El Reporte Delfino

Hay méritos institucionales que deberían ser fáciles de reconocer. La captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, es uno de ellos. No porque el caso esté resuelto o porque el país pueda cantar victoria contra el crimen organizado. Pero sí porque el operativo del viernes dejó claro que el OIJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial ejecutaron uno de los golpes más relevantes de los últimos años. Sabe Dios cuánto tiempo llevamos escuchando el mote de Arias ligado al término “el más buscado”. Su captura, claro está, llega en un momento políticamente incómodo, cargado de polarización y de constantes ataques teledirigidos desde el Ejecutivo hasta el Judicial. Solo a la luz de ese contexto puede uno “entender” el desaire de Pueblo Soberano, que ayer en el plenario rechazó mociones orientadas a reconocer el trabajo de las autoridades y expresar solidaridad con los agentes heridos durante el operativo. 

Si están buscando un reporte entretenido, les adelanto: no será este. Les prometo que esta noche, en Café Para Tres, nos distraeremos un rato con un poco de humor, pero hoy toca saldar una deuda y presentar una entrega en modalidad “cómo se come eso” para atender el bendito tema de los aranceles. 

Endulcemos el café porque hoy hay que matizar un potencial trago amargo. Este miércoles, el Ejecutivo salió a decir algo que ningún gobierno quiere decir en voz alta: necesitamos recaudar más. Lo dijo con otro vocabulario, claro. Habló de combatir la evasión, perseguir facturas falsas, golpear el contrabando, ordenar exoneraciones, fortalecer Tributación, revisar renta, controlar el endeudamiento y “socarse la faja”. Pero el mensaje de fondo es bastante sencillo: al Estado no le alcanza solo con recortar el gasto. 

Este martes la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez denunció penalmente a la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, en una nueva derivación del larguísimo expediente institucional alrededor del caso Barrenador. También tuvimos a personal técnico del MEP diciéndole a Costa Rica, con más evidencia que pirotecnia, que llevar estudiantes a cárceles para “prevenir” delincuencia juvenil no es precisamente una idea respaldada por la ciencia. 

Ayer tuvimos otro episodio del ya larguísimo pleito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sí, otro. Ya sé. A estas alturas uno siente que estamos viendo la temporada 7 de una serie que debió terminar antes de que Daenerys gritara Dracarys sobre la capital de los Siete Reinos. Esta vez, sin embargo, la discusión dejó de estar en el terreno cómodo de las grandes frases y cayó al piso, donde las instituciones más nos duelen, en los servicios concretos. 

Como saben, la presidenta Laura Fernández Delgado volvió esta semana a cargar contra el Poder Judicial y, en particular, contra la magistrada Patricia Solano Castro. Lo hizo con una frase que, por supuesto, no pasó desapercibida: "Doña Patricia, deje de hablar paja y póngase a trabajar”. El pulso sumó un nuevo episodio este jueves, cuando doña Patricia compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Feliz jueves, Costa Rica. Agárrense que el Gobierno anunció este miércoles que el 22 de julio presentará su plan para aumentar ingresos fiscales. La presidenta Laura Fernández Delgado adelantó que la propuesta buscará “cobrar mejor los impuestos”, mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, retomó el temita sensible de modificar el trato tributario de la canasta básica. Además, ayer también tuvimos otro episodio institucional digno del anuario de anécdotas decembrinas: la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la Comisión de Nombramientos, restringió el ingreso de camarógrafos y fotógrafos durante la audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez. 

La Caja Costarricense de Seguro Social volvió ayer a ser noticia por tres frentes distintos que, vistos por separado, parecen temas burocráticos, lejanos y administrativos. Pero vistos juntos dibujan algo bastante más serio: la Caja está atrapada entre presión financiera, bloqueo político y una disputa sobre qué cargas debe seguir administrando. 

El Gobierno anunció ayer que la Policía de Control de Drogas volverá a tener presencia permanente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La medida implica el regreso de once oficiales especializados de la PCD a la principal terminal aérea del país, incluido un analista antidrogas, después de que durante la administración Chaves, ejem, se redujera esa presencia fija como parte de un criticado cambio en el modelo de vigilancia. 

Buenos días Costa Rica. Cerramos la semana con un tema que, a juzgar por el ruido —precisamente—, tiene a media capital hablando: el nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos que impulsa la Municipalidad de San José y que encendió las alarmas de bares, restaurantes, artistas, músicos, DJs, productores de eventos y hasta cámaras empresariales.