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Buenos días. Hoy le entramos a tres temas pero como suele suceder todos conversan entre sí: prueba, independencia institucional y trazabilidad. Dicho de otro modo: cuando el Estado acusa, decide, nombra, rechaza, inspecciona o pretende reformar reglas sensibles, no basta con decir “créame”. Hay que probar, explicar y dejar expediente.
¿Qué pasó este martes? Previsiblemente: no mucho. El sector público de vacaciones, el congreso descansando y el país en modo Messi. Pero siempre algo se mueve y como ayer se movió el “Caso Rocío Alfaro” pues aprovechamos para ponerlos al día.
La Corte Plena le respondió ayer a la presidenta Laura Fernández y, en términos bastante claros, le dijo algo que debería ser obvio en democracia: si usted conoce casos concretos de corrupción o infiltración del crimen organizado dentro del Poder Judicial, denúncielos. Dicho lo cual... no deja de ser incómodo que mientras doña Laura le pide al país asumir que el crimen organizado se ha infiltrado hasta el cafetín del Poder Judicial, su propio Gobierno mantiene bajo llave la información relacionada con las pruebas de polígrafo que aplicó a jefaturas policiales y altos jerarcas.
¿Qué pasó ayer? Algo inesperado. Pueblo Soberano se dio cuenta de que no había forma de sostener que encontró un problema concreto con alguno de los 18 candidatos enviados por la Corte Suprema de Justicia para llenar las plazas vacantes de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Luego de presentarle a Costa Rica un caleidoscopio de excusas distintas quedó en evidencia que ninguna se sostenía, así que finalmente fueron honestos y aceptaron el verdadero motivo por el cual están aflojándole las roscas a la Sala Constitucional.
Que el Poder Judicial explique sus decisiones. Sí. Que la UCR responda por una carrera que abrió sin tener las condiciones necesarias. Sí. Que la Caja actualice sus estados financieros. Sí. Que la Defensoría, el Tribunal Supremo de Elecciones y cualquier institución pública justifiquen cada colón. También. Pero que Casa Presidencial explique cómo revisa a las personas que nombra para representar al país, diay, también.
Cuando se habla de “plataformas” Raymundo y todo el mundo piensa en Uber así que para mayor facilidad nos colgaremos de ese término hoy y en adelante, porque el tema, finalmente, agarró ruedas. Estamos claros: Tiquicia quiere imponer el récord intergaláctico de la inoperancia y ya se comió 11 años “regulando” Uber. Además, la diputada oficialista Marta Esquivel presentó ayer una iniciativa para que la Asamblea Legislativa nombre a la persona fiscal general de la República y a su suplente.
Buenos días, sobrellevamos un lunes “mundialista” de pocas novedades porque la Asamblea Legislativa se dio libre. No llegaron los 38 necesarios así que Sorbeticos, Frescoleche y para la casa todo el mundo. Rescato la frase de la presidenta del congreso, Yara Jiménez: "Espero que esta sea la primera y última vez que pase”... En fin, la noticia más relevante del día llegó vía Corte Plena. A ver, como recordarán, Chaves le pidió al Poder Judicial un recorte de unos ₡27.000 millones para lo que queda de este año. Pues bien, la Corte Plena respondió este lunes que puede rebajar ₡13.242 millones.
Hay deudas que son privadas y hay deudas que inevitablemente pasan a ser asunto público cuando quien las arrastra fue designado embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas, o bien, es diputado de la república. Hoy toca hablar de eso... de estándares, de transparencia y de esa incómoda pregunta que siempre aparece cuando alguien exige austeridad, orden y rendición de cuentas para los demás pero guarda la escoba (y el micrófono) cuando se trata de su propio corredor.
Ayer hablamos del caso Riverside y de la dimensión que ha alcanzado el crimen organizado en Costa Rica: 146 allanamientos, rutas internacionales, patrimonio multimillonario, negocios de fachada, contactos en cárceles y una estructura que siguió operando aun después de que extraditaran a su presunto jefe. Hoy el Gobierno respondió a ese panorama con un mensaje que, digamos, viene cargado de matices: vienen recortes para todos. Y en particular, para el Poder Judicial.
Ayer tocó hablar de polígrafos, directores policiales removidos y una promesa presidencial de “limpiar a Costa Rica”. Hoy toca hablar del tamaño del problema que hay que limpiar. Como es sabido los sucesos no son el hábitat natural de este Reporte, pero el caso Riverside es demasiado grande como para pasarlo por alto y no dedicarle esta entrega.
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