Hay deudas que son privadas y hay deudas que inevitablemente pasan a ser asunto público cuando quien las arrastra fue designado embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas, o bien, es diputado de la república. Hoy toca hablar de eso... de estándares, de transparencia y de esa incómoda pregunta que siempre aparece cuando alguien exige austeridad, orden y rendición de cuentas para los demás pero guarda la escoba (y el micrófono) cuando se trata de su propio corredor. 

Ayer hablamos del caso Riverside y de la dimensión que ha alcanzado el crimen organizado en Costa Rica: 146 allanamientos, rutas internacionales, patrimonio multimillonario, negocios de fachada, contactos en cárceles y una estructura que siguió operando aun después de que extraditaran a su presunto jefe.  Hoy el Gobierno respondió a ese panorama con un mensaje que, digamos, viene cargado de matices: vienen recortes para todos. Y en particular, para el Poder Judicial. 

Ayer tocó hablar de polígrafos, directores policiales removidos y una promesa presidencial de “limpiar a Costa Rica”. Hoy toca hablar del tamaño del problema que hay que limpiar. Como es sabido los sucesos no son el hábitat natural de este Reporte, pero el caso Riverside es demasiado grande como para pasarlo por alto y no dedicarle esta entrega.

Caramba. Casi 10 años en esto y no recuerdo un día tan “muerto” como este lunes. No news is good news dice el proverbio anglo. Diay, de pronto. A falta de movimiento en cualquiera de los frentes usuales la jornada transcurrió con calma, con medio mundo comentando el doblete de Messi y algunos cuantos la noticia de la presidenta Laura Fernández “removiendo” a siete jefes policiales por no pasar la prueba del polígrafo.

El jueves previo a la gira de hoy por Crucitas vino flojito, sí, pero en Tiquicia siempre hay anécdotas de color para seguir midiendo el pulso político. Hoy nos toca entonces hablar de una seguidilla de nombramientos incómodos y una nueva cruzada del diputado José Miguel Villalobos, esta vez contra ACAM. Costa Rica: donde hasta los derechos de autor tienen control político con frase de tráiler. 

La conferencia de prensa de ayer vino cargada. Doña Laura Fernández Delgado repartió contra la Corte Suprema de Justicia, el PLN, críticos de su posición sobre Nicaragua y los diputados que no van a Crucitas. Mientras tanto su ministro de Justicia se fue a denunciar al fiscal general y a 33 fiscales más. Miércoles de paz, evidentemente. Y eso que no menciono la agresiva conferencia de prensa que preparó Pueblo Soberano para criticar al TSE, el recuento de ese episodio se lo dejamos a Lucho en Barra de Prensa. 

Esta no la vimos venir. Ayer trascendió que el Gobierno echó reversa en una de las piezas más polémicas del reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo. La administración de Laura Fernández Delgado eliminó, vía decreto ejecutivo, la figura de compensación de densidad y cobertura, que permitía trasladar derechos constructivos entre concesiones de un mismo desarrollador, incluso si los terrenos no eran colindantes. 

La presidenta Laura Fernández Delgado arrancó la semana llevando a la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad. Mano firme, penas más duras, nuevas herramientas contra estructuras criminales, cambios en legítima defensa, pistas clandestinas, cárceles productivas y antecedentes judiciales por más tiempo. Mieeeeentras tanto ayer la Corte Plena le devolvió a la Asamblea Legislativa la misma nómina de 18 nombres para magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Intacta. Sin cambios. Sin concurso nuevo. Sin “tomen, aquí va otra para ver si esta sí les gusta”. 

La jornada de ayer no nos trató tan mal. La anécdota del día llegó desde el campamento de Pueblo Soberano (PPSO) pues la diputada Mayuli Ortega, actual presidenta del partido, denunció que un asambleista la retó a pelear el domingo pasado, durante la fallida Asamblea Nacional de la agrupación. 

La diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez no se lo pensó dos veces y se rajó a calificar como “ticos con corona” a las personas que acuden a la Sala Constitucional para exigir atención médica pronta en la CCSS por listas de espera. Sí, dijo eso.