Hablando Claro con Vilma Ibarra

Con un saldo de 14,000 muertos, 15,000 heridos y 16 millones de desplazados, la invasión rusa contra Ucrania cumplió este martes 1,000 días y el mundo teme una posible escalada mayor del conflicto justo en las postrimerias del mandato gubernamental del estadounidense Joe Biden que esta semana autorizó por primera vez a Kiev a utilizar sus misiles de largo alcance contra territorio enemigo, así como de las denominadas minas antipersonas. Al mismo tiempo está acelerando el ritmo de entrega de equipamiento y promete terminar de trasladar 6,000 mil millones de dólares pendientes del paquete de 61,000 millones aprobado meses atrás. La estrategia es clara, quedan dos meses para la toma de posesión de Donald Trump y Biden pretende asegurar en todo lo posible el apoyo a Zelensky. 

Con todo, los especialistas aseguran que Moscú sigue teniendo la iniciativa de la guerra. Lo mismo que el tiempo a su favor. Después de todo los rusos no necesitan escalar el conflicto ahora que precisamente esperan la entrada de Trump en el escenario, el 20 de enero. Claro que eso no implica no dar golpes en la mesa. Putin aprobó un decreto para actualizar la doctrina nuclear rusa, la amenaza más significativa de cuantos armamentos existen. Además, la Duma aprobó un incremento de casi el 25% en los gastos de defensa para el trienio 2025-2027.

El temor de Occidente, que cerró temporalmente algunas de sus embajadas en la capital ucraniana ante la posibilidad de un ataque, es que, como dijo el vicepresidente electo JD Vance, "Ucrania tendría que resignarse a perder parte de su territorio" para acabar el conflicto como lo prometió tantas veces en campaña el impredecible Donald Trump, que hasta ahora no se ha pronunciado respecto del tema. 

Para tomarle la temperatura a este momento de la guerra conversamos mañana con Carlos Cascante, especialista en relaciones internacionales.

La violencia homicida que provoca la delincuencia criminal organizada y particularmente el narco, no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. En el 2023 la mitad de los asesinatos se concentró en 27 distritos que presentaron más de 10 muertes violentas, aunque hubo ajusticiamientos en una gran mayoría pues del total de 478 solo 265 salieron ilesos, es decir sin ese tipo de ejecuciones en las que 7 de cada 10 fueron contra miembros de otras organizaciones delictivas.

Esa cifra incluye las lamentables víctimas que no tenían relación alguna con la actividad. La dinámica de estas muertes ha variado en los últimos años, tanto por su desmedido aumento como por un patrón territorial que se extendió a otras zonas que antes no estaban afectadas.

El XXX Informe del Estado de La Nación, en su capítulo especial de este año sobre Seguridad, identifica variables socioeconómicas que sin ser concluyentes, tienen relación con lo que sucede en los cantones más calientes que son los que tienen más bajo desarrollo humano, menor promedio de personas aseguradas a la CCSS, hogares en asentamientos informales, personas jóvenes que contrata el crimen como sicarios, hogares con jefaturas femeninas y bajos niveles educativos.

Peor aún , así como la presencia territorial de la violencia delictiva es detectable claramente en zonas tradicionalmente rezagadas y eso tiene impacto en el desarrollo humano, también se convierte en un doble castigo , pues esa mayor actividad delictiva propicia un desplazamiento de la actividad económica legítima y por ende , un incremento de las brechas territoriales.

Para aportar más elementos a este fenómeno conversamos con Evelyn Villarreal coordinadora del capítulo y con Mauricio Viera especialista en combate al crimen organizado y prevención del comercio ilícito, de la Universidad para la Paz .

“Existe una similitud importante entre las políticas de este periodo, con los paquetes de “austeridad fiscal” del FMI implementados en muchos países del mundo durante los años ochenta y noventa del siglo pasado. Estas últimas consisten en reformas fiscales con ausencia de objetivos explícitos de política sectorial, social, desarrollo productivo y gestión ambiental”.

Contundente como se lee. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del XXX Informe del Estado de la Nación 2024.

