Sedición = llamado al alzamiento público y violento contra la autoridad, para impedir por la fuerza, o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos.

Es el significado de este término, que no había sido propio de nuestro vocabulario, sino hasta recientemente.

Y es que en la evolución de su discurso confrontativo el presidente de la República acumula varios llamados, que rozarían la sedición.

Independientemente que este delito no esté tipificado en nuestro país, dado el giro de la dialéctica presidencial, algunos especialistas estiman que sí cabrían posibles delitos de intimidación pública e instigación pública contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional. Pero esta no es una discusión jurídica, o al menos, no únicamente jurídica. Se trata de asunto sociopolítico.

Ya desde el 2 de mayo del año pasado en su informe ante la Asamblea Legislativa cuando anunció la fallida ley jaguar, Chaves pidió a la ciudadanía que se hiciera oír “cuando los depredadores intenten mantener sus privilegios y, griten más duro”.

En setiembre, tras los allanamientos por la investigación judicial del caso Barrenador, vociferó: “estén listos, porque Dios no quiera, pueda llegar el momento de actuar como sociedad… estén listos, que vivan el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados”

En giras por el país y otros actos públicos siguió reproduciendo esos llamados y la semana pasada, también irritado por los allanamientos por Pista Oscura, otro presunto caso de corrupción, sentenció, "… Yo les advierto: en 1948 el pueblo se alzó, yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera, no le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? No sé".

Ese mismo día vetó la ley para que los cuerpos policiales puedan hacer allanamientos 24/7 y adelantó además que vetará también la legislación contra capitales emergentes.

Ya convertido el gobierno actual en el que más vetos ha decretado en la historia reciente, el mandatario también había rechazado la reforma legal que permitiría una pensión anticipada a investigadores del OIJ que trabajan en jornadas extraordinarias de 12 horas al día, e insinuó una confrontación entre cuerpos policiales, lo que generó un rechazo conjunto de oficiales de Seguridad Pública y OIJ rechazando narrativas divisorias entre los encargados de cuidar el orden público.

Los puentes entre Zapote y Cuesta de Moras están destruidos. También los pasos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y no pareciera haber forma de restablecerlos en medio de los altisonantes micrófonos de la Casa Presidencial.

Del ambiente imperante, conversamos con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.