Como saben, la presidenta Laura Fernández Delgado volvió esta semana a cargar contra el Poder Judicial y, en particular, contra la magistrada Patricia Solano Castro. Lo hizo con una frase que, por supuesto, no pasó desapercibida: "Doña Patricia, deje de hablar paja y póngase a trabajar”. El pulso sumó un nuevo episodio este jueves, cuando doña Patricia compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Feliz jueves, Costa Rica. Agárrense que el Gobierno anunció este miércoles que el 22 de julio presentará su plan para aumentar ingresos fiscales. La presidenta Laura Fernández Delgado adelantó que la propuesta buscará “cobrar mejor los impuestos”, mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, retomó el temita sensible de modificar el trato tributario de la canasta básica. Además, ayer también tuvimos otro episodio institucional digno del anuario de anécdotas decembrinas: la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la Comisión de Nombramientos, restringió el ingreso de camarógrafos y fotógrafos durante la audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez. 

La Caja Costarricense de Seguro Social volvió ayer a ser noticia por tres frentes distintos que, vistos por separado, parecen temas burocráticos, lejanos y administrativos. Pero vistos juntos dibujan algo bastante más serio: la Caja está atrapada entre presión financiera, bloqueo político y una disputa sobre qué cargas debe seguir administrando. 

El Gobierno anunció ayer que la Policía de Control de Drogas volverá a tener presencia permanente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La medida implica el regreso de once oficiales especializados de la PCD a la principal terminal aérea del país, incluido un analista antidrogas, después de que durante la administración Chaves, ejem, se redujera esa presencia fija como parte de un criticado cambio en el modelo de vigilancia. 

Buenos días Costa Rica. Cerramos la semana con un tema que, a juzgar por el ruido —precisamente—, tiene a media capital hablando: el nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos que impulsa la Municipalidad de San José y que encendió las alarmas de bares, restaurantes, artistas, músicos, DJs, productores de eventos y hasta cámaras empresariales. 

Buenos días. Hoy le entramos a tres temas pero como suele suceder todos conversan entre sí: prueba, independencia institucional y trazabilidad. Dicho de otro modo: cuando el Estado acusa, decide, nombra, rechaza, inspecciona o pretende reformar reglas sensibles, no basta con decir “créame”. Hay que probar, explicar y dejar expediente. 

¿Qué pasó este martes? Previsiblemente: no mucho. El sector público de vacaciones, el congreso descansando y el país en modo Messi. Pero siempre algo se mueve y como ayer se movió el “Caso Rocío Alfaro” pues aprovechamos para ponerlos al día. 

La Corte Plena le respondió ayer a la presidenta Laura Fernández y, en términos bastante claros, le dijo algo que debería ser obvio en democracia: si usted conoce casos concretos de corrupción o infiltración del crimen organizado dentro del Poder Judicial, denúncielos. Dicho lo cual... no deja de ser incómodo que mientras doña Laura le pide al país asumir que el crimen organizado se ha infiltrado hasta el cafetín del Poder Judicial, su propio Gobierno mantiene bajo llave la información relacionada con las pruebas de polígrafo que aplicó a jefaturas policiales y altos jerarcas. 

¿Qué pasó ayer? Algo inesperado. Pueblo Soberano se dio cuenta de que no había forma de sostener que encontró un problema concreto con alguno de los 18 candidatos enviados por la Corte Suprema de Justicia para llenar las plazas vacantes de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Luego de presentarle a Costa Rica un caleidoscopio de excusas distintas quedó en evidencia que ninguna se sostenía, así que finalmente fueron honestos y aceptaron el verdadero motivo por el cual están aflojándole las roscas a la Sala Constitucional.

Que el Poder Judicial explique sus decisiones. Sí. Que la UCR responda por una carrera que abrió sin tener las condiciones necesarias. Sí. Que la Caja actualice sus estados financieros. Sí. Que la Defensoría, el Tribunal Supremo de Elecciones y cualquier institución pública justifiquen cada colón. También. Pero que Casa Presidencial explique cómo revisa a las personas que nombra para representar al país, diay, también.