Establece además que la deuda del Gobierno Central sigue en el límite más crítico que nos ha impuesto la regla fiscal, con lo cual se estrechan todas las posibilidades de inversión en infraestructura y políticas sociales que permitan condiciones de generación de empleo, reactivación económica y bienestar para la ciudadanía.

Y mientras la economía ha crecido en los últimos 30 años, no así los ingresos de los hogares, potenciando la desigualdad y la falta de oportunidades.

Lo que nos muestra el espejo de la realidad de la inversión social también es preocupante. El informe señala que los servicios sociales con mayores recortes fueron los de educación y salud, con un deterioro evidente tanto en términos totales como por habitante. La inversión en educación por persona disminuyó un 1,6% afectando a todos los niveles educativos, sobre todo en preescolar, primaria y universitaria.

Otros datos dramáticos son la disminución de estudiantes beneficiados con becas de Avancemos que pasaron de 417,000 en el 2021 a 290,000 en el 2023. En tanto, la inversión en salud se redujo en un 1,4% por habitante.

Para continuar el repaso de los resultados del EN 2024 abordamos este miércoles los desafíos socioeconómicos con los investigadores Natalia Morales y Steffan Gómez.

La imagen de Costa Rica como país que consolidó un liderazgo ecológico responsable con el ambiente y promotor de políticas públicas tendientes a la sostenibilidad, se está destiñendo.

Esta responsabilidad recae en una serie de acciones que ha adoptado la administración Chaves Robles, tales como rebasar los aforos de áreas protegidas, promover la exploración y explotación de gas natural y petróleo, retornar a la práctica de la minería a cielo abierto, así como reducir o retirar metas ambientales asumidas en compromisos internacionales.

Estos y otros elementos que ponen en riesgo las conquistas ambientales se identifican en el XXX Informe del Estado de la Nación 2024, que determina que con esta administración van quedando en evidencia posturas contrarias a la sostenibilidad ambiental y la conservación, que han sido parte esencial de la política exterior, que en el pasado reciente redituó en liderazgo global, cooperación internacional, atracción de inversiones y turismo calificado.

Para el Estado de la Nación se puede establecer una perjudicial tendencia a priorizar criterios políticos por encima de fundamentos técnicos. Para ahondar comprensivamente en el tema conversamos con Karen Chacón, del equipo coordinador del informe.

Cómo se sabe, para su segundo mandato Donald Trump prometió ejecutar deportaciones de millones de personas, imponer fuertes aranceles a las importaciones, revertir las políticas que intentan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, detener la guerra en Ucrania y perdonar a los acusados del asalto al capitolio del 6-2021, entre otros asuntos.

Tendrá enorme poder discrecional para moverse con soltura y los primeros anuncios de su gabinete confirman sus pretensiones. Las designaciones premian la lealtad absoluta. El cargo de mayor poder lo ostentará Susie Wiles la Jefa de Gabinete, apodada "doncella de hierro" por el mismo Trump.

Un secretario de Estado, Marco Rubio con la misión de ejercer mano dura con China, Irán, Venezuela y Cuba. Un secretario de salud, Robert Kennedy Jr. excéntrico antivacunas. Un fiscal general, Matt Gaetz, acusado de tráfico sexual de menores y quien se define como un agitador. Y como Fiscal Adjunto, Todd Blanche, su abogado de confianza.

Para la política migratoria escogió un triunvirato: Tom Homan “zar fronterizo” un duro con décadas de experiencia. Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y Stephen Miller, Adjunto a la jefatura de gabinete, quien será el cerebro coordinador de la estrategia antiinmigrante.

También reúne a un grupo de multimillonarios que harán de consejeros para la reducción del estado, que no es otra cosa que la pretensión de minar las capacidades de las agencias federales de regulación. Douglas Burgum liderará el Departamento del Interior. Elon Musk y Vivek Ramaswamy pondrán a funcionar el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” que no será una dependencia, sino un grupo asesor.

Repasamos mañana con el analista internacional, Carlos Murillo.

Nuestra democracia y sus consecuentes logros en desarrollo humano sostenible atraviesan una situación peligrosa que de seguir mal atendida constituyen un riesgo mayor que puede desestabilizar nuestra convivencia como Nación.

