Ayer Pueblo Soberano adelantó su plan de juego previo al arranque del próximo periodo legislativo y, para sorpresa de nadie, decidió servirse con cuchara grande. El partido oficialista definió su papeleta para el Directorio Legislativo y confirmó así que controlará la totalidad de sus puestos a partir del 1.° de mayo. Nada de reparticiones, nada de guiños a la oposición, nada de multipartidismo: los seis espacios serán jaguares. Nótese que no es una anécdota menor: durante más de dos décadas el directorio del congreso había incluido siempre al menos una voz opositora. Esta vez no. El mensaje es claro: la mayoría se ejerce completa. 

La Sala Constitucional condenó al Estado por no girar a las universidades públicas más de ₡11.500 millones correspondientes al aumento del 2% del Fondo Especial para la Educación Superior 2025, aprobado por la Asamblea Legislativa. Es decir: el Congreso definió el monto, el Ejecutivo decidió no pagarlo… y la Sala IV le recordó que el desembolso no era opcional. Pero, hay truco. La sentencia no obliga a girar la plata. ¿Por qué? Porque ya pasó el año presupuestario. Así que, en la práctica, Hacienda queda regañado… pero la plata ni apareció ni tiene que aparecer. 

Este martes el Gobierno puso sobre la mesa su carta maestra en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y, como era de esperarse, no fue precisamente conciliadora: 0% de aumento nominal. No debe sorprendernos entonces que la propuesta fuera recibida con rechazo inmediato. 

Es un gusto enorme estar de vuelta con ustedes, no tanto así contarles, de entrada, que no hay forma de que la Asamblea Legislativa resuelva el más sencillo de los trámites. Aunque cueste creerlo, a estas alturas del rodeo todavía seguimos esperando que resuelvan la elección de magistraturas suplentes para la Sala Tercera y la Sala Constitucional. 

La detención de un abogado en Corredores, requerido por una corte en Texas por presunto narcotráfico, podría parecer —en otra época— una noticia más de la sección de sucesos. Pero ya no estamos en otra época. Hoy, cada nuevo nombre que aparece en la lista de extraditables inevitablemente se conecta con algo más grande e incómodo. 

Ayer, en conferencia de prensa el presidente Rodrigo Chaves dijo que los espacios de control político actuales de la oposición son (palabras más, palabras menos) irrelevantes. En buena medida, coincido con él. Toda esa gente ya está en silla floja y con fecha de vencimiento sobre el cuello. Lo que Chaves no dice abiertamente es que él mismo, al igual que los diputados de oposición, también es un pato cojo. 

Como saben Costa Rica firmó un nuevo acuerdo con Estados Unidos para recibir hasta 25 migrantes deportados por semana. El Gobierno lo presentó a inicios de esta semana como un mecanismo ordenado, voluntario, financiado por Washington y bajo control soberano. En papel, suena razonable. En la práctica… ya lo intentamos. Y no salió bien. 

La Asamblea Legislativa decidió este lunes algo que, siendo honestos, ya se veía venir: mandó al archivo el informe “light” sobre la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)… y acto seguido aprobó el otro. El incómodo. El que sí señala responsables. Recordemos: la comisión investigadora parió dos versiones del mismo cuento. Una que básicamente decía “aquí han pasado cosas… pero diay, nadie es culpable y doña Marta es toa” y otra que responde “no señor, aquí hay nombres, decisiones y responsables”. 

He seguido con interés el temita del embarcadero que Japdeva pretende construir frente al pueblo a pesar de notorias y sostenidas oposiciones de la comunidad cada que surge esa "conversación". A ver, entrémole de atrás para adelante. Ayer jueves dimos a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) improbó el financiamiento para el proyecto. En concreto: ₡674 millones que, por ahora, no se pueden usar. 

Durante una entrevista en Interferencia de Radio UCR, Nogui Acosta defendió la idea de que, en un eventual escenario de suspensión de garantías, el Estado podría ingresar a domicilios sin autorización de un juez. Para justificarlo, planteó un caso en el que una orden tardía permitió decomisar droga días después de un primer intento que no obtuvo el visto bueno judicial. La periodista Hulda Miranda le consultó: “¿qué pasa si entran a una casa sin orden judicial… y no encuentran nada?”. “Perdón, ¿cuál fue el daño?”, respondió Acosta. Conviene detenerse ahí.