatro ingenieros de Aviación Civil fueron destituidos de sus puestos por haberse negado a validar la propuesta (llamada de "ingeniería de valor" de Meco) que finalmente suscribió el entonces ministro Mauricio Batalla, y que permitió exonerar a la constructora de cualquier sanción por incumplimiento contractual respecto de lo inicialmente pactado. También figuran como imputados Alejandro Picado, presidente de la CNE, Marcos Castillo, director de Aviación Civil y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE. Claro hay otros investigados, entre ellos Amador, el propio Chaves y la exministra Natalia Díaz.

Finalmente, cabe decir que hace apenas dos meses (marzo) el acta de recepción provisional de las obras, señaló más de 127 observaciones por corregir, tales como huecos profundos en la superficie de pavimento, problemas de acabado, problemas en el sistema de bombeo y desprendimiento de material usado para los trabajos, entre otros aspectos que conversamoscon Olman Vargas, Presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Al revisar el programa de gobierno de Rodrigo Chaves no se encuentra ninguna alusión respecto del tema carcelario o sobre política penitenciaria.

Es ya cuando han transcurrido dos años de la gestión y la realidad del hacinamiento y en general del deterioro de las condiciones carcelarias ejercen mayor presión, cuando saltan ideas para enfrentar la situación de alguno modo.

Es así como en julio pasado se conoce la iniciativa para habilitar cárceles en carpas. Gerald Campos, jerarca de Justicia, defendió la idea como una solución segura y menos onerosa por supuesto, pues costaría (₡2.684 mills) nueve veces menos que una prisión de máxima seguridad. Las opiniones expertas así como las dudas sobre la transparencia de las gestiones que se habían adelantado, obligaron al Ejecutivo a sepultar el proyecto.

Cuatro meses después, durante la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el artífice de la cárcel más grande del mundo, se empieza a dar forma a la idea hacer más restrictivas las condiciones para los privados de libertad y de ahí se pasa a la gran idea de hacer también una megacárcel en Costa Rica.

Así, hace pocas semanas se anunciaron restricciones: se cerraron las pulperías habilitadas en algunos centros, se redujeron las visitas familiares y los encuentros conyugales, se limitaron llamadas telefónicas y se redujeron los ingresos de alimentos y artículos de aseo personal, todo en consonancia con la nueva política de que los privados de libertad deben tener menos derechos.

Por otro lado, el ministro de Justicia hizo la ahora obligada visita de funcionarios de toda América para observar la “proeza” carcelaria salvadoreña trayendo la promesa de obsequio de los planos del Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, cuyo valor, asegura Campos, es de $25 millones. Y como el proyecto total -según dijo- sería de $60 millones, los $35 millones restantes saldrían del presupuesto ordinario de la República. Es decir que estamos tan bien, pero tan bien en las arcas públicas que (al tiempo que reducimos la inversión social) tendríamos sin necesidad de empréstito alguno, disponibles $35 millones contantes y sonantes para construir una mega cárcel.

Pero por ahora, todo son expectativas. Al gobierno le quedan 12 meses de gestión. Los “acuerdos” con el gobierno salvadoreño son únicamente verbales, los recursos aunque fuesen ordinarios deben aprobarse en un presupuesto que pase por la Asamblea Legislativa. Pero no solo eso, la Contraloría General de la República tendría que cumplir su papel fiscalizador de la licitación o del mecanismo que se escoja para la ejecución del proyecto, por lo cual el ministro Campos adelantó, desde ya, que si no se llega a construir, la culpa sería del ente contralor. Así tal cual.

Entonces, ¿en un año de campaña, la mega cárcel es un proyecto real del Ejecutivo o es una promesa para alentar la bolsa de ofrecimientos del gobierno para su apuesta electoral 2026-2030, con el atractivo discurso de mano dura contra los privados de libertad?

Sobre estos ejes conversamos con Guillermo Arroyo, especialista y ex director de Adaptación Social.

Lo suyo fue una vida coherente de luchas para combatir la desigualdad y crear oportunidades. Así entendía lo que significaba ser de izquierdas.

Fue desde cofundador del grupo guerrillero urbano Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en los sesenta a pasar recluido casi 15 años en la cárcel, hasta convertirse luego en un demócrata involucrado de lleno en la vida política, tanto que logró ser diputado, senador y el “presidente más pobre del mundo” entre 2010 y 2015 cuando gobernó Uruguay.

José “Pepe” Mujica murió este martes a poco de cumplir 90 años. Fue un ícono político regional y global que enarboló las banderas del progresismo en favor de los derechos humanos y las libertades. Fue un hombre querido. Un gran humanista, así reconocido por sus correligionarios y también por sus adversarios políticos. Admirado profundamente.

Ha muerto el político y, acaso, ha nacido la leyenda y para hablar de su legado conversamos con el diputado frenteamplista Ariel Robles con quien, como parte de sus coincidencias ideológicas con el uruguayo en su defensa del medio ambiente, aprovechamos para darle también una primera mirada a su última denuncia por destrucción del ambiente. Un reclamo que presentó recientemente ante la Fiscalía Adjunta Ambiental por afectación al área boscosa del Corredor Biológico Paso de la Danta, en Portalón de Quepos.

Allí, la empresa New Age Construction y su dueño, Christian Guillermo Arce Carranza construyen un residencial en zona protegida. ¿Y quién es Arce Carranza?

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones él aparece registrado con la compra de bonos por ₡175 millones a la campaña electoral que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves.

En tanto continúan las indagaciones, un tribunal penal dictó medidas cautelares para detener la construcción, ya que se investiga si los involucrados habrían hecho incurrir en errores a la Setena para obtener los permisos. En el sitio ya hay destrucción de bosque, obras que afectan cuerpos de agua y afectaciones en el ecosistema del corredor biológico.

Con Ariel Robles Barrantes conversamos en Hablando Claro.