Así de contundente es la conclusión del Trigésimo Informe del Estado de la Nación, que apunta que las transformaciones políticas, sociales y económicas que lograron generar bienestar colectivo, concretar derechos, libertades y afianzar un régimen de pesos y contrapesos, en estas tres décadas, se encuentran hoy amenazadas por un sistema político estancado en un conflicto entre poderes, cuyo principal impacto es frenar la atención que requieren muchos de los desafíos de una ciudadanía que muestra desconfianza y desafección a la democracia.

Dos datos muy relevantes de los cambios en estos 30 años: en 1994 el 98% de la población tenía afinidad con algún partido político, mientras que para el 2022 esa cifra había caído a tan solo un 16%. Otra cifra significativa: el PIB pasó de ₡10.8 billones a ₡40.9 billones, pero con una distribución que nos ubica como un país de gran desigualdad.

No es la primera vez que atravesamos aguas turbulentas, pero con el advenimiento de la administración Chaves Robles el informe destaca los drásticos recortes a la inversión social y advierte las acciones del gobierno dirigidas a una permanente discusión y señalamientos contra el Poder Legislativo con el "poder del megáfono", a lo que responden por su parte los partidos opositores.

Para hacer un primer abordaje de este trigésimo Informe conversamos con su director, el Dr. Jorge Vargas Cullel.

incidentes.

La atención de una emergencia como la que atraviesa Costa Rica por las intensas lluvias y la información de nuevos eventos meteorológicos en formación para los próximos días requiere de la experiencia que nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha puesto a prueba en otras ocasiones. Las improvisaciones o el aprovechamiento político no deberían estar en la agenda de atención de los incidentes.

Apenas termina la visita del presidente de El Salvador se envían dos mensajes: la declaratoria de alerta roja (aún no se ha decretado emergencia nacional a la hora de escribir este texto) para la zona de Guanacaste, Pacífico Central y Sur, sitios en los que se concentran los más impactos más significativos. El otro mensaje es el traslado de la habitual conferencia de prensa de miércoles para jueves y no en la Casa de Gobierno sino en la Zona Sur, con la presencia del presidente y su equipo.

Horas antes, la sorpresiva llegada al país de un primer equipo de 100 rescatistas salvadoreños -incluidos miembros de las Fuerzas Armadas- que habían sido ofrecidos a España (y que España declinó aceptar, es menester señalarlo) generan una serie de suspicacias que nos distraen de la atención de los estragos de lluvias, deslizamientos e inundaciones.

Este grupo de personas y las labores que harán, están bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que igual deberá continuar con el trabajo que estaba realizando con los cuerpos nacionales de atención de la Cruz Roja, Bomberos, policía y comités municipales de emergencias.

Sin un inventario definitivo de las repercusiones -ya que la emergencia está en proceso- ¿cómo deben ajustarse los protocolos que establece nuestra legislación para proteger la vida de las personas, sus pertenencias y las atenciones inmediatas de manera correcta y fluida, para que sean las requeridas?

Para aportar en este momento más información conversamos mañana con la ex presidenta ejecutiva de la CNE, Vanesa Rosales.

Costa Rica se ubica en la segunda zona de mayor vulnerabilidad del mundo. Eso lo hemos experimentado por emergencias climatológicas (sequías e incendios), hídricas (inundaciones y deslizamientos), meteorológicas (huracanes, ondas tropicales, mareas altas) y geofísicas (actividad sísmica).

De todas ellas, se calcula que el 80% de los impactos han sido por eventos hidrometeorológicos. El investigador de la Escuela de Geografía UCR, Adolfo Quesada Román, estima que cada año se debería invertir hasta un 2% del PIB en reconstrucción, equivalente a $1.650 millones. El Estado de la Nación 2023, con datos del año anterior, indicó que desastres asociados a eventos climáticos afectaron a 4.879 personas. Fueron percances asociados a inundaciones (4.450) y deslizamientos (394) que encuentran infraestructuras débiles, poblaciones expuestas y vulnerables que se ubican en todas las regiones del territorio nacional.

