Bueno, al final los “güichos”, “masoquistas” e “ingenuos” eran bastantillos. Miles de personas se movilizaron ayer en San José y diferentes puntos del país en defensa del Poder Judicial, la división de poderes y la institucionalidad democrática, apenas 24 horas después de que Rodrigo Chaves descalificara por adelantado a quienes pensaban asistir a la convocatoria. Además, mientras miles de personas discutían en la calle sobre límites, controles e independencia de poderes, la Fiscalía General abrió el expediente 26-000076-0033-PE contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, para determinar si hubo alguna actuación contraria a la ley en el nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal. 

Había bastante material para discutir después de la conferencia: el IVA que ya no se discutió aunque sí se discutió, la pensión que ahora merece una defensa comprensiva y una oposición que supuestamente solo bloquea, y una acusación gravísima contra la administración anterior del propio movimiento político que hoy gobierna. Y zaz: llegó la Asamblea Legislativa y le regaló al Ejecutivo la distracción perfecta. El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya dijo en el plenario que la presidenta “se hace la tontita”. Hay que decirlo con todas las letras: fue una expresión inaceptable. 

El oficialismo presentó este martes cuatro reformas constitucionales. Una reconoce expresamente el derecho de las personas a controlar el uso, tratamiento y circulación de sus datos personales. Bien. El principio de autodeterminación informativa ya ha sido reconocido por la jurisprudencia y cuenta con protección legal, así que elevarlo expresamente a la Constitución es una discusión más que oportuna. Las otras tres, en cambio, aterrizan directamente sobre las instituciones con las que el Gobierno lleva semanas —en realidad años— sosteniendo un enfrentamiento cada vez menos disimulado: la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. 

Todos conocimos de peques al vecinito pudiente dueño de la bola. Mientras el partido avanzara como él quería, todo era armonía, deporte y sana convivencia. Pero bastaba con que Leito le hiciera un par de fintas y apague y vámonos: bola debajo del brazo, mejenga cancelada y calabaza calabaza cada quien para su casa. Ayer el Gobierno nos ofreció la versión institucional del berrinche, en dos actos perfectamente coordinados. 

Hay una palabra espléndida en ajedrez para describir la situación incómoda en la que un jugador no quisiera mover, porque la posición actual le conviene, pero las reglas lo obligan a hacerlo. Se llama zugzwang. No es jaque mate. No es derrota automática. No significa que la partida terminó. Significa algo más sutil y más cruel: usted tiene turno, tiene piezas, tiene opciones... pero ya no puede quedarse quieto sin pagar un costo.  Pues bien: bienvenidos a la situación de Pueblo Soberano tras un fallo de la Sala Constitucional que cayó ayer por la noche. 

Primero fue “Operación Chiripa”. Luego vinieron las dudas sobre el traslado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, a los Tribunales de Justicia. Después apareció la explicación de la Fiscalía: reunión con agentes de la DEA, interés de Estados Unidos en extraditarlo y la diligencia sensible de cooperación internacional. Más tarde, el propio fiscal general reveló que “Diablo” habría dicho espontáneamente que contó durante años con colaboración de oficiales del Ministerio de Seguridad Pública. Y ayer, finalmente, Zapote dio el siguiente paso: pedir que la cúpula judicial vaya a rendir cuentas al congreso.

El lunes el Ejecutivo (en la voz de la presidenta Laura Fernández, el ministro Rodrigo Chaves y el ministro Gabriel Aguilar) dedicó buena parte de su conferencia de prensa a cuestionar por qué Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, había salido tan temprano de La Reforma si su audiencia de medidas cautelares era hasta la tarde. Se cuestionó, inclusive, el propio traslado, alegando que dada su peligrosidad el trámite debió resolverse de manera virtual. Preguntaron con tono acusatorio dónde estaba, con quién hablaba y qué se conversaba “privadamente” con un detenido de ese perfil. Ayer, el fiscal general Carlo Díaz respondió con una palabra que cambió el tablero: DEA. 

Hay méritos institucionales que deberían ser fáciles de reconocer. La captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, es uno de ellos. No porque el caso esté resuelto o porque el país pueda cantar victoria contra el crimen organizado. Pero sí porque el operativo del viernes dejó claro que el OIJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial ejecutaron uno de los golpes más relevantes de los últimos años. Sabe Dios cuánto tiempo llevamos escuchando el mote de Arias ligado al término “el más buscado”. Su captura, claro está, llega en un momento políticamente incómodo, cargado de polarización y de constantes ataques teledirigidos desde el Ejecutivo hasta el Judicial. Solo a la luz de ese contexto puede uno “entender” el desaire de Pueblo Soberano, que ayer en el plenario rechazó mociones orientadas a reconocer el trabajo de las autoridades y expresar solidaridad con los agentes heridos durante el operativo. 

Si están buscando un reporte entretenido, les adelanto: no será este. Les prometo que esta noche, en Café Para Tres, nos distraeremos un rato con un poco de humor, pero hoy toca saldar una deuda y presentar una entrega en modalidad “cómo se come eso” para atender el bendito tema de los aranceles. 

Endulcemos el café porque hoy hay que matizar un potencial trago amargo. Este miércoles, el Ejecutivo salió a decir algo que ningún gobierno quiere decir en voz alta: necesitamos recaudar más. Lo dijo con otro vocabulario, claro. Habló de combatir la evasión, perseguir facturas falsas, golpear el contrabando, ordenar exoneraciones, fortalecer Tributación, revisar renta, controlar el endeudamiento y “socarse la faja”. Pero el mensaje de fondo es bastante sencillo: al Estado no le alcanza solo con recortar el gasto.