Al revisar el programa de gobierno de Rodrigo Chaves no se encuentra ninguna alusión respecto del tema carcelario o sobre política penitenciaria.

Es ya cuando han transcurrido dos años de la gestión y la realidad del hacinamiento y en general del deterioro de las condiciones carcelarias ejercen mayor presión, cuando saltan ideas para enfrentar la situación de alguno modo.

Es así como en julio pasado se conoce la iniciativa para habilitar cárceles en carpas. Gerald Campos, jerarca de Justicia, defendió la idea como una solución segura y menos onerosa por supuesto, pues costaría (₡2.684 mills) nueve veces menos que una prisión de máxima seguridad. Las opiniones expertas así como las dudas sobre la transparencia de las gestiones que se habían adelantado, obligaron al Ejecutivo a sepultar el proyecto.

Cuatro meses después, durante la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el artífice de la cárcel más grande del mundo, se empieza a dar forma a la idea hacer más restrictivas las condiciones para los privados de libertad y de ahí se pasa a la gran idea de hacer también una megacárcel en Costa Rica.

Así, hace pocas semanas se anunciaron restricciones: se cerraron las pulperías habilitadas en algunos centros, se redujeron las visitas familiares y los encuentros conyugales, se limitaron llamadas telefónicas y se redujeron los ingresos de alimentos y artículos de aseo personal, todo en consonancia con la nueva política de que los privados de libertad deben tener menos derechos.

Por otro lado, el ministro de Justicia hizo la ahora obligada visita de funcionarios de toda América para observar la “proeza” carcelaria salvadoreña trayendo la promesa de obsequio de los planos del Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, cuyo valor, asegura Campos, es de $25 millones. Y como el proyecto total -según dijo- sería de $60 millones, los $35 millones restantes saldrían del presupuesto ordinario de la República. Es decir que estamos tan bien, pero tan bien en las arcas públicas que (al tiempo que reducimos la inversión social) tendríamos sin necesidad de empréstito alguno, disponibles $35 millones contantes y sonantes para construir una mega cárcel.

Pero por ahora, todo son expectativas. Al gobierno le quedan 12 meses de gestión. Los “acuerdos” con el gobierno salvadoreño son únicamente verbales, los recursos aunque fuesen ordinarios deben aprobarse en un presupuesto que pase por la Asamblea Legislativa. Pero no solo eso, la Contraloría General de la República tendría que cumplir su papel fiscalizador de la licitación o del mecanismo que se escoja para la ejecución del proyecto, por lo cual el ministro Campos adelantó, desde ya, que si no se llega a construir, la culpa sería del ente contralor. Así tal cual.

Entonces, ¿en un año de campaña, la mega cárcel es un proyecto real del Ejecutivo o es una promesa para alentar la bolsa de ofrecimientos del gobierno para su apuesta electoral 2026-2030, con el atractivo discurso de mano dura contra los privados de libertad?

Sobre estos ejes conversamos con Guillermo Arroyo, especialista y ex director de Adaptación Social.