Los especialistas concluyen que esta situación es muy peligrosa porque cada vez nos estamos volviendo más vulnerables ante eventos cada vez más extremos debido al cambio climático.

Dadas las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de estas dos semanas de noviembre se declaró -sostienen expertos que de manera tardía- una nueva declaratoria de emergencia que se suma a los decretos vigentes por la tormenta Bonnie, el huracán Julia y las lluvias de enero 2023. Estos tres decretos implican planes de reconstrucción por ₡176 mil millones.

Lo que se debe invertir al año se podría reducir si se tomarán medidas de prevención, con especial foco en el ordenamiento territorial, lo cual se hace, pero de forma insuficiente.

Para analizar cuánto nos afectan los efectos acumulativos que nos hacen más vulnerables, menos resilientes y de qué manera variar esa situación, conversamos con el geólogo y especialista en evaluación ambiental, ordenamiento y planificación del territorio, Allan Astorga.

La Constitución Política establece los límites y define las relaciones entre los tres poderes del Estado y de estos con la ciudadanía; es, por tanto, el marco que delimita la convivencia en nuestro Estado de derecho con garantías claras y precisas.

La actual, que nos rige desde 1949, es la décima quinta en la historia de Costa Rica y la que tiene mayor cantidad de años de vigencia en la toda región centroamericana.

En estos 75 años, la Carta Magna ha mantenido y ampliado los derechos y garantías individuales, sociales y políticos. Se le han hecho 62 reformas incorporando significativas mejoras como la gratuidad de la educación general básica y diversificada, la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las universidades públicas, el derecho al voto de las mujeres, la creación de la Sala Constitucional, el carácter multiétnico y pluricultural del Estado, el derecho del pueblo a legislar por la vía del referéndum y el derecho humano al agua, entre otras.

En tiempos de turbulencia y desilusión acerca de la eficacia de la democracia es vital comprender el valor de la Constitución Política para no caer presas de cantos de sirena que surgen cada tanto, reclamando la supuesta urgencia de cambiarla por completo, sin saber de ulteriores intenciones que podrían ocasionarnos un costo altísimo como una sociedad acostumbrada a gozar de preciados derechos y garantías.

Para discutir acerca de las fortalezas constitucionales y de cómo enfrentar las circunstancias actuales, conversamos con el especialista en derecho constitucional Rubén Hernández Valle.

Poder absoluto. Este es el resultado del proceso electoral que ganó arrolladoramente Donald Trump quien gobernará con margen holgado en la Cámara de Representantes y el Senado; sin olvidar que ya desde su primera administración dejó la impronta de una mayoría de magistrados conservadores afines en la Suprema Corte.

Tal el resultado de las reglas democráticas puestas en juego en esta elección, que la Vicepresidenta Kamala Harris enfatizó en su discurso de aceptación de la derrota este miércoles al prometer una transición pacífica y ordenada de entrega del poder desde ahora y hasta el próximo 20 de enero.

Más allá de las celebraciones de unos y el pesar de otros, quedan encendidas una serie de alertas, por la muy controvertida personalidad -narrativa incendiaria incluida- del mandatario electo y su larga lista de promesas que van desde la deportación masiva de migrantes, la negación de la crisis climática, la rebaja de impuestos para los que más tienen y un duro proteccionismo económico aparejado con el establecimiento de nuevos aranceles a las importaciones.

“Promesa hecha, promesa cumplida… Hemos logrado una victoria política que nuestro país no había visto nunca, nada como esto”, dijo Trump al anunciar el advenimiento de una “época de oro” algo en lo que, a juzgar por los resultados, han creído fervientemente sus votantes que le apoyaron no solo con sobrado número de delegados de los colegios electorales, sino también con el anhelado voto popular que se le escapó de las manos a los demócratas que nunca imaginaron perder por tan amplios márgenes.

Lo cierto es que el retorno a la Casa Blanca de Donald Trump somete a una dura prueba de resistencia la democracia de ese país, pero también al resto del mundo ante lo que pueda acontecer en la recalibración de los pesos y contrapesos en un escenario de alta conflictividad geopolítica.

Para seguir analizando las implicaciones del triunfo de Trump conversaremos con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.