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Manuel Tovar se fue ayer de la Cancillería “con mucha paz”. Mucha. Loable, la verdad, porque la presidenta Laura Fernández lo despidió de manera fulminante, en plena Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, con una acusación que tiene la virtud —para efectos periodísticos— de ser, por una vez en la vida, extraordinariamente concreta.
Miércoles relativamente tranquilo, de pronto gracias a que por esta semana nos ahorramos la conferencia de prensa de Zapote. Ya saben, la presidenta anda en Colombia diciéndole a De la Espriella que "Costa Rica no va a recibir la basura que usted está limpiando".
Hay cosas que uno dice a título personal y otras que dice con un ministerio entero detrás. El Ministerio de Seguridad Pública tuvo ayer problemas con ambas.
Ni modo, nos volvimos a topar con la Corte. Ya sé. Uno pensaría que después de pasar buena parte de setiembre entre presupuestos, cautelares, suplencias y presiones alrededor de la reelección de Julia Varela, Costa Rica nos daría unos días para hablar de otra cosa. Uno sería muy inocente.
Hay días en que Costa Rica tiene la decencia de escoger una sola polémica y desarrollarla con cierta calma. Ayer no fue uno de esos días. José Miguel Villalobos discute si todavía podían suspenderlo. Fabricio Alvarado enfrenta una nueva denuncia de acoso. La Caja intenta resolver salarios mientras recompone cirugías. Y, en Cuesta de Moras, Nogui Acosta fue captado durante la sesión haciendo, hacia la barra del público, el ya célebre gesto de "lero lero".
A veces la realidad tiene pésimo sentido del timing. Durante meses el Gobierno ha repetido una historia bastante sencilla sobre la inseguridad: la Policía captura, el Poder Judicial suelta y el país termina atrapado en una especie de carrusel institucional donde los delincuentes entran por una puerta y salen inmediatamente por la otra. La famosa “puerta giratoria”. El pequeño problema es que ayer el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios a explicar cómo está funcionando realmente el sistema penitenciario y... ejem. Resulta que las cárceles están cada vez más llenas.
Les adelanté ayer que hoy sí había Reporte y ahora me toca pagar la lengua en pleno feriado, así que empecemos por agradecerle a la clase política nacional que, aun cuando el país entero estaba ocupado descansando y viendo desfiles, hiciera un esfuerzo extraordinario por dejarnos material. Y vaya material...
El jueves pasado les conté que durante la votación para resolver la continuidad de la magistrada Julia Varela circularon en la Asamblea versiones bastante graves sobre presuntas presiones ejercidas para conseguir los siete votos que le faltaban a Pueblo Soberano para impedir que la señora siguiera en su puesto. También les dije que no pensaba meterme ahí: “Hasta no ver papelitos o hasta que nadie ponga la cara para levantar acusaciones concretas, paso de aludirlo en este espacio”, escribí entonces, antes de invocar aquella pieza inmortal del cancionero latinoamericano: “son rumores, son rumores”. Diay. Ayer alguien puso la cara.
Empecemos por conceder algo importante: doña Laura Fernández tiene un problema real entre manos. Si su Gobierno está preocupado por la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales, razones no le faltan precisamente. El miércoles, Fernández anunció que instauraría un sistema de rotación de policías por todo el país para evitar que los funcionarios permanezcan demasiado tiempo arraigados en una misma comunidad y puedan terminar defendiendo intereses distintos a los de la seguridad nacional. El problema es que, menos de 24 horas después, el alcance del anuncio empezó a volverse borroso.
Bueno. Ya pasaron los primeros meses de doña Laura Fernández en Zapote y finalmente tenemos una fotografía bastante buena de cómo la está viendo el país. Espóiler: bien. Bastante bien, de hecho. La más reciente encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica le da a la presidenta 64% de valoraciones positivas, contra 25% negativas y 11% regulares. Si la pregunta se hace sobre el Gobierno en general la valoración positiva baja a 59%, pero cuando directamente se consulta si actualmente respaldan o no a la administración, 69% responde que sí.
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